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El PNV buscará un pacto político sobre autogobierno tras la paz fiscal con Madrid

El Gobierno Vasco y el español se verán dos veces más esta semana para sellar el Cupo y afinar el cruce de datos laborales

Míriam Vázquez - Lunes, 17 de Julio de 2017 - Actualizado a las 06:10h

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La vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría, con el presidente del Senado, Pío García-Escudero, y el consejero Erkoreka.

La vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría, con el presidente del Senado, Pío García-Escudero, y el consejero Erkoreka. (Foto: Efe)

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donostia - El Gobierno Vasco se siente aliviado, como si acabara de quitarse de los hombros una mochila muy pesada. El consejero Pedro Azpiazu ha solucionado con el ministro Cristóbal Montoro un conflicto económico y fiscal con el Gobierno español que llevaba coleando una década. Primero, pactaron la liquidación del Cupo de los diez últimos años, el dinero que paga Euskadi al Estado por las competencias no transferidas como la Corona, el Ejército, los puertos y los aeropuertos. Después, la semana pasada, firmaron una nueva Ley Quinquenal que abarca hasta 2021, sustituye a la que llevaba caducada desde 2011, y fija con claridad el método de cálculo, de manera que el conflicto no se repita. Un problema menos, suspiraban desde Lakua. En el capítulo económico, la paz está asegurada para toda la legislatura. En este contexto, el gabinete de Urkullu se prepara ahora para desplegar una agenda marcadamente política. Todo ello, en puertas de que el PNV inicie la negociación de los presupuestos estatales con el Gobierno español, donde la agenda también va a tener un perfil muy ligado al autogobierno y las transferencias pendientes.

Azpiazu decía el viernes en la presentación del acuerdo financiero que la normalidad debe presidir la relación entre los dos gobiernos, y que “ya lo están consiguiendo” en el ámbito fiscal. El reto ahora es dar el salto al ámbito político, donde el Gobierno Vasco quiere consolidar una relación bilateral que evite la vulneración de sus competencias a través de leyes básicas (como ha sucedido durante la crisis con medidas como el copago farmacéutico y los ajustes aplicados a los funcionarios), y hallar mayor receptividad en asuntos de paz y convivencia, donde aún duele el recurso contra la ley que busca reparar los abusos policiales sufridos entre 1978 y 1999. Son asuntos que van a estar presentes en su interlocución con Madrid aunque, en el terreno concreto de la negociación presupuestaria, las demandas van a estar más enfocadas a la transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, prisiones y ferrocarriles.

El Gobierno español ha lanzado señales de estar dispuesto a entrar en una negociación política de alcance. Lo hace por necesidad y para aprobar sus cuentas, porque no podrá contar con los votos del socialismo tras la proclamación de Pedro Sánchez. Sin embargo, también lo hace porque Rajoy quiere proyectar la idea de que su Gobierno puede entenderse con los nacionalistas. En pleno proceso soberanista en Catalunya y mientras el Govern le critica por no ofrecer soluciones políticas ni acordar el referéndum de independencia, Rajoy quiere proyectar que tiene mano izquierda cuando se actúa dentro de la ley. El sábado puso expresamente como ejemplo al PNV y ensalzó los acuerdos sobre el Cupo, dando a entender que seguirá por esa senda de entendimiento y escucha ante la agenda vasca. El PNV lleva meses detectando un intento deliberado de presentar a los jeltzales como el “nacionalismo bueno”, una etiqueta con la que no se siente demasiado cómodo, aunque no por ello va a renunciar a encauzar las demandas pendientes. Su consigna hasta la fecha es que aguantará el desgaste que pueda suponer para sus siglas, con la convicción de que, al fin y a la postre, va a tener un balance que presentar a la sociedad vasca en materia de autogobierno.

En las últimas jornadas se está produciendo una efervescencia de encuentros entre ambos gobiernos, con una comunicación muy fluida que propicia los acuerdos. La semana pasada firmaron los preacuerdos sobre la Ley Quinquenal y ensancharon la capacidad tributaria de las diputaciones, y también sellaron la encomienda de gestión de la variante sur ferroviaria. Además, el PNV dio sus votos al techo de gasto que se tomará como marco general para elaborar los presupuestos. Para dar ese apoyo, se mantuvo en contacto con el ministro Montoro, y también con el Gobierno Vasco para aclarar si los objetivos de déficit se ajustaban a sus necesidades. Mañana mismo visitará Gasteiz la vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría, quien está llamada a encauzar con el consejero Josu Erkoreka las competencias pendientes. Vendrá acompañada por la ministra Fátima Báñez, quien está trabajando con la consejera Beatriz Artolazabal para agilizar la transferencia de datos desde la Seguridad Social hacia Lanbide. El miércoles se producirá la firma oficial del acuerdo del Cupo en Madrid. Todos estos movimientos se producen en puertas de la negociación de las cuentas de Rajoy para el próximo año, que arrancará en septiembre.

los presupuestos El Gobierno español tiene de plazo hasta el día 30 de septiembre para registrar su proyecto en el Congreso de los Diputados. Desde el grupo jeltzale esperan que se produzca algún sondeo previo con los partidos, especialmente con aquellos que pactaron compromisos plurianuales en la anterior negociación y que deberían tener reflejo de entrada en el proyecto de 2018. En el caso del PNV, son cantidades relacionadas con infraestructuras como las obras del tren de alta velocidad. La vigilancia sobre los compromisos económicos adquiridos va a estar ahí pero, sobre todo, los jeltzales esperan un gesto político sobre las transferencias pendientes que recoge el Estatuto de Gernika.

En sus declaraciones públicas, ambas partes han mostrado una coincidencia absoluta en torno al alcance de la transferencia de prisiones. Los dos gobiernos entienden que al Gobierno Vasco le corresponde la ejecución de la política penitenciaria estatal, es decir, gestionar las cárceles en estricta aplicación de la legislación de Madrid. Sin embargo, no se ha producido ninguna gestión sobre este traspaso. El contexto político se ha enrarecido en las últimas jornadas con las acusaciones de tibieza frente a ETA lanzadas contra el PNV por algunos sectores del PP, en el marco del homenaje a Miguel Ángel Blanco. La gestión del régimen económico de la Seguridad Social se plantea sin romper la caja única de las pensiones, y en los ferrocarriles se pide la competencia sobre las líneas de cercanías de Renfe y Feve que discurran íntegramente por la comunidad autónoma.

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