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El TC admite el recurso vasco contra la suspensión de aportaciones a EPSV

Lakua pide que se declare inConstitucional la prohibición establecida por Madrid

En la CAV la medida afecta a Elkarkidetza e Itzarri, que complementan las pensiones en las administraciones vascas

Pepe Simancas - Jueves, 25 de Octubre de 2012 - Actualizado a las 05:25h

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Sede del Tribunal Constitucional en Madrid. (Foto: N.G.)

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Donostia. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno Vasco contra parte del contenido del Real Decreto-ley 20/2011 de medidas urgentes para la corrección del déficit público aprobado en diciembre de 2011 por el Ejecutivo central, en el que se prohibió a las administraciones, entidades y sociedades públicas efectuar durante este año transferencias a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación.

Esa medida, incluida dentro del primer paquete de actuaciones del Gobierno de Rajoy para hacer frente al déficit, ha afectado considerablemente a las EPSV Elkarkidetza e Itzarri. La primera de ellas da cobertura a los funcionarios vascos, mientras que la segunda, al personal laboral de las administraciones de la CAV.

A lo largo del presente ejercicio un buen número de instituciones vascas (diputaciones, ayuntamientos, sociedades públicas) han dejado de abonar su parte, acatando así el cambio normativo introducido por el Ejecutivo central. Los trabajadores, por su lado, han seguido aportando las cuantías correspondientes, pues la prohibición atañe únicamente a las administraciones públicas.

En su recurso ante el TC, el Gobierno Vasco considera contraria a la Constitución la obligatoriedad de suspender las aportaciones públicas a planes de pensiones de empleo en lo que se refiere a las contingencias de jubilación (la prohibición no recae en las aportaciones destinadas a cubrir contingencias de viudedad, orfandad e incapacidad permanente).

Se da la circunstancia de que Euskadi cuenta con un modelo propio de EPSV y los responsables de Elkarkidetza y de Itzarri defienden que el decreto de Rajoy no debería afectarles por la especial naturaleza jurídica de esas entidades. Según manifestó en su día Elkarkidetza, la norma aprobada por el Gobierno central "se opone radicalmente a la política europea en materia de pensiones complementarias y, singularmente, a las orientaciones establecidas en el Libro Blanco relativo a unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles".

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