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Editorial

El fracaso de la contención

La llegada hasta septiembre de más de 13.000 indocumentados y el incumplimiento del cupo de acogida a 15 días del plazo fijado constatan otra vez la necesidad de rediseñar la política de inmigración estatal

Lunes, 11 de Septiembre de 2017 - Actualizado a las 06:11h

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La confirmación por la Organización Internacional de Migraciones (OIM) de que durante los ocho primeros meses del año han llegado al Estado español trece mil inmigrantes indocumentados, de los que 10.276 lo han hecho por vía marítima y el resto, más de tres mil, a través de las vallas de Ceuta y Melilla, constata el fracaso de las políticas de contención que el Gobierno de Mariano Rajoy ha pretendido poner en marcha desde la aprobación, en 2015, de la Ley de Seguridad Ciudadana con la pretensión de legalizar las devoluciones en caliente que el derecho internacional no permite. El aumento de las cifras de llegadas, tanto a través del Mediterráneo como de las dos ciudades-enclave del Estado en el norte de África, contrasta además con la elusión de los compromisos en materia de acogida de refugiados por parte del Gobierno español cuando a falta de apenas quince días para la fecha límite del 26 de setiembre solo se ha completado la recepción de 1.980 refugiados del cupo de 17.337 fijados por la Unión Europea, cuyo cumplimiento le obligaría a admitir hasta entonces un contingente diario de más de mil solicitantes de asilo. En otras palabras, con la certeza de que el Gobierno Rajoy ha fracasado en las políticas de contención de la inmigración denominada ilegal y de que al mismo tiempo incumple los compromisos de acogida de refugiados a los que le obliga no ya la legalidad internacional a través del derecho humanitario sino los muy limitados cupos estipulados por la Comisión Europea a los Estados miembro de la UE; cabe concluir la necesidad de un cambio radical en el diseño de la política migratoria tanto en Europa -dado que solo ha conseguido trasladar los flujos del extremo oriental del Mediterráneo a su franja central y sus costas occidentales- y de las iniciativas del Gobierno español al respecto, toda vez que este conoce sobradamente los principales países emisores de emigración hacia el Estado (Costa de Marfil, Guinea, Gambia y Malí) sobre los que debería incidir su política de ayuda al desarrollo y cuenta además con ofrecimientos, como el realizado hace ya meses por el lehendakari Urkullu y el Gobierno Vasco para la conformación de corredores humanitarios, para rediseñar una política que solo pretende poner vallas al mayor movimiento migratorio de la historia de la humanidad.

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