La subida de precios de la energía pone contra las cuerdas a la industria vasca

DONOSTIA. La energía es un factor fundamental en los procesos productivos industriales. En la industria básica (cementeras, metalurgia, química básica y siderurgia), los costes energéticos pueden llegar a casi triplicar los costes laborales. El coste eléctrico para la industria del Estado español se sitúa por encima de la media de la UE y, según la industria siderúrgica, el sector industrial tendrá que afrontar subidas de 15% en sus costes de energía en 2013.

A empresas grandes consumidoras de electricidad como la productora de aluminio Alcoa, que cuenta con una planta en Euskadi -la antigua Inespal de Amorebieta-, el coste de la electricidad le supone ya el 40% del coste total. Según reconocen en el propio Ministerio de Industria, si a este contexto de subidas de los impuestos energéticos se le suma que el 1 de enero finaliza la relación bilateral de precios con los operadores eléctricos, la factura eléctrica pude encarecerse aún más lastrando su competitividad. Aunque el Gobierno español pretende introducir cambios en la retribución que recibe la gran industria- básicamente tres empresas, Arcelor, Alcoa y Asturiana de Zinc-, a través del servicio de interrumpibilidad -compensación por interrumpir la producción cuando hay picos de demanda eléctrica-, con el objetivo de paliar el aumento de los costes energéticos la realidad es que la industria tendrá que afrontar un aumento de tarifas.

En España las industrias pagan más por la electricidad que la mayor parte de los países de la UE. Al estar la Península Ibérica virtualmente aislada del mercado europeo por las insuficientes interconexiones eléctricas, las empresas tienen que asegurarse su suministro de electricidad en el Estado.

Con la implementación de nuevos impuestos y tasas, y la eliminación de desgravaciones fiscales, las decisiones del Gobierno español de Mariano Rajoy en el tema energético van a suponer un incremento de los costes energéticos -electricidad y gas natural básicamente-, para la industria vasca que es intensiva en el uso de energía en sus procesos fabriles, ya que varios de los sectores más representativos (el siderúrgico, el cementero, el vidrio o el papelero) son grandes consumidores. Una subida de costes por razones exógenas y de carácter político en un mercado con demanda a la baja puede ser la puntilla para la competitividad de muchas empresas vascas.

La nueva fiscalidad eléctrica aprobada por el Gobierno español, que se tramita como proyecto de ley y que se encuentra en trámite parlamentario, incluye un nuevo impuesto general del 6% a la generación eléctrica: la implantación del mal llamado céntimo verde para distintos combustibles fósiles y nuevos impuestos para la generación eléctrica, nuclear e hidráulica.

Sobre la base de un precio medio de la electricidad del orden de los 50 euros por MWh, el céntimo verde implicaría un encarecimiento de la electricidad de tres euros por MWh para el régimen ordinario. No se entiende bien una subida de costes de la energía a las empresas industriales mientras se mantienen primas a, por ejemplo, la generación fotovoltaica que hacen que cada MWh cueste 374 euros frente a los 50 de media del pool eléctrico.

La creación del denominado céntimo verde sobre el gas natural, que consiste en realidad en la eliminación de unas exenciones fiscales, grava en 2,34 euros por MWh la compra de gas en la producción eléctrica con ciclos combinados de gas.

El problema es que esta subida de los costes energéticos parte de una realidad negativa como es que los precios de la electricidad para usos industriales en el Estado ya eran en 2011 unos de los más altos de Europa, según Eurostat, con 11,37 euros por cada 100 kwh, por encima de la media de la UE-27 de 11,03 euros. Estos precios eléctricos para la industria vasca son claramente superiores a los vigentes en países como Bélgica, Holanda, Gran Bretaña, Francia, Portugal, Suecia o República Checa, y solo son más bajos, entre los países industrialmente importantes de Europa, que los de Alemania e Italia.

Con el argumento de combatir el elevado déficit de tarifa y en un claro afán recaudatorio, el Gobierno de Rajoy va a dar una nueva vuelta de tuerca a los costes de la energía, lo que puede situar a las empresas en una situación más delicada de la que ya están y pone en peligro a plantas en manos de multinacionales y que con el exceso de capacidad existente en Europa pueden verse tentadas de cerrar las fábricas menos rentables, máxime si están en un Estado como el español cuya demanda interna ni está ni se le espera.

El gerente de Clúster del Papel de Euskadi, Iñaki Ugarte define de la siguiente manera cómo se ve desde la industria el paquete de medidas gubernamental. "La necesidad de plantear una reforma energética y de resolver el déficit de tarifa eléctrico es indudable, pero no puede hacerse a costa de mermar la competitividad de la industria, en este caso la papelera. La reforma energética debe tener como resultado un sector energético al servicio de la industria y no al revés".

En un escenario en el que la producción industrial baja a un ritmo del -5,8% y la utilización de la capacidad productiva se sitúa en el 71,6%, lo que significa que casi un tercio del aparato productivo está inutilizado por falta de demanda en España cuando en la UE la utilización es del 80%, un incremento de costes energéticos, según el director general de Unesid, Andrés Barceló. "Se comería todas las ganancias de competitividad obtenidas con la gestión".

Así las cosas, el sector siderúrgico vasco -con empresas intensivas en uso de energía que elaboran el acero en hornos eléctricos, donde se alcanzan temperaturas de 1.600-1.700 grados centígrados-, es penalizado por las medidas gubernamentales. Los hornos eléctricos de Nervacero, ACB, PT, Olarra, Sidenor, Tubos Reunidos, Tubacex, Corrugados Azpeitia, AHB, Aristrain... son grandes consumidores de energía y ven con preocupación el aumento de costes que viene.

Así, la patronal de las empresas siderúrgicas (Unesid) señala que el proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética "encarecerá un 15% los costes eléctricos del sector siderúrgico y será demoledora". En Unesid se muestran muy críticos con una reforma energética, "que no es tal", más bien "es una serie de medidas fiscales recaudatorias". En su opinión, "el Gobierno español no afronta la necesaria reforma energética para impulsar la actividad industrial pues sus medidas lastran la competitividad de la industria". Según la patronal, las ganancias de gestión "y los efectos positivos en la competitividad de la reforma laboral se las come la subida fiscal de la energía".

17 asociaciones empresariales afirman que la reforma del PP no solventará el problema del déficit, solo hará "recaudar y exprimir a la industria", que se verá "asfixiada" y condenada al cierre. "Las empresas que no existen no pagan impuestos" y, por ello, no pueden solventar el déficit de tarifa, afirman.