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Tribuna Abierta

Politicas públicas de derechos humanos: balance de una legislatura

Profesor titular de Derecho Penal de la UPV/EHU y exdirector de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, por por Jon M. Landa - Martes, 15 de Enero de 2013 - Actualizado a las 05:22h

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LOS derechos humanos, su contenido, no dependen solo de las instituciones públicas pero estas, sin duda, juegan un papel esencial a la hora de progresar en su garantía y materialización. La cultura de los derechos humanos puede avanzar -o retroceder- dependiendo de las iniciativas públicas en su favor. Y por ello puede resultar útil para la opinión pública intentar hacer un balance de las actuaciones que en particular hacen referencia a la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco del PSE. Y ello, más que por mirar al pasado, por si sirve para corregir o mantener rumbos de futuro con ánimo constructivo.

Toda evaluación debe clarificar cuáles son los criterios desde los que se pretende valorar lo actuado. En materia de derechos humanos, un criterio insoslayable es la referencia internacional. Los estándares internacionales exigen que todo país que quiera tomarse en serio los derechos humanos debe aprobar un plan al respecto. Un plan de derechos humanos. Un plan en el que, negro sobre blanco, se clarifique qué actuaciones pretende acometer, qué medios económicos y humanos va a emplear para ello, qué logros quiere obtener, con qué criterios los va a evaluar y, además, qué metodología de confección del plan va a utilizar en el entendido de que el plan, de gobierno, es su responsabilidad pero debe contar con la sociedad civil, por lo que resulta indispensable abrir un proceso de participación a tal efecto. Esta demanda de un plan de gobierno de derechos humanos es el punto clave y esencial desde que, impulsada por Naciones Unidas, se aprobó en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena (1993), de forma unánime, un Programa de Acción. Programa que exigía precisamente ese plan aunque también demandaba, a modo de criterios complementarios de evaluación del mismo, que sea integral: esto es, que sea no un plan parcial sino que integre en un solo documento todas las violaciones de derechos humanos de conformidad con el principio de indivisibilidad de los mismos. Principio esencial que garantiza que con los derechos humanos no se va a intentar hacer política de partido, parcial, de parte. Los derechos humanos deben ser gestionados, cualquiera que sea el color político del gobierno, como gran política de país.

El Programa de Acción de Viena también exigía otro aspecto esencial: que ese Plan de Derechos Humanos colocara en su centro, en su corazón, otro plan. El Plan de Educación en Derechos Humanos. Este otro plan era un aspecto parcial de la estrategia general en las políticas públicas de derechos humanos. Pero no un aspecto más sino su buque insignia, porque se había tomado conciencia de que a los poderes públicos les tocaba hacer pedagogía e impulso de la cultura de los derechos humanos de forma sistemática. La comunidad internacional despertó a la urgencia de la educación en derechos humanos en la década de los 90 del siglo pasado después de demasiados años solo preocupada de aprobar y declarar derechos y luchar por crear mecanismos de garantía. La reunión de Viena fue en este sentido un auténtico revulsivo.

¿Y cómo ha sido la actuación del pasado Gobierno Vasco al respecto? La recién pasada legislatura socialista no aprobó ningún Plan de Derechos Humanos. La izquierda, tradicionalmente más sensible con la cultura de los derechos humanos, no se preocupó de aprobar ningún plan sistemático en la materia. Es necesario recalcar que, por ejemplo, el Gobierno socialista presidido por José Luis Rodríguez Zapatero sí que aprobó un Plan de Derechos Humanos en el año 2008 (Acuerdo de Consejo de Gobierno de España de 12 de diciembre de 2008). Al margen de su contenido y sus incidencias de ejecución, en las que ahora no cabe entrar, debe reconocerse el mérito de haber aprobado el primer Plan de Derechos Humanos de España cumpliendo con las obligaciones internacionales. Obligaciones que, por cierto, expresamente señalan que el plan corresponde a todos los gobiernos, no solo a los centrales y que, por tanto, no puede quedar fuera de su radio de obligatoriedad el gobierno de Euskadi. A la sombra de la existencia del Plan de Derechos Humanos de España, resulta aún más incomprensible que el Gobierno del lehendakari Patxi López no hiciera sus deberes y que su Dirección de Derechos Humanos no hubiera presentado con seriedad su hoja de ruta.

Los derechos humanos deben gestionarse, cualquiera que sea el color político del gobierno, como gran política de país

Resulta incomprensible que el Gobierno de López no hiciera sus deberes y no presentase con seriedad una hoja de ruta

La ausencia de un plan es todavía más notoria cuando se tiene en cuenta que el Gobierno Vasco al que sucedieron, el del lehendakari Ibarretxe, había aprobado un Plan de Derechos Humanos en el año 2006 (Plan de Paz y Convivencia, Consejo de Gobierno del 2 de mayo de 2006). Un plan denso, con filosofía y principios explícitos y seis ejes de actuación estratégica en el que se individualizaban más de 60 programas concretos de acción que luego se fueron ejecutando y evaluando, exponiéndolos, como es natural, a escrutinio y crítica pública.

El diseño de un plan de derechos humanos, máxime en sociedades como la vasca sometidas a la violencia y a la polarización política, no es ni sencillo ni rentable en términos políticos. Se tiene más que perder que ganar si es que se mira a los réditos electorales. Sin embargo, el plan genera una cultura de exigencia a los poderes públicos y estos, por otra parte, dinamizan con el instrumento planificador el entramado institucional y social de tal forma que ganan los derechos humanos: las personas. El plan es esencial, pero no tuvo continuación en la pasada legislatura.

Pasemos ahora al buque insignia del inexistente plan: al Plan de Educación en derechos humanos. Aquí el balance es más complejo. Había previamente un Plan Vasco de Educación para la Paz y los Derechos Humanos que aprobó el Gobierno Vasco del lehendakari Ibarretxe en 2007 (acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de diciembre de 2007). El plan se confeccionó merced a un proceso amplio de participación de los grupos políticos, diputaciones, ayuntamientos, representantes de la sociedad civil, universidades, Consejo de la Juventud, Ararteko, Foro de ONG, etc. Y todo, desde el principio hasta el final, bajo la supervisión directa en forma y contenido de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Este plan fue pionero en el ámbito internacional hasta el punto de que fue seleccionado como mejor práctica de entre más de 200 iniciativas presentadas a nivel mundial. Si alguien duda de mis palabras por mi implicación en dicho plan, le invito a consultar la página web del Consejo de Europa (http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/Resources/Publications_EN.asp) en donde se puede descargar el libro de buenas prácticas que fue publicado en 2009 y en el que se incluye la valoración que dicho Consejo de Europa, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones, Unesco y la Oficina de Derechos Humanos de la OSCE hicieron del Plan Vasco para seleccionarlo como una de las prácticas ejemplares que recoge el compendio.

Tener un Plan Vasco de Educación en Derechos Humanos aprobado y en marcha era un lujo. Pero además de que fuera considerado una práctica ejemplar por los organismos oficiales de derechos humanos a nivel universal y europeo era un capital que valía su peso en oro para el país. A partir de aquí, el Gobierno del PSE, sin embargo, se empeño en una "reformulación" del Plan contra viento y marea, sin búsqueda de consenso ninguno y con graves descalificaciones que puso a la comunidad educativa en guardia y a la contra. Soliviantó gratuitamente a una buena parte de la sociedad para al final enterrar ese espíritu reformulador -de sabios es rectificar- en lo que se conoció como el Documento del Carlton (Compromiso por la Educación para la Convivencia, diciembre 2011).

Fue inteligente y valiente el viraje hacia una comprensión de la educación por la paz desde una perspectiva más integral de los derechos humanos. Y debe alabarse y ponerse en valor. Pero el mal ya estaba hecho. El plan vasco original, integral, respetuoso de la indivisibilidad de los derechos humanos y respaldado internacionalmente, sufrió el parón desde la reformulación. El posible trabajo de puente que el PSE podría haber hecho era ya imposible. Se paró el tren y después del viraje del Carlton no hubo voluntad de impulsar un nuevo plan. ¿Qué han legado en esta materia? El plan reformulado expiraba en 2011 porque fue voluntad del Gobierno vasco del lehendakari Ibarretxe que el plan fuera puente entre legislaturas para que no se parara, para asegurar su vida real y su incidencia como recomiendan, por cierto, los organismos de monitoreo de los derechos humanos. Acabada sin embargo su vida, deberían haber lanzado la iniciativa para confeccionar y aprobar el nuevo plan. Pero lo han dejado morir.

Volviendo al principio de este artículo, si alzamos la mirada a los criterios de política pública en materia de derechos humanos que establecen los órganos internacionales con competencia y autoridad, el Gobierno socialista saliente no ha sido capaz ni de aprobar un Plan Vasco de Derechos Humanos ni siquiera tampoco de dar continuidad al Plan Vasco de Educación en Derechos Humanos que quedó en sus manos al entrar en el gobierno. Este primer balance es, por tanto, negativo. Ello no quiere decir, sin embargo, que el balance acabe aquí. Es necesario atender todavía, en un segundo nivel, a las acciones que se han desplegado -o a las que no lo han hecho- en estos últimos cuatros años, sector por sector de violaciones de derechos humanos. Pero esta segunda parte del balance debe quedar de momento para otra ocasión.

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