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Hacienda lanza un tributo sobre la riqueza que no cuenta con el respaldo del actual OCT

Suprime el límite que en el Impuesto de patrimonio se ponía a la confiscación

El proyecto fiscal tiene un claro carácter censal sobre bienes de los no residentes

Pepe Simancas - Viernes, 21 de Septiembre de 2012 - Actualizado a las 05:27h

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Itziar Miner y Helena Franco, ayer en el encuentro con los medios de comunicación en Donostia. (Foto: EFE)

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Helena Franco Diputada de Hacienda y Finanzas

Donostia. La Hacienda guipuzcoana presentó ayer uno de sus proyectos estrella, el Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas (IRGF), que no cuenta con el apoyo del actual Órgano de Coordinación Tributaria (OCT) -en el que se encuentran representados el Gobierno Vasco y las tres diputaciones-, por lo que el Ejecutivo foral de Bildu podría tener que trabajar con ahínco para encontrar aliados, tanto en ese órgano como en las Juntas Generales de Gipuzkoa para sacar adelante la norma que incluye el nuevo tributo.

Es nuevo porque sustituirá al Impuesto de Patrimonio, del que mantiene su estructura pero con grandes variaciones con las que busca una fiscalidad "más justa" y que le permitirán recaudar aproximadamente entre seis y siete millones de euros más al año que con el anterior tributo. La Hacienda foral pretende que el IRGF entre en vigor en 2013 y, según señaló la diputada foral del ramo, Helena Franco, afectará a 6.000 contribuyentes guipuzcoanos, que representan al 1,5% del total.

Una parte del aumento recaudatorio provendrá de una modificación notoria respecto al Impuesto de Patrimonio y que consiste en la eliminación del conocido como "escudo fiscal", confeccionado por el legislador para evitar que el régimen tributario tenga carácter confiscatorio, algo que la Constitución prohíbe en su artículo 31. Concretamente, la norma actual establece que la cuota íntegra a pagar por el Impuesto de Patrimonio conjuntamente con la que haya que abonarse por el IRPF, no podrá exceder -para los sujetos sometidos al primero de estos tributos por obligación personal (no se aplica a personas que no son residentes)- del 60% de la base imponible del Impuesto sobre la Renta. Según Franco -que estuvo acompañada por la directora de Política Fiscal, Itziar Miner- ese límite provocaba "tipos efectivos muy inferiores al nominal, del que se beneficiaban grandes patrimonios que realizaban una planificación fiscal con ese objetivo".

"Chirría" La responsable foral aseguró que "chirría que grandes patrimonios generen tan poca renta en el IRPF; todo apunta a una elusión fiscal que el nuevo impuesto evita". Según añadió, con el IRGF Gipuzkoa "se incorpora al grupo de países avanzados en Europa con un tratamiento serio de las grandes fortunas, como Noruega, Finlandia o Francia".

El otro gran cambio, que será el que más contribuya al incremento en la recaudación, es la eliminación de la exención de los bienes y derechos afectos a actividades económicas y las participaciones en determinadas entidades. El proyecto normativo de la Diputación pretende que ahora tributen al 25% al introducir una bonificación del 75% sobre la cuota íntegra proporcional.

El IRGF mantiene el mínimo exento en 700.000 euros y la exención de la vivienda habitual hasta los 300.000 euros. La tarifa baja de ocho a cuatro tramos, que oscilarán entre el tipo mínimo del 0,25% y el máximo del 1% para bases liquidables por encima de los tres millones de euros. Así, el nuevo tributo reduce los gravámenes respecto al Impuesto de Patrimonio pero amplía el abanico de contribuyentes al suprimir exenciones. Alrededor de 400 personas tributarán a ese tipo marginal del 1%.

El tributo presentado tiene un marcado carácter censal en lo que se refiere a los bienes o derechos que puedan ejercitarse en territorio español por parte de las personas físicas que no tengan su residencia habitual en territorio foral o de las personas físicas que adquieran su residencia fiscal en Gipuzkoa como consecuencia de su desplazamiento al territorio y opten por tributar por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Ahora tendrán que presentar la autoliquidación del impuesto si el valor de esos bienes o derechos supera los 200.000 euros, cifra que antes era de dos millones.

Preguntada por la posibilidad de que las fortunas cambien de domicilio fiscal a otros territorios, Franco respondió que "no vamos a condicionar nuestra política fiscal por esos riesgos potenciales que se venden para frenar las políticas fiscales más progresistas. Se tendrá de ver si queremos una sociedad avanzada, más fuerte, con más cohesión social. No nos vamos a someter a los posibles intereses de los grupos más poderosos; queremos gobernar para el conjunto de la ciudadanía". De todos modos, puntualizó que "tampoco tienen por qué marcharse; hay sociedades avanzadas en las que los ricos no se escapan porque entienden que el esfuerzo se recompensa".

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