Lakua exigirá a Gallardo el crédito de cinco millones si la planta baja de 241 empleados

Donostia. El Gobierno Vasco ha lanzado un claro mensaje al grupo extremeño Alfonso Gallardo, propietario de Corrugados Azpeitia. Si la plantilla de la fábrica siderúrgica guipuzcoana baja de 241 personas deberá devolver el crédito participativo otorgado a principios de este año por el Ejecutivo de Vitoria y las tres diputaciones a través de la sociedad pública de capital desarrollo Socade. Esa era una de las condiciones, junto a la exigencia de que se mantenga la actividad en la factoría, que las instituciones pusieron sobre la mesa al Grupo Alfonso Gallardo para concederle cinco millones de euros.

El ultimátum a la corporación pacense se produce después de que ayer varios representantes del comité de empresa se reunieran en Lakua con el director de Industria del Gobierno Vasco, Juan Garayar; el alcalde de Azpeitia, Eneko Etxeberria; y el concejal de Industria de la localidad, Iñaki Portilla. A la cita no pudo acudir el diputado foral de Innovación, Jon Peli Uriguen, por compromisos con el Gobierno de la Diputación. Según informaron a este periódico fuentes del departamento de Industria, los trabajadores pidieron al Gobierno Vasco que retire el crédito de cinco millones ante lo que consideran una "falta de compromiso" por parte de la dirección de la empresa para sacar adelante el proyecto de Corrugados. Según creen, el dueño de la corporación extremeña, el empresario Alfonso Gallardo, desea "dejar morir" la fábrica "reduciendo al máximo la plantilla" para poder venderla en mejores condiciones.

Garayar respondió a los empleados que el acuerdo inicial para la concesión del crédito recogía la condición de que la cifra de puestos de trabajo no bajara de 241 -número establecido en el plan de viabilidad de la compañía-, ante lo cual el comité de empresa advirtió de que con los últimos 60 despidos aplicados por la empresa y algunas bajas voluntarias la plantilla podría estar ahora por debajo de la mencionada cantidad.

El director de Industria, entonces, señaló que, mientras Alfonso Gallardo cumpla con las cláusulas del crédito, el Gobierno Vasco no exigirá la devolución del mismo. No obstante, se comprometió a pedir a la empresa que ratifique que en Corrugados hay contratadas al menos 241 personas porque, de no ser así, le reclamará que reponga trabajadores hasta alcanzar la cifra establecida. Actualmente Corrugados Azpeitia vive una huelga indefinida iniciada el mes de junio y una buena parte de la plantilla se mantiene encerrada en el interior de las instalaciones productivas como medida de presión para exigir que la dirección acuda a la planta a negociar una salida a la situación.

huelga indefinida Durante la reunión celebrada ayer en Vitoria, los representantes de los trabajadores también solicitaron al Gobierno Vasco y la Diputación de Gipuzkoa que busquen algún inversor que pudiera estar interesado en apostar por una fábrica que el grupo brasileño CSN declinó finalmente comprar hace casi un año cuando la operación estaba casi cerrada. Según las mismas fuentes, Garayar trasladó al comité de empresa de Corrugados que las instituciones ya han estado buscando posibles inversores y compradores pero que la situación del mercado de productos corrugados es muy negativa hoy en día y "nadie se quiere hacer cargo" de la planta.

Los trabajadores transmitieron a los representantes institucionales que continuarán con la huelga indefinida porque la situación de Corrugados "sigue igual". Fuentes del comité de empresa indicaron a este periódico que proseguirán con la protesta a fin de que la dirección de Corrugados o el consejero del Grupo Gallardo, Manuel Romero, se presente en la planta azpeitiarra para hablar con la plantilla.

La semana pasada la corporación extremeña ofreció al comité de empresa celebrar una reunión en lo que consideraba "terreno neutral", en referencia a las oficinas que el grupo posee en Madrid o en la sede central de la localidad pacense de Jerez de los Caballeros. Los trabajadores se negaron porque anteriormente ya se desplazaron a las dependencias madrileñas y no obtuvieron el compromiso de Gallardo para garantizar la continuidad de la factoría. El grupo extremeño comunicó que si la situación económica negativa persiste, no descarta cerrar Corrugados Azpeitia en un plazo de nueve meses "como última opción".

Las mismas fuentes del comité de empresa censuraron ayer que "en un principio nos habían dicho que la condición para la concesión del crédito institucional era el mantenimiento de una plantilla de 305 trabajadores y ahora esa cantidad ha disminuido a 241 personas". Asimismo, añadieron que "el departamento de Industria no va a reconocer que ha regalado cinco millones de euros al Grupo Gallardo".