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Juzgarán en febrero a la abogada de Irun acusada de estafa inmobiliaria

se apropió de 1,3 millones de euros de una veintena de compradores de viviendas en procedimientos de ejecución

efe - Jueves, 10 de Enero de 2013 - Actualizado a las 05:22h

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donostia. La abogada de Irun acusada de estafar un total de 1,3 millones de euros a una veintena de compradores de pisos será juzgada el próximo mes en la Audiencia de Gipuzkoa, donde se enfrentará a una petición de diez años de cárcel por parte de la Fiscalía.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, los hechos se produjeron entre los años 2002 y 2008, cuando la letrada presuntamente "ofreció a numerosas personas la posibilidad de participar, en calidad de postores, en procedimientos de ejecución en los que salían a subasta diferentes viviendas". El documento precisa que con este fin pidió a los perjudicados "diversas cantidades de dinero" que supuestamente "hizo suyas, enriqueciéndose con ellas".

El texto aclara que la imputada se dirigía a víctimas que, "bien por su situación personal o económica, pudieran estar interesadas en la adquisición de una vivienda a un precio inferior al del mercado", para lo que aprovechó el hecho de que muchos de los perjudicados fueran clientes suyos, o familiares o amigos de ellos. La mujer explicaba a sus víctimas que, dada su condición de abogada, "tenía contactos que iban a posibilitar que la vivienda les fuera adjudicada con total seguridad o con un elevadísimo grado de probabilidad" y, en caso de que finalmente esto no fuera así, el dinero les sería reintegrado "con los intereses correspondientes".

El escrito de acusación precisa que en algunos de los casos, la encausada llegó a ofrecer las mismas viviendas, situadas en Irun y Hondarribia, a distintas personas.

Posteriormente, cuando los estafados comenzaron a reclamarle "de forma insistente" la restitución del dinero que le habían entregado, la abogada presuntamente captó a nuevas víctimas a las que requería la entrega de distintas cantidades con las que "en algunas ocasiones" restituyó las deudas iniciales.

La Fiscalía considera estos hechos constitutivos de un delito continuado de estafa por el que reclama diez años de prisión y una multa de 5.400 euros, así como que indemnice a los perjudicados por la vía de responsabilidad civil.

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