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Editorial

La retirada del permiso a tres dirigentes de ETA que lideraban desde Noruega las conversaciones con los mediadores es una mala noticia que evidencia el peligroso impasse en el que ha recalado el proceso de paz

Miércoles, 6 de Marzo de 2013 - Actualizado a las 05:22h

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LA decisión del Gobierno de Noruega de expulsar a los miembros de ETA Josu Urrutikoetxea -Josu Ternera-, David Pla e Iratxe Sorzabal que se encontraban en aquel país formando parte de los equipos encargados de resolver los flecos pendientes tras la decisión de la organización armada de dejar de matar es, sin duda, inquietante. Y lo es más cuando se ha conocido que las autoridades nórdicas han adoptado esta decisión por la falta de avances en el proceso de verificación que deben llevar a cabo los intermediarios en todo lo relativo al desarme y entrega del arsenal. Dicho en otras palabras, la falta de voluntad de ETA de dar pasos decididos hacia su desmilitarización ha provocado esta situación que se ha llevado por delante, además, el papel de las instituciones noruegas que durante años han estado dando cobertura al proceso de paz vasco. Todo parece indicar que el empecinamiento de la organización de querer entregar sus armas únicamente a las autoridades españolas cuando en las negociaciones se contempla un abanico más amplio de posibilidades (desde terceros países hasta organismos internacionales) es la piedra con la que se ha encontrado la mediación y que ha motivado incluso la reciente visita a Euskadi de la Comisión de Verificación (CIV). Con todo ello, ETA quizá esté buscando una última oportunidad para forzar una implicación activa del Gobierno español en el proceso, toda vez que las autoridades del PP le han negado sistemáticamente su legitimidad, cuando no le han brindado un rechazo visceral. Sin embargo, recae sobre el Ejecutivo de Rajoy la enorme carga de haberse perpetuado en la comodidad de la inacción sin querer aprovechar el actual momento, erigido ya en una oportunidad irrepetible para zanjar 40 años de violencia. En la reciente visita de los miembros de la CIV a Euskadi, de forma sibilina pero contundente, dibujaron en el horizonte una posible disolución del grupo si en un plazo de siete meses las partes no daban pasos para avanzar en el proceso. La expulsión de los tres dirigentes de ETA de Noruega, cuando esta organización armada debería estar avanzando hacia su desaparición de forma inexorable, es sin duda una mala noticia. Pero la situación se agravará si el Gobierno del PP no se hace cargo de que le toca ejercer un papel activo si no quiere echar por la borda esta coyuntura histórica.

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