López deja en el aire la renovación del Cupo y la devolución de 500 millones a la CAV

donostia. Cuando el lehendakari Patxi López convocó el adelanto electoral, la oposición entendió que arrojaba la toalla. Sin embargo, el socialista evitó cualquier muestra de debilidad, y consideró que su Ejecutivo ha puesto fin a la legislatura habiendo cumplido con sus principales compromisos. Una argumentación que se deja en el tintero la renovación de la Ley de Cupo, que caducó en 2011, o la resolución del conflicto con el Gobierno español, que no ha terminado de reconocer los 500 millones que adeuda a la CAV y que se han ido acumulando en los últimos años. El siguiente inquilino de Ajuria Enea tendrá que lidiar con un Mariano Rajoy cerrado a cualquier concesión a las comunidades autónomas, y tendrá que asumir una negociación tradicionalmente ardua y plagada de aristas. Aunque el Gobierno Vasco se ha enfrentado en público al presidente español poniendo sobre la mesa el saldo de 500 millones a favor de la CAV, aún no ha trascendido que el Estado haya reconocido esa deuda.

El sistema del Cupo es uno de los elementos centrales del autogobierno, articulado en torno al Concierto. A través de ese Concierto, las diputaciones recaudan sus propios impuestos, lo que supone disponer de recursos propios para implementar políticas diferenciadas. Es la herramienta que dota de contenido a la autonomía, ya que de poco serviría contar con competencias en una materia si no se puede decidir el nivel de recursos que se destina a esa cuestión. Por otra parte, el Estado se encarga de desempeñar en la CAV los servicios que aún no han sido traspasados, como es el caso del Ejército, la Corona o Exteriores. Por esas tareas que desempeña Madrid en suelo vasco, las instituciones deben pagar un Cupo al Estado, que en la actualidad se sitúa en el 6,24% y que se revisa cada cinco años en el marco de la Comisión Mixta. En ese organismo se dan cita seis representantes estatales y seis vascos -tres por parte del Ejecutivo de Gasteiz, y otros tantos por las diputaciones-.

El último Cupo se acordó en 2007 y tendría validez, en principio, hasta finales del pasado año. Sin embargo, la CAV funciona en la actualidad con una prórroga de dicho pacto, y no parece previsible que los gobiernos vasco y el español puedan acordar nuevos términos en plena precampaña y con un Rajoy absorto en su agenda económica europea. Sin embargo, acelerar y conducir con éxito unas conversaciones en ese sentido podría computar a favor de López de cara a la cita con las urnas. Desde el PNV, no obstante, asumen que será el próximo gobernante quien deba resolver el entuerto -"y eso que López ha tenido este año para hacerlo"-, y no solo en lo que se refiere a la negociación de la Ley de Cupo, sino al reconocimiento de los 500 millones, a los que no renuncia Sabin Etxea, y que también deberían ser abordados en la Comisión Mixta.

Teniendo en cuenta esos elementos, las conversaciones se prevén maratonianas y dificultosas, máxime cuando Andalucía y Catalunya también han acusado a Moncloa de incumplir compromisos estatutarios y de financiación. La CAV tendrá que ponerse a la cola para amarrar unos fondos claves en tiempos de crisis y ante la caída de la recaudación. La lista de deberes del próximo Ejecutivo se complica ya que, además de asumir la carga financiera legada por el abultado endeudamiento de López -que mermará su margen de maniobra y dejará a su disposición menos recursos-, deberá encauzar una negociación del Cupo que, de momento, no ha sido zanjada por el Gobierno socialista.

antecedentes El conflicto por los 500 millones se remonta al mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando fue suscrito el acuerdo 2007-2011. Sin embargo, el PSOE habría incumplido sus términos, y habría seguido haciéndolo tras la llegada de López a Ajuria Enea, aunque cupiera suponer una mayor sintonía con Moncloa al Ejecutivo del PSE. A pesar de la coincidencia de siglas y de la oportunidad que brindaba, "el lehendakari calló", según el PNV. Fuentes jeltzales recriminan al jefe de Lakua que no zanjara la controversia en ese momento, y le afean que "se olvide de ese capítulo y atribuya el incumplimiento a Rajoy en exclusiva". Un PP contra el que también carga el partido de Urkullu por perpetuar el incumplimiento.

En concreto, las instituciones vascas cuentan con un saldo positivo de 511 millones que el Gobierno español no asume. Un saldo que debería repartirse entre Lakua y las diputaciones, y que no ha llegado a la CAV por el incumplimiento de la Ley de Cupo. Ese monto procede de las diferencias de criterio entre ambas administraciones sobre el índice de actualización financiero del Concierto, y sobre las prestaciones de educación, dependencia, formación y empleo. Esos millones se han ido acumulando en los últimos años y, a juicio del PNV, sería posible recuperarlos en la próxima negociación. Al menos, desde Sabin Etxea no renuncian a que el Estado reconozca los 500 millones. "No hay que darlos por perdidos", zanjan.

En una respuesta parlamentaria del consejero de Economía Carlos Aguirre al jeltzale Ricardo Gatzagaetxebarria, Lakua reconocía a finales de junio esa deuda y mencionaba algunos ajustes económicos entre ambas administraciones, aunque todavía no ha trascendido que el Estado se haya comprometido a reconocer esa cuantía. El PSE ha tensionado sus relaciones con Madrid y ha amagado con no pagar un solo euro, entendiendo que la deuda del Estado compensa lo que deba abonar la CAV. A pesar de que se hayan materializado distintos encuentros, ninguno se ha saldado de momento, y al menos públicamente, con ese reconocimiento.

lakua y el autogobierno En caso de no revertir la situación, el lehendakari López dejará Ajuria Enea sin haber negociado el Cupo para los próximos cinco años, y sin haber cerrado el conflicto sobre la deuda. Un borrón en la defensa del autogobierno que tanto ha agitado el Gobierno del PSE en los últimos meses para negarse a aplicar en suelo vasco los recortes de Mariano Rajoy. Una omisión que se correspondería con la imagen que ya arrojó la ausencia de Patxi López mientras el Congreso votaba el blindaje del Concierto -se encontraba de boda en Cádiz-, o con su intento de negociar a la baja el traspaso de las políticas activas de empleo. Fue el PNV quien, en el marco de su negociación presupuestaria con el PSOE, comprometió a Zapatero con el cierre de las transferencias pendientes.

Lograr que Madrid reconociera la deuda no solo hubiera permitido a López anotarse el tanto en su casillero electoral, sino que le hubiera ayudado a lograr esos fondos que tanto echó en falta cuando propuso su reforma fiscal. Desde el PNV critican que no peleara con tanto ahínco para conseguir esos 500 millones, y que sí insistiera en la reforma para lograr los fondos que necesitaba al objeto de sanar las maltrechas arcas. Unos fondos que hubiera logrado convenciendo al Estado de que reconociera su deuda, sin necesidad de tocar impuestos.