Desafíos democráticos

PASADAS las elecciones, nos encontramos con la dura realidad de la crisis y sus secuelas. En plena vorágine especulativa por parte de los medios de comunicación hasta conocer cuál va a ser la composición del gobierno y respecto a posibles alianzas en el futuro, los partidos siguen inmersos en una quiniela especulativa con el objetivo de establecer qué posibilidades tienen de estar en el gobierno en una visión absolutamente cerrada y encastillada de la situación; haciendo caso omiso de las verdaderas dificultades y de los desafíos que están encima de la mesa y que claman a voces otro tipo de hacer política.

Todos los partidos afirman que, dada la situación que estamos viviendo, es necesario llegar a acuerdos de país, pero acto seguido actúan como si nada estuviera pasando. Siguen tratando de marcar distancias en un intento de establecer su perfil nítido a fin de obtener los máximos réditos, sin darse cuenta de que la crisis de la política con mayúsculas está barriendo sus formas tradicionales. Se está produciendo un achicamiento notable de la política institucional, tanto desde el punto de vista del margen de maniobra de los partidos como de su capacidad de legitimación social.

No descubro nada si afirmo que más allá de coyunturas concretas la participación ciudadana en la política institucional está reduciéndose de forma alarmante. Y no me refiero al hecho de la baja participación en los diferentes comicios, que también; sino a la creencia cada vez más extendida de que los verdaderos problemas y las verdaderas alternativas que rodean a las necesidades y esperanzas de los ciudadanos se sitúan más allá del juego institucional en sus diferentes versiones. Esta creencia corre paralela con la comprobación de las limitaciones reales que la política tiene para convertirse en un instrumento eficaz que satisfaga los anhelos y necesidades reales de la población.

Como una lluvia fina que cala hasta las entrañas, la gente poco a poco va dándose cuenta de que frente a problemas como los desahucios, el desmantelamiento de la sanidad o de la educación, el empobrecimiento de sectores enteros de la población y otros; la política institucional no deja de ser un recurso retórico pero inefectivo incapaz de proporcionar alternativas. La partitocracia se ve en el mejor de los casos inerme frente a estos desafíos. La respuesta a esta situación por parte de la población es obvia, a pesar del enfado: superar por elevación los modos institucionalizados de hacer política y forzar a los partidos a asumir las demandas ciudadanas. Ante estas movilizaciones el establishment reacciona con estupor e indignación proporcional a su falta de iniciativa y capacidad de oponerse a los intereses del sistema.

El problema radica en que la capacidad del sistema político institucional es muy pequeña. La crisis está mostrando algo que es evidente: "Las opciones políticas locales no representan alternativas a los problemas derivados de la crisis" y no me refiero al hecho de las dificultades de los partidos derivadas de problemas de corrupción o de representatividad, sino a algo más profundo y que incide en la crisis del sistema político representativo; al hecho de que no hay alternativas a la crisis desde el ámbito local una vez aceptados los postulados del sistema en su versión actual.

Dicho de otra forma, los partidos pueden hablar hasta la extenuación de la defensa del estado de bienestar, de sus instituciones y de no sé cuántos derechos más: vivienda, educación, sanidad y otros, pero lo cierto es que su capacidad de intermediación y de corrección es muy limitada. ¿A qué se debe esto? A veces tenemos amnesia y olvidamos la historia, no nos damos cuenta que el estado de bienestar al que ahora todos apelamos y que ha dado una larga estabilidad a Europa, fue un invento surgido después de la Segunda Guerra Mundial y acuñado intelectualmente a partir de la crisis del 29 que supuso un golpe de timón del liberalismo económico y que se ha ido estirando hasta el momento actual de forma prácticamente ininterrumpida.

Hemos perdido la perspectiva de lo que este golpe de timón supuso en la redefinición del capitalismo liberal y hemos otorgado a este modelo un valor universal debido a su aportación a la cultura democrática más allá de las condiciones materiales en la que se sustanció. Lo definitivo es que estamos absolutamente convencidos de que es posible mantenerlo al margen de los cambios actuales sin profundizar verdaderamente en la urgencia de los factores correctivos que son necesarios. O, mejor dicho, ante la magnitud de la tarea que se exige para el cambio del modelo, la política institucional se refugia en pequeñas correcciones que permitan modificar lo más urgente sin alterar sustancialmente las condiciones del mismo. ¿A alguien le extraña la crisis del pensamiento socialdemócrata y de los partidos que lo defienden?

Las consecuencias de todo esto es que no sirven de nada las grandes proclamas, hoy el elector es incapaz de diferenciar un partido de izquierdas de uno de derechas. Las diferencias vienen por otros matices: capacidad de gestión, eficacia, seriedad… (que no es poco, más con la que está cayendo en España). Pero, realmente, la gente ha interiorizado que no hay alternativas, que votar A o B puede aumentar o disminuir determinados capítulos pero no expresan modelos alternativos. ¿Qué se deriva de ello? Que un político electo puede ser perfectamente sustituido por un tecnócrata. Es más, hay sectores de la población que piensan que éstos están más preparados que aquellos. El modelo político gerencial se está imponiendo al surgido de las urnas, la economía ya está desgajada de la voluntad democrática y es cuestión de tiempo que afecte a otras áreas: bienestar social, sanidad, educación y demás.

Nada queda incólume, todo se trastoca. Ni la gestión de poder, que se ve aplastada por decisiones supraestatales que determinan imperativamente el margen de maniobra existente; ni la labor de oposición, que plantea demandas fuera de la realidad por el simple hecho de no tener responsabilidades en la gestión. El resultado de todo ello es una inmensa cacofonía: "hay que crear empleo", "hay que potenciar la sociedad del conocimiento", "hay que reducir la pobreza"… Algo de esto nos suena, pero el problema es cómo. Los papeles son intercambiables, todo es cuestión de que la oposición alcance el poder, la política no cambia: ¿De quién es la reforma laboral o los recortes del estado de bienestar? ¿De la izquierda o de la derecha? Dejo para ustedes la respuesta.

Todo esto nos plantea la pregunta: ¿Es el fin de la política? No, pero sí de ciertos modos de hacer política. En este sentido, más allá de los cambalaches mediáticos, interesados en reconstruir sobre la base de la aritmética política las posibilidades de alianzas y de acuerdos, es la realidad y sus urgencias la que va a marcar el timing político. Y precisamente son estas urgencias las que van a obligar a moverse a todos los actores. En este sentido, existen esas urgencias lo son tanto desde el gobierno como desde la oposición, no pueden demorarse y todos deben contestar a las mismas de una manera veraz distinguiendo entre lo posible y lo deseable. Para el gobierno va a suponer un ejercicio de responsabilidad llegar a acuerdos, para la oposición un ejercicio de realismo. Ambos se van a ver interpelados por la gravedad de la situación y la profundidad de los problemas. El gobierno tiene la obligación de tratar de llegar acuerdos ante cuestiones fundamentales, pero para la oposición no vale abstenerse so pretexto de alegar cuestiones que están más allá del margen de maniobra posible. Encontrar los huecos, por así decirlo, que permitan aumentar el grado de maniobrabilidad del ejecutivo será determinante en la gestión de la crisis.

En este sentido, hay cuestiones que no pueden ser demoradas y que exigen echar mano de muchas dosis de responsabilidad y paciencia. Desde el punto de vista económico, la necesidad de proveer medios financieros al sistema productivo es una urgencia de primer orden, pero el debate no puede quedarse ahí. La demanda de los cinco millones de parados exige recomponer el sistema de intermediación laboral destruido de forma inmisericorde por una reforma laboral que ha descompensado los acuerdos alcanzados desde los Pactos de la Moncloa. Hay que explorar desde el Concierto las posibilidades de reforzar la intermediación laboral en un marco de enorme responsabilidad que abarca a empleadores y trabajadores. El sistema cooperativo ha demostrado la responsabilidad de los trabajadores limitándose el sueldo cuando las circunstancias lo exigen; lo mismo ha sucedido en la gestión de diversos ERE en los que los trabajadores han dado lecciones de sensatez y han demostrado su capacidad para llegar a acuerdos. ¿Por qué no intentar esto mismo en la empresa capitalista y abordar en el Consejo de Relaciones Laborales fórmulas que permitan salvar nuestro tejido económico?

Idénticamente, el contexto actual nos exige replantear el estado de bienestar en un esquema de crisis como el actual. Podremos añorar el pasado pero la responsabilidad nos exige a todos plantear: ¿Cómo es posible redefinir el estado de bienestar salvando lo fundamental de lo circunstancial y permitiendo la supervivencia del modelo? Hay que establecer un sistema de prioridades en un tiempo nuevo. El gobierno tiene la responsabilidad de defender el estado de bienestar, pero la oposición de plantear las opciones posibles en un marco realista de acuerdo con las posibilidades. Lo mismo sucede desde el punto de vista de la gobernabilidad y la paz. Hay que avanzar en el camino de establecer un sistema razonable y democrático respecto a la fórmula de convivencia con el Estado español, hay que abordar la reforma de la Constitución y el problema de la integración de Euskadi en un escenario que contemple los efectos reales del proceso sin tergiversaciones desde el punto de vista económico y político.

En definitiva, estamos en un escenario novedoso, superada una etapa en la que el ejercicio de la política tiene que estar basado en una buena dosis de realismo y responsabilidad.