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Catalunya: conflicto de soberanías

La decisión del Gobierno de Rajoy de impugnar al Constitucional la Declaración de soberanía aprobada por la gran mayoría del Parlament catalán supone optar por desterrar el diálogo y afrontar una incierta confrontación

Lunes, 4 de Marzo de 2013 - Actualizado a las 05:22h

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EL Gobierno aprobó en su Consejo de Ministros del pasado viernes "impugnar" al Tribunal Constitucional (TC) la Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Catalunya aprobada por el Parlament catalán el pasado 23 de enero. El texto de esta declaración fue aprobado en la Cámara legislativa, la institución que representa la soberanía popular de Catalunya. Fue refrendado, además, por una inmensa mayoría de 85 votos a favor, 41 en contra y 2 abstenciones, mientras que cinco parlamentarios del PSC decidieron no participar en la votación para no emitir un sufragio contrario a la declaración, tal y como les exigía la disciplina de voto del partido. Una posición contraria, por otro lado, que se ha ido matizando hasta el punto de que los socialistas catalanes mantienen ahora un litigio con el PSOE dado que apoyan el derecho a decidir de Catalunya. La decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de impugnar esta declaración estaba cantada y a nadie ha sorprendido. Como era previsible, el informe del Consejo de Estado en el que se apoya la decisión del Ejecutivo argumenta su posición en los artículos 1.2 y 2 de la Constitución española, que establecen que la soberanía reside "en el pueblo español" y consagran la "indisoluble unidad de la nación española". La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó que la resolución del Gobierno no se trata de ninguna de las figuras más habituales en casos de discrepancia o sobre actos o normas que pueden vulnerar la Carta Magna -el recurso de inconstitucionalidad o el conflicto de competencias- sino de una "impugnación" a la que está facultado a ejercer el Ejecutivo y que supone la suspensión inmediata de la resolución recurrida, aunque posteriormente el TC "deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses". Con esta decisión, el Gobierno del PP deja sin efecto la declaración del Parlament, pero, evidentemente, ni frena ni paraliza el proceso hacia la soberanía y al ejercicio del derecho a decidir en el que está inmersa Catalunya. Si acaso, intenta establecer el terreno en el que pretende jugar la partida. Y ello supone, pese a las apelaciones nada creíbles del PP al diálogo, optar por la confrontación. Un conflicto de soberanías en el que probablemente nadie podrá ceder y nadie podrá ganar.

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