Rajoy pone en riesgo su mayoría absoluta

DONOSTIA. Desde que el PP tomara las riendas del Gobierno español tras las elecciones generales de noviembre, su controvertida gestión de la crisis no ha dejado de erosionar su imagen. Los recortes han propiciado una fuga de votos que sigue adelgazando su base social, como ha quedado patente en las sucesivas encuestas publicadas tras su acceso a La Moncloa. Con esos precedentes, cabía vaticinar que la entrega del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de julio, y hecha pública ayer, apuntara a una nueva pérdida de apoyos de Mariano Rajoy. Pero fue más allá. El sondeo, realizado entre el 2 y el 10 de julio, después de que el Ejecutivo español se viera abocado a solicitar el rescate bancario del que tanto había renegado, deja ver un incremento en el ritmo del desgaste del gabinete popular. Si de noviembre a abril había perdido cuatro puntos en estimación de voto, en esta ocasión ha perdido los mismos puntos, pero en menos tiempo: Rajoy se ha dejado en el camino otro 4% desde abril hasta julio. El pinchazo le deja con un 36,6% de votos, y pone en serio peligro su mayoría absoluta.

Expertos en demoscopia consultados por este periódico puntualizan que no puede ofrecerse una respuesta concluyente, ya que el número de diputados no depende únicamente del porcentaje de votos que se consiga, sino de las provincias en las que se haya obtenido -por su peso poblacional-. Esa peculiaridad explica que, con un 38,8% de papeletas, el PSOE lograra 159 escaños en 1993, mientras que el PP, con el mismo monto, se quedó en 156 tres años más tarde. Con apenas un punto más -39,6%-, los socialistas habían obtenido 175 parlamentarios en 1989, mientras Zapatero solo arrancó 164 en 2004 con una cifra mayor -42,6%-.

La conclusión de los expertos es que, atendiendo a la serie histórica, ningún partido ha logrado la mayoría absoluta -176 escaños- con menos de un 40% de votos. El porcentaje más cercano por lo bajo a esas 176 actas lo obtuvo el PSOE en 1989, con ese 39,6% que le sirvió para hacerse con 175 asientos. De hecho, sitúan en torno al 41 o 42% el umbral a partir del cual puede materializarse una mayoría absoluta, muy lejos del 36,6% que adjudica la encuesta del CIS al PP, y del 44,6% que Rajoy obtuvo en noviembre del pasado año.

La encuesta hecha pública ayer deja al descubierto el coste político del rescate bancario, no solo por el rechazo que podría haber desatado esa decisión entre la población, sino por la limitada y confusa información que ofreció el Gobierno español a la opinión pública.

En un primer momento, Rajoy se decantó por felicitarse, minimizó las implicaciones del rescate calificándolo de "línea de crédito" para los bancos, negó que obligara al Estado a aprobar más recortes, y rechazó que hubiera recibido presiones. En todo caso, según sostuvo, habría sido él quien había presionado a las autoridades europeas. A finales de junio, tan solo unos días antes de la encuesta, reconoció que el rescate sería "dañino", y centró sus esfuerzos en que la ayuda fuera inyectada directamente a las entidades financieras y no al Estado para que Madrid no tuviera que poner en marcha más ajustes.

Ni siquiera la mediación del italiano Mario Monti, que logró que Europa accediera a aprobar el rescate directo a la banca sin pasar por el Estado, parece haber calmado a los ciudadanos. La medida, que supuso un alivio para Rajoy, fue aprobada unos días antes de la encuesta, pero no mitigó la desafección. La credibilidad del Gobierno español parecía haber tocado fondo, y pocos terminaron de asumir del todo que el dinero fuera a inyectarse directamente a la banca -o que el mecanismo entrara en vigor en el corto plazo para que Madrid pudiera acogerse a sus ventajas-, sin planes de ajuste y sin consecuencias para el Estado. No en vano, ya se especulaba con la subida del IVA o la eliminación de la deducción por compra de vivienda.

El resultado del sondeo podría haber sido más demoledor si se hubiera preguntado a los ciudadanos tras el pleno del 11 de julio, cuando Rajoy anunció el incremento del IVA, la reducción de la prestación por desempleo o la supresión de la paga extra de Navidad de los funcionarios. Cuando fueron encuestados, los ciudadanos desconocían esas medidas. Se tomarían un día después de cerrar el sondeo.

suspenso a los ministros El distanciamiento de los ciudadanos también se ha dejado ver en la valoración de los trece ministros del PP. Ninguno logra aprobar, y tampoco consiguen alcanzar el 4. Los más valorados son el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, con un 3,94, y la vicepresidenta española Soraya Sáenz de Santamaría, con un 3,78. Los peor parados son el encargado de Educación y Cultura, José Ignacio Wert -con un 2,49-, y su homóloga en Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, con un 2,86. El encargado de gestionar el nuevo tiempo tras el cese de ETA, Jorge Fernández Díaz, se sitúa también en los primeros puestos con un 3,47.

La baja puntuación concedida a los ministros y la pérdida de apoyos del PP siguen la senda del desgaste que comenzó a quedar patente semanas después de la investidura de Rajoy. Los populares comenzaron a perder respaldo en un tiempo récord, incluso antes de aprobar sus primeros presupuestos. El Gobierno español decidió retener las cuentas para no dilapidar la mayoría absoluta que le deparaban las encuestas en las elecciones andaluzas. A pesar de ello, los primeros recortes anunciados en enero le hicieron perder fuelle, y la comunidad quedó en manos del PSOE e IU. Han pasado cuatro meses de intensos recortes.

En ese contexto, y con las elecciones vascas y gallegas a la vuelta de la esquina, el PP se ha decantado por contrarrestar sus ajustes con algún gesto a los ciudadanos, como su apuesta por reducir el número de parlamentarios autonómicos. La oposición solo ve una cortina de humo para tapar sus recortes. Las encuestas no contribuyen a engordar las expectativas electorales de los populares en la CAV, máxime cuando los sindicatos ya preparan la huelga general del 26 de septiembre, que volverá a colocar a las filas de Antonio Basagoiti ante el trago de justificar los impopulares ajustes. No obstante, con unas encuestas que no auguran grandes apoyos al PSOE a nivel estatal, el beneficiado del desgaste podría no ser el PSE de López, a pesar de que haya tratado de erigirse en antítesis de los recortes.

descrédito De hecho, el barómetro del CIS también pone de manifiesto el descrédito de los dos grandes partidos a nivel estatal. Si el PP pierde ocho puntos con respecto a noviembre, el PSOE no logra rentabilizar su oposición y únicamente logra remontar un exiguo 1,2. Su despegue, además, se ha visto ralentizado en los últimos cuatro meses, cuando solo ha logrado arañar tres décimas más. Su intención de voto se sitúa en el 29,9%. Son más los ciudadanos que dicen confiar "mucho" o "bastante" en Rajoy -19,9%-, que quienes depositan su fe en Alfredo Pérez Rubalcaba -13,7%-.

Además, un 12,5% cree que la labor del Gobierno español es "buena" o "muy buena", frente al 6,6% que hace la misma valoración de la oposición del PSOE. En la valoración de líderes, por el contrario, es Rubalcaba -con un 3,8-, quien sale mejor parado que el presidente español, con un 3,3. Resulta significativo, no obstante, que ambos hayan perdido apoyos con respecto a la entrega de abril, y que sea UPyD el partido que más ha avanzado desde las elecciones, con 1,6 puntos más que los estimados en abril. IU se mantiene.

El CIS también preguntó a la población por el modelo de organización territorial. En un contexto en que se culpa de la crisis al déficit autonómico, y mientras el PP coquetea con la devolución de competencias al Estado o legisla sobre cuestiones transferidas a los territorios -como sanidad y educación-, ya son un 21,9% y un 17,1% los que apuestan por suprimir las autonomías o por rebajar su nivel de autogobierno. Un 12,3% quiere ensanchar esa autonomía, y un 8,9 pide la independencia.