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Tribuna abierta

Europtimismo al pairo

Por Joaquín Arriola - Jueves, 18 de Mayo de 2017 - Actualizado a las 06:13h

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Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea (CE).

Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea (CE). (EFE)

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La realidad actual de muchos europeos de la UE es la que se puede esperar cuando se experimenta un estancamiento de sus ingresos, si no una disminución: casi uno de cada cuatro está en riesgo de pobreza o exclusión social, el número de quienes se hallan en esa situación va en aumento (1,7 millones más desde 2010, cuando existe un compromiso político incumplido de reducir en 20 millones la población en riesgo de pobreza para 2020) y la pobreza infantil está creciendo en varios estados miembros.

Además, uno de cada cuatro adultos tiene problemas para leer y escribir o una escasa capacidad de cálculo, casi la mitad de los adultos carece de competencias digitales suficientes e incluso entre los jóvenes se percibe un desempeño cada vez peor en materia de competencias básicas.

También existe un déficit de atención a la integración escolar de niños inmigrantes, por cuanto los alumnos inmigrantes obtienen resultados en el nivel básico de capacitación en materia de ciencias inferiores en más de dos veces que sus compañeros no inmigrantes... a pesar de que los 30 millones de inmigrantes que viven en la UE siguen siendo una cifra relativamente modesta en comparación con otros países desarrollados, como Estados Unidos o Suiza.

En la Unión Europea hay 50 millones de personas que padecen enfermedades crónicas y medio millón de adultos mueren prematuramente porque no se dedican los recursos necesarios para mejorar las políticas de salud pública y no se ofrece la atención sanitaria adecuada.

Y el envejecimiento de la población está generando nuevas carencias sociales que afectan al bienestar de amplios segmentos de la población: uno de cada seis ancianos vive en la pobreza, hay un déficit de viviendas adaptadas, una de cada tres personas de más de 65 años vive sola y dos de cada tres de más de 75 años dependen de cuidados informales, que recaen en su mayor parte sobre la familia próxima.

Estos datos no responden a la visión sesgada que pudiera ofrecer un británico partidario del brexit o un francés admirador de Le Pen. Por el contrario, provienen del documento de reflexión sobre la dimensión social europea que publicaron a finales de abril un letón y una belga muy europeístas, el vicepresidente de la Comisión para el euro y el Diálogo Social y la comisaria de Empleo y Asuntos Sociales. Se trata del primer documento que pretende concretar las opciones de futuro de la UE para el año 2025, delineadas en el libro blanco sobre el futuro de Europa publicado en marzo por la Comisión Europea, que se resumen en cinco escenarios; seguir como hasta ahora, o bien reducir la UE a un mercado común, o renacionalizar parte de las políticas en las que la UE dispone de competencias, o profundizar la coordinación y unificación de políticas, bien entre todos los Estados miembros o solo entre los que se pongan de acuerdo. De la redacción del libro blanco se desprende una clara preferencia por parte de la Comisión para avanzar en el desarrollo de las políticas comunes a toda la Unión.

Ante ello, podríamos esperar razonablemente que los encargados por la Comisión Europea de redactar este folleto sobre la dimensión social abogarían por un masivo relanzamiento de las inversiones públicas en vivienda, en salud, en educación y en servicios sociales de cuidados, y una política de acogida de inmigrantes bien dotada de recursos para facilitar una rápida integración social y productiva de los únicos que pueden frenar a corto plazo el acelerado envejecimiento de la población comunitaria. Pero eso sí hubiera sido una sorpresa, porque supondría una capacidad que no parece estar al alcance de los dirigentes comunitarios para cuestionar el estrecho marco de lo posible que deriva de las políticas públicas actualmente en vigor en la UE.

El problema estriba en el mito productivista que permea todo el documento, donde se refleja el discurso políticamente correcto en el que se engloba la casi totalidad de los actuales políticos europeos al mando. La clave, según esta interpretación de la realidad, está siempre en el mercado de trabajo y en la identificación de lo individual con la libertad y el progreso y de lo común con lo conservador y regresivo. Así se llega a afirmar que “el debilitamiento de los vínculos de la familia ampliada significa que existe una mayor libertad individual” (¡sic!).

Este fetichismo del mercado como proveedor de derechos individuales cala en todo el discurso de la Comisión y así se interpreta por ejemplo que la reducción de ingresos salariales que hace que cada vez sea más difícil a una familia con hijos vivir con un solo salario, permitiría un avance de las políticas de género, al constatarse “un creciente número de mujeres en el mercado de trabajo”. O las reformas de los sistemas de pensiones que han endurecido las condiciones de acceso al disfrute del salario deferido en forma de pensión de jubilación se presentan como un logro en el mercado de trabajo, donde “un mayor número de personas están teniendo carreras más largas (léase: teniendo que trabajar más años para acceder a la pensión). Dejándose llevar por el misticismo optimista, se llega a redactar la siguiente perla: “la mayoría de los puestos de trabajo de nueva creación son empleos de calidad en el sentido de que proporcionan unos ingresos adecuados, seguridad en el mercado laboral y un entorno laboral favorable”.

A pesar de que el documento identifica un creciente malestar en la ciudadanía con un proyecto europeo en el que la convergencia (de rentas, de bienestar) “se ha parado por completo al progresar los que obtienen mejores resultados (léase: ingresos) con mayor rapidez”, en ningún momento se plantea la necesidad de promover políticas de redistribución de rentas, especialmente de incremento de salarios, pues incluso se llega a mostrar un inquietante gráfico en el que se afirma que si hasta ahora “los contratos eran de larga duración y el empleo se basa en el pago de salarios”, las tendencias futuras apuntan a “contratos flexibles y nuevas formas de empleo” ¿Acaso anuncian el fin de la sociedad salarial? ¿Se refieren los servicios de la Comisión a que se va a reimplantar la esclavitud o el trabajo servil? Algunos casos recientes, como el de los falsos becarios en los restaurantes de lujo en España, o la intención de reintroducir el empleo agrícola a cambio de techo y comida en Brasil, nos dibujan el esplendoroso futuro que nos están preparando los tecnócratas comunitarios.

La letanía que se introduce en el texto “mantener un vínculo entre los salarios y la productividad a fin de promover la competitividad y la creación de empleo a largo plazo” no dice mucho de la capacidad de interpretar las propias estadísticas comunitarias por parte de los políticos al mando, porque hace más de una década que los salarios en la UE no crecen al ritmo que lo hace la productividad, ya de por sí escasa. Y la diferencia entre la tasa de crecimiento de aquellos y esta es precisamente la velocidad a la que aumenta la parte del ingreso total que se quedan los propietarios del capital, impuestos aparte. Creer que dichas rentas acrecentadas se van a emplear necesariamente en crear empleo, es otro de esos misterios gloriosos a los que nos tiene acostumbrada el misticismo economicista al uso.

En fin, que los máximos responsables de la Comisión propongan en uno de los escenarios posibles el profundizar en la dimensión social de Europa y no se acuerden de que las políticas sociales son una competencia de los estados miembros y que avanzar en un escenario de mayor integración requeriría por tanto modificar la distribución de competencias entre la Comunidad y los estados, asunto que no se menciona ni de pasada, es otro dato para alimentar el escepticismo de que estos señores sepan realmente lo que están haciendo… O quizá si lo saben, pero no es lo que dicen.

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