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Su presidente defiende el "rescate de las familias que se encuentran en riesgo"
Los tres colegios de abogados de la CAV han recurrido el decreto de Justicia Gratuita del Gobierno Vasco
J. Fernández - Miércoles, 17 de Octubre de 2012 - Actualizado a las 05:24h
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De izquierda a derecha, Juan Calparsoro, Nazario de Oleaga, Juan Luis Ibarra y Luis María Pascual. (Foto: EFE)
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Bilbao. El estamento judicial parece tener definidas cuáles deben ser las líneas maestras sobre las que construir un servicio de intermediación hipotecaria realmente eficiente que logre evitar el incesante goteo de desahucios: coordinación con las administraciones públicas y los servicios sociales, e integración de la defensa jurídica de los cada vez más numerosos deudores. Así lo sentenciaron ayer voces expertas en la jornada Propuestas de actuación en el ámbito de la protección de deudores hipotecarios.
Entre las conclusiones, Luis María Cordero, portavoz del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya (ICASV), subrayaba que la gravedad de la situación apremia a personarse en el asunto. "No podemos esperar a una modificación de la legislación porque es posible que no llegue. Tenemos que adoptar medidas efectivas", resumía a la conclusión de esta cita que reunió a juristas, políticos y plataformas ciudadanas.
"Si la crisis justifica el rescate de bancos con mayor razón el de las familias en riesgo"
"No podemos esperar a una modificación de la legislación porque es posible que no llegue"
El objetivo, agregaba Cordero, es garantizar una segunda oportunidad a las familias sobreendeudadas y, en consecuencia, en riesgo de caer en el mundo de la exclusión social. En este punto, además de la voluntariedad de las entidades bancarias, se apuntó la necesidad de que los jueces se muestren "sensibles a esta problemática y con la entrega de la vivienda entiendan que queda saldada la deuda. Que con el procedimiento judicial ya iniciado por el banco que el juez le diga No, no, usted no puede reclamar más", indicaba. Se abriría entonces una puerta a la (re)negociación con la entidad bancaria para que, aunque se adjudique la vivienda, las familias lanzadas puedan seguir con unas rentas ajustadas a sus bolsillos.
"Así el banco que se adjudica ese activo no lo tiene improductivo". Y es que, como defendió el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, "si la crisis justifica el rescate supermillonario de entidades bancarias con mayor razón debe dotar de legitimidad al rescate de las familias que se encuentran en riesgo".
Por otro lado, los tres Colegios de Abogados vascos han presentado un recurso ante el TSJPV contra el decreto de Justicia Gratuita del Gabinete de López que regula la atención jurídica de personas sin recursos. Dicen que está provocando "casos de indefensión" debido al retraso en las designaciones de los abogados de oficio, que está habiendo una mayor carga burocrática debido a la documentación requerida para solicitar la justicia gratuita y que la tendencia es a empeorar.
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