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La Justicia anula los 358 despidos en Laminaciones sin forzar readmisiones

deja en manos de la empresa el futuro de las 178 extinciones ejecutadas

El TSJPV considera que con el ERE se intentó "vulnerar el derecho de huelga"

a.legasa/a.goñi - Miércoles, 10 de Octubre de 2012 - Actualizado a las 05:26h

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Vitoria. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha declarado nulos los 358 despidos previstos en la acería alavesa Celsa Atlantic, antigua Laminaciones Arregui, la mitad de los cuales (178) ya han sido ejecutados. Los magistrados entienden que el grupo Celsa presentó en mayo el ERE de extinción para toda la plantilla de Vitoria como "un claro intento de vulneración del derecho de huelga" y constituye una "represalia empresarial". En cualquier caso, debido a diversas modificaciones legales vinculadas a la última reforma laboral, la nulidad del ERE no obliga a Celsa a readmitir a los 178 empleados que ya no están en su puesto. El grupo siderúrgico catalán ya ha anunciado que no comparte el fallo y que recurrirá al Supremo para mantener sus planes de ajuste de plantilla.

La sentencia es favorable a la demanda por despido colectivo presentada por ELA y el comité intercentros de Celsa Atlantic -la empresa alavesa cuenta con una planta en Vitoria y otra en la localidad alavesa de Urbina-, pero no resuelve el largo y enmarañado conflicto laboral. El grupo Celsa, al que también pertenece la fábrica vizcaina Nervacero, presentó en abril a los sindicatos de Celsa Atlantic un plan de viabilidad con 90 despidos y una rebaja salarial del 20% para el resto de empleados, que fue rechazado por los representantes de los trabajadores.

Aun así la multinacional advirtió de que aplicaría las medidas de ajuste, lo que llevó a la plantilla vitoriana a iniciar una huelga. Como respuesta, el 8 de mayo la dirección optó por presentar un ERE para despedir a los 358 empleados y cerrar definitivamente la fábrica en noviembre, alegando causas productivas y económicas. Algunos representantes sindicales han intentado desde entonces reconducir la situación para evitar el cierre, incluso algunos trabajadores han ido abandonando la huelga y reincorporándose a su puesto de trabajo. Sin embargo, el ERE no ha sido retirado y la intención de Celsa sigue siendo cerrar Laminaciones.

De manera paralela, ELA y el comité intercentros impugnaron el ERE ante la Justicia, único mecanismo de defensa que les queda a los trabajadores frente a una situación de este tipo tras la aprobación en febrero de una nueva reforma laboral. La sentencia ha declarado nulo el expediente al entender que la dirección recurrió al cierre de la fábrica como medida de presión en el conflicto, vulnerando el derecho de huelga. Asimismo, según el TSJPV, Celsa no ha aportado una justificación "razonable y objetiva" para presentar el ERE. Según los magistrados, ha acreditado una situación económica "complicada", pero no tan mala como para poder adoptar "una medida extintiva de esa intensidad". El tribunal también entiende que ha sido vulnerado el derecho de libertad sindical, ya que el 54,5% de los despedidos hasta ahora son afiliados a ELA.

A partir de ahora surge la incógnita de cómo se aplicará esta sentencia, que deja claro que en este caso los jueces no pueden "realizar más que la declaración de nulidad". Ello es debido a que la reforma laboral que entró en vigor en febrero, que traspasa los despidos colectivos del ámbito mercantil al social, no prevé la readmisión de los trabajadores afectados por un ERE anulado por la Justicia, una vinculación que se restablece al aprobarse la reforma en julio tras pasar por el Congreso. Esto supone que los ERE presentados entre febrero y julio, como el de Laminaciones, quedan suspendidos en una especie de vacío legal que en poco favorece a los trabajadores afectados.

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