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80º aniversario sin Ley de Memoria Histórica vasca

Xabier Zarandona - Lunes, 19 de Junio de 2017 - Actualizado a las 06:02h

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Mientras otros parlamentos de comunidades autónomas del Estado han votado a favor de leyes propias de memoria histórica, como Navarra o Andalucía, y otras cuatro comunidades las están debatiendo, leyes estas, con las que se hacen efectivos los derechos para las víctimas de las violaciones manifiestas de derechos humanos; las víctimas vascas continúan sin ser reconocidas como tales, salvo en Navarra. El día 9 de junio se cumplió el 80º aniversario del fallecimiento de Eusebio Ormaetxe Aldana. Natural del caserío Zuetza de Etxano, ahora Amorebieta. Fue el primer presidente de la Junta Municipal del PNV de Etxano, elegido en junta en el batzoki de Amorebieta el 3 de agosto de 1919, según la crónica del diario Euzkadi.

Eusebio y sus hermanos abandonaron su caserío de Boroa después de la entrada de las tropas sublevadas en Amorebieta, refugiándose en el caserío de unos primos en Zamudio, con tal mala suerte de que Eusebio falleció en el caserío Oloste como consecuencia de las heridas provocadas por una bomba, seguramente lanzada por la Legión Cóndor.

Su hermano Bonifacio fue presidente de la junta Municipal del PNV de Etxano. Murió fusilado en Derio por su pertenencia al PNV y su hermana Isabel, que también fue miembro vocal de la Junta de Emakume Abertzale Batzar del PNV de Amorebieta, junto a su otra hermana, Brígida, fueron encarceladas durante varios años en la cárcel de Saturraran. Otro hermano de todos ellos, el fraile carmelita, poeta y escritor euskérico, también llamado Aita Lontzi, murió en el exilio en Chile, a pesar de haber ayudado él mismo a otros carmelitas perseguidos por el bando republicano.

A todos ellos las instituciones públicas y partidos políticos les deben la memoria, la justicia y la reparación que contemplan la Resolución de Naciones Unidas 60/147 y la Ley de Memoria Histórica. No solo algunas instituciones vascas, también se queda atrás el Instituto Gogora en la aplicación de ambas normas, pues Gogora no se ruboriza ofreciendo silencios administrativos como repuesta a las peticiones del cumplimiento de estas normas por parte de familiares de las víctimas.

Esta ausencia de normativa propia para la Memoria Histórica en la CAV, a pesar de que su gobierno destina parte de su presupuesto al denominado Instituto Gogora y a los ayuntamientos, conlleva que no se efectúe el reconocimiento de la memoria y reparación a todas las víctimas del franquismo. La no promulgación por el Parlamento de Gasteiz de una ley de Memoria Histórica hace que no sea efectivo el derecho a la memoria, justicia y reparación y que estos homenajes de reconocimiento se realicen por todas las instituciones, ahora mismo quedando algunas víctimas a merced de la buena o mala intencionalidad de ediles, alcaldes, partidos políticos y de la presidenta del Instituto Gogora.

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