El cierre de la central de Garoña apura plazos Mejorar la seguridad "cueste lo que cueste"

gasteiz. Parece que no hay vuelta atrás. Aunque, como en el resto de ámbitos de la vida, no conviene echar las campanas al vuelo antes de que se oficie misa. Tales consideraciones, en lo relacionado con el final de la amenaza nuclear que supone la central de Santa María de Garoña, derivan en un optimismo cauteloso ante el cada vez mayor número de evidencias que invita a pensar en el cierre definitivo de la planta a lo largo del próximo año.

No en vano, incluso desde el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que es el único organismo competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica en España, se ha confirmado y reiterado a lo largo de las últimas semanas que solo se trabaja en su seno con una única hipótesis. Y que esta es la que incluye el final del periodo activo de la instalación del burgalés Valle de Tobalina el 6 de julio de 2013.

Aún quedan fechas y recursos a los que Nuclenor -empresa propietaria de la infraestructura- puede agarrarse para tratar de dar la vuelta a la actual realidad y poder así seguir trabajando con la central, al menos, hasta 2019, como pretendía el Gobierno central en manos del Partido Popular (PP). De ahí que los términos absolutos en esta materia sean poco útiles. Al menos, hasta la fecha. Ayer mismo, durante la celebración de unas jornadas en la sede madrileña del citado Consejo, su presidenta, Carmen Martínez Ten, volvió a recordar lo que por activa y por pasiva dicen los mensajes de carácter oficial respecto a la continuidad de la central nuclear de Garoña, ubicada a escasos 50 kilómetros de la capital alavesa. Es decir, que la orden ministerial vigente es la que plantea "el cese definitivo de la planta" en julio de 2013.

Así, lo que ahora hay sobre la mesa en la que se discute la viabilidad del recinto atómico apunta, y decididamente, al cierre de este. Y, a tenor de lo escuchado, hay poco más que decir. Al menos, en términos públicos. De hecho, cada vez que se interpela a los responsables del CSN, estos recuerdan que los últimos posicionamientos respecto a la planta, conocida como la de las mil grietas en el ámbito ecologista, se ciñen al comunicado que se le remitió a la propietaria de la central. En él, se insta a la compañía a presentar la documentación precisa asociada a su "cese definitivo".

Ahora bien. En materia de políticas energética y nuclear en el Estado, nada es absolutamente blanco, como tampoco existe la oscuridad absoluta. La experiencia dicta que el trasiego de distintos colores políticos en las altas esferas de La Moncloa tiende a desdibujar las decisiones con la facilidad con la que estas se dictan. Lo que hoy parecen pasos firmes en busca del cierre definitivo de la central, mañana pueden desandarse si se acierta con el vericueto legal, administrativo o impositivo que permita tal posibilidad. En ese sentido, hay una fecha: el 6 de noviembre.

Hasta entonces, los servicios jurídicos de Nuclenor -subsidiaria de las multinacionales eléctricas Endesa e Iberdrola, que comparten el accionariado de la firma al 50%- tienen tiempo de elaborar un recurso, de armarlo y de defenderlo para intentar paralizar el protocolo abierto para cerrar la planta que, pese a todo, es capaz de facturar a razón de 150 millones de euros al año. Y eso, independientemente de las circunstancias, sigue siendo mucho dinero.

De ahí que diferentes fuentes mantengan que aún existen posibilidades de que Garoña revoque la actual situación. Al respecto, existen teorías que apuntalarían la posibilidad de que Nuclenor recurra judicialmente la decisión del Ministerio de Industria -competente a la hora de cerrar o facilitar la prórroga de la planta burgalesa- de no conceder en su día una prórroga adicional de dos meses al plazo habilitado para que la empresa decidiese si quería la prórroga del periodo de vida útil de la instalación o no.

Sin embargo, y sin obviar la citada teoría, sí que es cierto que los plazos previstos para el cierre de la planta se van consumiendo sin dilación. De hecho, Nuclenor tuvo la posibilidad de recurrir administrativamente la decisión que denegaba la prórroga de dos meses en el plazo habilitado para que la empresa pidiese la prórroga de su actividad. Esta posibilidad, la administrativa, concluyó el pasado 4 de octubre sin ninguna novedad al respecto. Y, según fuentes conocedoras del funcionamiento del sistema energético estatal, tal posibilidad era mucho más factible que un recurso en vía judicial.

En cualquier caso, el CSN recuerda que, pase lo que pase, y se siga la vía que se siga, "adicionalmente a la remisión a Nuclenor de las instrucciones que han de guiar el cierre de Garoña, ya se están analizando los diferentes aspectos relacionados con la seguridad que se derivan de la no solicitud de la nueva autorización. El objetivo de estos análisis es continuar garantizando la seguridad de la planta, tanto en el periodo que resta de funcionamiento (hasta el 6 de julio de 2013) como en el posterior proceso de cierre y desmantelamiento de la instalación".

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aseguró ayer que las centrales nucleares españolas deben realizar "cueste lo que cueste" modificaciones de diseño e inversiones costosas en sus instalaciones que mejoren y refuercen los márgenes de seguridad de las mismas. En unas jornadas sobre los resultados de las pruebas de resistencia realizadas a las centrales nucleares españolas, la presidenta del CSN, Carmen Martínez Ten, señaló que no se han identificado aspectos que supongan una "deficiencia relevante" en la seguridad de estas instalaciones que requirieran la adopción urgente de actuaciones en las mismas. "Las plantas cumplen las especificaciones requeridas por la Unión Europea (UE), aunque les obliga a ejecutar numerosas mejoras". La presidenta explicó que alguna de esas inversiones serán "muy costosas" pero matizó que el Consejo de Seguridad Nuclear solo decide las medidas y las modificaciones de diseño que se tienen que implantar, no cuantifican el coste de las inversiones. El Consejo va a presentar, antes del 31 de diciembre de 2012, el plan de acción a Bruselas y en el primer trimestre de 2013 habrá una reunión para hacer un seguimiento de implantación de las medidas.