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Períodico de Diario de Noticias de Gipuzkoa
segundas cuentas del Ejecutivo de Mariano Rajoy

El Gobierno español aprueba hoy sus cuentas más austeras ante la amenaza de un segundo rescate

Recortará un 12,2% el gasto de los ministerios y volverá a congelar  el sueldo de los funcionarios, aunque mantendrá las dos pagas extra

EUROPA PRESS - Jueves, 27 de Septiembre de 2012 - Actualizado a las 08:19h

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El Gobierno aprobará este jueves en una reunión extraordinaria del  Consejo de Ministros las cuentas más austeras de la democracia, bajo  la mirada atenta de Bruselas y la amenaza de un segundo rescate de la  economía española.

MADRID. Estas son las segundas cuentas del Gobierno de Mariano Rajoy desde  que llegó al poder en noviembre de 2011, después de elaborar con  urgencia un Presupuesto para sustituir al prorrogado por el Gobierno  socialista cuando convocó elecciones anticipadas.

Rajoy dijo entonces que presentaba el Presupuesto más austero de  la democracia, pero la petición de ayuda a Europa para sanear la  banca y la posibilidad de que España pida un segundo rescate para  aliviar la presión sobre la deuda han precipitado la situación y le  han llevado a realizar recortes cada vez más duros.

De hecho, las cuentas de 2012 presentaban un ajuste de 27.300  millones, aunque pocos meses después de aprobarlas y tras pedir el  primer rescate, fue el propio Rajoy el que reconoció en el Congreso  que había que realizar un ajuste adicional de 65.000 millones en los  próximos dos años para cumplir las exigencias de Bruselas.

Así, tras la subida de IVA, la mayor de la historia, la  eliminación de la paga extra a los funcionarios y el recorte de la  prestación por desempleo aprobadas en julio, el Gobierno da ahora luz  verde a ahora un Presupuesto duro con el que pretende reducir el  déficit desde el 6,3% que espera lograr en 2012 al 4,5%.    

El Presupuesto de 2013 parte de un techo de gasto de 126.792  millones, un 9,2% más que en 2012, aunque al excluir los gastos en  intereses de deuda (9.114 millones) y la mayor aportación a la  Seguridad Social (6.683 millones) el limite de gasto ni financiero  del Estado queda en 73.255 millones.

Esta última cifra dibuja el margen real de maniobra del Gobierno  central para desarrollar sus políticas y obligará a plantear una  reducción del gasto de los ministerios del 12,2% en 2013, hasta los  31.057 millones de euros, lo que en términos absolutos supone un  ahorro de 4.335 millones de euros.

Según informaron a Europa Press en fuentes gubernamentales, el  recorte por ministerios oscilará entre el 4,2% del Ministerio de  Justicia y el 30% de Agricultura, figurando dentro de esta horquilla  el recorte de más del 15% en Exteriores, entre el 13% y el 15% en  Sanidad, el 20% en Industria y el 6% en Defensa.

RECORTE DEL GASTO DE PERSONAL


Además, el Gobierno incluirá un recorte generalizado del 4% en el  gasto en personal de cada ministerio, con la excepción, por el  momento, del de Empleo, que sólo lo vería reducido en alrededor de un  2%.

El Gobierno se verá obligado a adoptar nuevas medidas de  contención del gasto, por lo que ha optado por congelar por tercer  año consecutivo el sueldo de los empleados públicos, aunque en esta  ocasión mantendrá las pagas extra de los funcionarios.

Además, no habrá nuevas contrataciones en el sector público,  aunque la tasa de reposición se hará de hasta el 10% en algunos  sectores como la sanidad, los cuerpos de seguridad del Estado y la  inspección de Hacienda y de Trabajo.

CAMBIOS EN LAS PENSIONES

La gran duda es si el Ejecutivo traspasará la línea roja de tocar  las pensiones, algo que el Ejecutivo ha negado hasta ahora y que los  expertos ven necesario para cumplir los objetivos pactados y reducir  el déficit al 4,5% del PIB.

En materia de ingresos, el Gobierno anunciará algunas medidas  tributarias como nuevos impuestos verdes y un nuevo régimen de  tributación para las plusvalías, que pasarán a tributar al tipo  marginal de IRPF que pague cada contribuyente.

De esta forma, se elevará considerablemente la tributación de las  ganancias del primero año, ya que las posteriores seguirán gravadas  por las rentas de capital en función de una escala que va del 21% al  27% teniendo en cuenta el nivel de renta.

PLAN NACIONAL DE REFORMAS

Por otro lado, el Gobierno español dará también luz verde al Plan Nacional  de Reformas con las líneas generales de los grandes cambios que  quiere impulsar el Gobierno para renovar la economía y conseguir que  España crezca de forma sostenida.

El objetivo de este plan es mejorar la Administración, ganar  competitividad y mejorar la situación de la economía española para  poder crecer en el futuro.

Así, en este plan, el Gobierno incluirá un gran número de reformas  ya aprobadas y otras pendientes, como la Ley de Emprendedores o la  Estrategia de Empleo y Emprendimiento Juvenil, con la que el  Ministerio de Empleo y Seguridad Social espera reducir el paro del  colectivo.

UN SOLO ORGANISMO REGULADOR

También se incluirán las medidas que ya ha tomado y que tomará el  Gobierno para potenciar la unidad de mercado, como la Ley de Costas,  la Ley Orgánica del Poder Judicial o la unificación de los organismos  reguladores en la Comisión Nacional de Mercados y Competencia.

Una de las novedades que contempla el Plan es la creación de una  nueva autoridad fiscal para controlar el cumplimiento de los  presupuestos por parte de todas las administraciones, tal y como ha  anunciado el jefe del Ejecutivo.

Para fomentar la competitividad, se impulsará el programa para la  planificación energética en los próximos años y la reforma de la  educación y de la formación profesional, ambas anunciadas ya por el  Ejecutivo.

Además, el Plan Nacional de Reformas podría marcar las directrices  que debe seguir el Pacto de Toledo para garantizar el factor de  sostenibilidad del sistema de pensiones y limitar las jubilaciones  anticipadas.

Finalmente, incluirá leyes para sobre la racionalización y  sostenibilidad de la administración local y una ley de transparencia.  Además, podría impulsar una central de compras en la Administración e  incluir la creación de una sociedad inmobiliaria para gestionar la  venta de activos en manos del Estado.

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