La oposición pide la dimisión de Mendia tras el "fiasco" del archivo del 'caso Ibermática'

donostia. Seis meses. Eso es lo que ha durado el caso por las presuntas irregularidades cometidas en contratos informáticos suscritos por la Consejería de Justicia del Gobierno vasco entre los años 2000 y 2009. Un proceso que arrancó después de que la actual consejera de Justicia, Idoia Mendia, lo anunciara tras un Consejo de Gobierno, y que ayer llegó a su fin con la decisión del fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, de archivar las diligencias de investigación por "no haberse acreditado hechos constitutivos de delito". Las reacciones ante el cierre de la causa que ha salpicado a cargos de los departamentos de Justicia liderados por el fallecido Sabin Intxaurraga y por Joseba Azkarraga, y a dos empresas de tecnología, no se hicieron esperar. Así, el principal partido de la oposición, por boca del presidente del Bizkai Buru Batzar del PNV, Andoni Ortuzar, exigió al Gobierno vasco que anuncie dimisiones, entre ellas las de la consejera de Justicia y la viceconsejera, María Victoria Cinto.

A principios de año, el Gabinete liderado por Patxi López atravesaba uno de los momentos más delicados de la legislatura. A las continuas críticas a su gestión de la crisis económica se sumó la difusión de una auditoría que desvelaba la adjudicación de contratos irregulares en 2010 por más de 14,5 millones de euros por parte de la sociedad pública Osatek, dependiente de la Consejería de Sanidad. Haciendo bueno el dicho de que "la mejor defensa es un ataque", el 7 de febrero, tan solo cinco días después de que este diario se hiciera eco de las conclusiones de dicha auditoría externa, Idoia Mendia utilizaba el marco de la rueda de prensa semanal posterior al Consejo de Gobierno para anunciar que se había puesto en conocimiento de la Fiscalía la existencia de irregularidades en la anterior gestión del departamento. "Se ha pagado sistemáticamente con dinero público por trabajos no realizados", aseguró la portavoz del Gabinete López en referencia a un supuesto fraude de 23 millones de euros en quince contratos.

En el auto de la Fiscalía, con fecha de ayer, Juan Calparsoro comienza recordando los informes remitidos por el Gobierno vasco tras la "revisión de los expedientes de contratación informática del Departamento de Justicia". Esta documentación concluía que "se había pagado por la Administración el precio de varios contratos pese a que no se había cumplido su objeto por las empresas informáticas o el cumplimiento era defectuoso". Lakua insistía en que "ninguno de los quince expedientes de contratación analizados, a pesar de estar íntegramente pagados en plazo, se ha ejecutado en su totalidad" y denunciaba la existencia de "duplicidades en la contratación y pago de aplicaciones informáticas".

La Fiscalía puso entonces en marcha las diligencias necesarias para atestiguar si se cometieron delitos de malversación de caudales públicos y de prevaricación administrativa. En esta investigación se incluyó la toma de declaración de, entre otros, la exdirectora de la Consejería entre 1995 y 2009, Inmaculada de Miguel, la que fuera jefa del servicio de Informática Judicial, Ana Molina, y los máximos responsables de este área de las empresas adjudicatarias de los contratos, Indra e Ibermática, punteras en el campo de la tecnología. Todos ellos negaron los hechos, afirma Calparsoro, ayudándose de informes y achacando a la acusación "errores por confusión de conceptos".

Último recurso En sus argumentaciones, el fiscal superior del País Vasco considera que no existe delito de prevaricación administrativa porque De Miguel y Molina "no actuaron con conocimiento de la injusticia de las resoluciones administrativas que adoptaron". Además, ninguna de las dos ocultó su proceder. También desestima la posibilidad de una malversación de caudales públicos, toda vez que este delito "exige ánimo de lucro propio o ajeno", lo que está descartado al no existir conciencia de la "injusticia o ilicitud de la conducta".

Juan Calparsoro agrega que "los responsables de las empresas informáticas, además de no poder ser autores materiales de esos delitos, no consta que incurrieran en hechos calificables como delito". Según él, aquí se entra ya en "el ámbito de las responsabilidades administrativas y mercantiles, cuyo cauce de solución debe ser distinto del Derecho Penal". En este punto, el fiscal da un tirón de orejas al Gobierno vasco porque el Derecho Penal es el "último recurso" para dirimir cuestiones de esta índole. Añade que hay otros muchos procedimientos para garantizar la correcta relación entre "las empresas proveedoras de servicios, en este caso informáticos, y las Administraciones contratantes".

De hecho, el fiscal superior desvela las negociaciones que vienen manteniendo las dos empresas y la actual Consejería para llevar a buen término los servicios que estaban contratados con anterioridad. "Existen otros procedimientos, que ya se están utilizando de manera diligente por los responsables del Departamento de Justicia, para restaurar el posible perjuicio causado por las actuaciones administrativas objeto de estas diligencias", afirma, subrayando así lo baldío de la vía penal iniciada por Lakua. Concluye, por tanto, que "no se dan los requisitos necesarios para interponer denuncia o querella".

El presidente del BBB, Andoni Ortuzar, recordó ayer la "gravedad, solemnidad y bombo" con que Idoia Mendia anunció el traslado a la Fiscalía de las presuntas irregularidades. Tras quedar el caso en "agua de borrajas", reclamó "responsabilidades políticas por los daños que se hubieran podido causar a esas dos empresas y también al Gobierno anterior. EA, que ostentó la cartera en los tiempos a los que alude la acusación de Mendia, también exigió su dimisión además de la de viceconsejera. Les acusó de ser unas irresponsables y exigió que den explicaciones en el parlamento.