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Un juez acepta en Gipuzkoa un recurso para saldar una deuda con la dación en pago

La vista oral se celebra, por primera vez, el martes en los juzgados de Donostia

Si el fallo es favorable, el donostiarra Iñaki González entregará al banco las llaves del piso y dejará de deber 32.000 euros

Elene Arrazola - Sábado, 27 de Octubre de 2012 - Actualizado a las 05:25h

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Iñaki González, un guipuzcoano que corre el riesgo de ser desahuciado, muestra las llaves de su casa, ayer en Donostia.

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Iñaki González Vecino de Donostia

Donostia. Por primera vez en Gipuzkoa, una deuda con el banco podría saldarse mediante la dación en pago, después de que un juez haya aceptado a trámite un recurso presentado por la plataforma Stop Desahucios en defensa de Iñaki González, un donostiarra de 68 años que corre el peligro de ser desahuciado por una deuda de 32.000 euros. El juicio se celebrará el próximo martes, a partir de las 12.30 horas, en los juzgados de Donostia.

"Es un hito importantísimo porque será el primer juicio en Gipuzkoa en el que se podrá defender la dación de pago como alternativa", remarcó ayer Rosa García, una de las portavoces de Stop Desahucios, en la protesta que realizaron frente a la sede de Kutxa en Donostia en apoyo a Lorena Benítez, una vecina de Errenteria que será desahuciada el próximo 10 de noviembre.

El propio Iñaki González se encontraba entre los asistentes, con la esperanza de que la próxima semana pueda dar por terminado el calvario que sufre desde 2007 y que este periódico recogió en un reportaje publicado el pasado mes de abril.

Reformar un local Todo comienza cuando Iñaki decide invertir "los cuatro duros que tenía ahorrados" en la compra de un local del barrio donostiarra de Herrera, con la idea de reformarlo y convertirlo en "uno o dos apartamentos" para sus hijos.

Para efectuar la operación, pidió un crédito de 80.000 euros a Kutxa pero a mitad de la obra se quedó sin dinero. Ante esa situación, solicitó un nuevo préstamo de 18.000 euros, pero la entidad se los negó. Fue entonces cuando empezaron los verdaderos problemas.

Kutxa le embargó el local y, acto seguido, Iñaki les ofreció las llaves del mismo para saldar las deudas. "Se quedaron con el local y lo subastaron por 68.000 euros, pero me siguen pidiendo los 12.000 euros que faltan hasta los 80.000 que pedí del préstamo, más otros 20.000 por gastos de corretaje de abogacía", explica el donostiarra, que vive con una pensión de 417 euros, de los cuales la mitad los destina al préstamo de su vivienda.

Y es que, aparte de los 32.000 euros que debe a Kutxa por la compra del local, adeuda otros 29.000 euros a Caja Laboral por su piso. Ahora corre el riesgo de que la primera entidad le embargue el piso para hacer frente a la deuda que contrajo con ella y liquidar la hipoteca con Caja Laboral.

Los abogados de Iñaki, puestos a su disposición por Stop Desahucios, presentaron un recurso para que el embargo no se lleve a cabo. Y el martes lo defenderán en la vista oral que tendrá lugar en los juzgados de Donostia. Iñaki ha puesto todas sus esperanzas en el juicio, ya que, si el juez le da la razón, podría dar por terminada su pesadilla y no correría el riesgo de ser desahuciado de su piso. "Espero que me den la razón porque, si no, me tendré que ir debajo de un puente", advierte el hombre.

Muchos casos La plataforma Stop Desahucios alertó ayer de que la situación de Iñaki y Lorena se repite en centenares de hogares de Euskadi. De hecho, informaron de que en el último trimestre se han producido 1.232 desahucios en la CAV, según datos del Consejo del Poder Judicial.

Para evitar que la cifra siga creciendo, emplazaron a los bancos a cumplir con el decreto de buenas prácticas bancarias, que abre la posibilidad de negociar la quita de intereses, la reestructuración de la deuda, la dación en pago y hasta el alquiler social de una vivienda desahuciada con personas que están en riesgo de exclusión. "La vivienda no es una mercancía, es un derecho recogido en la Declaración de los Derechos Humanos y la Constitución española", remarcó Rosa García, portavoz de la plataforma.

Por su parte, el sindicato ELA denunció a través de un comunicado la "impunidad" y falta de "piedad" con que, a su juicio, "actúan las entidades financieras" y la "complicidad de la política, que ante este drama ha decidido mirar para otro lado". Asimismo, mostró su solidaridad con la familia del ciudadano granadino que se suicidó el jueves, pocas horas antes de que agentes judiciales ejecutaran el desahucio de su vivienda.

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