Bizkaia, Araba y Eudel rechazan la pretensión de Zabaleta de inmiscuirse en la dependencia

Bilbao. Las diputaciones y Eudel afean al Gobierno Vasco por su intento de entrometerse en materia de dependencia para marcar perfil político. El martes, el diputado general de Bizkaia aseguró que no iba a asumir las medidas de recorte aprobadas unilateralmente por el Gobierno del PP, ni los cambios en la Ley de Dependencia. "Nuestro esfuerzo va a seguir centrado en mantener el bienestar social de nuestros ciudadanos y poder dar asistencia y servicios de calidad en lo referente a la dependencia", dijo Bilbao. En términos similares se manifestó su homólogo en Gipuzkoa, Martin Garitano. Y la diputación de Araba (PP) no ha hecho seguidismo de los dictados de La Moncloa, aún está analizando si aplicará los ajustes. Las tres tienen la competencia en dependencia. Por tanto, todo apunta a que los dependientes vascos pueden respirar tranquilos.

No obstante, la Asociación de Municipios Vascos (Eudel) y las diputaciones de Bizkaia y Araba se negaron ayer a debatir siquiera la pretensión de la consejera de Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, de alcanzar una postura institucional común contra los recortes aprobados por el Gobierno español. Solo en un contexto preelectoral se puede entender este veto, ya que quien tiene la competencia ha dicho que no aplicará los recortes. Y solo la maniobra de la consejera Zabaleta explica el desmarque de Eudel y las dos diputaciones para formar ese frente insumiso impulsado por la propia Zabaleta, es decir, impulsado por el Gobierno Vasco, que no tiene competencias.

Ayer estaba convocada en Gasteiz la reunión del Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales, el foro en el que Gobierno, diputaciones y municipios planifican sus políticas sociales. En el orden del día, había dos puntos importantes: el desarrollo de la Ley vasca de Servicios Sociales aprobada en la etapa Ibarretxe y la cartera de servicios, es decir, qué servicios se darán, cómo se financiarán, que colectivos tendrán derecho a percibirlos etc.

Las bambalinas El jueves, un día antes y sin previo aviso, el Departamento de Asuntos Sociales mandó a las diputaciones una carta para incluir en el orden del día un punto para que las diputaciones no apliquen las reformas del Gobierno Rajoy en materia de dependencia, como la suspensión de la incorporación de dependientes moderados hasta el 1 de julio de 2015.

Zabaleta propone que sean compatibles las ayudas económicas a los cuidadores en casa con los servicios externos, como un centro de día. Quiere que no se limite la capacidad de elección de las personas dependientes en el caso de la prestación económica de cuidados familiares. Aboga por mantener las prestaciones que perciben los familiares cuidadores y no aplicar la reducción del 15%. Asimismo, el Gobierno Vasco propone que se mantengan los criterios fijados en la Ley de Servicios Sociales de Euskadi que, en contra de la ley española, no tiene en cuenta la vivienda habitual a la hora de fijar la parte que debe aportar el usuario para costear el servicio que se le presta. Seguidamente, el Departamento de Asuntos Sociales hizo llegar a la prensa el contenido de esa carta.

Estos son los antecedentes que marcan la reunión de ayer. En ella, los representantes de Araba y Bizkaia se negaron a debatir estos ajustes, haciendo valer su competencia foral en dependencia para vetar la pretensión del Gobierno Vasco. Gipuzkoa no participó del veto. La diputación gobernada por Bildu lamentó a través de una nota que las instituciones forales y Eudel "se hayan negado a debatir una propuesta" que implique a todas las instituciones vascas en "un frente común" contra las medidas del Gobierno español para el sostenimiento del actual sistema de dependencia. No obstante, pidió al Gobierno Vasco que haga los deberes que le corresponden.

En este sentido, el diputado de Política Social de Gipuzkoa, Ander Rodríguez, se reafirmó en que Gipuzkoa "está dispuesta a blindar" las prestaciones y servicios de atención a la dependencia cubriendo los recortes de Madrid con los presupuestos de la diputación, pero "necesitamos que el Gobierno Vasco haga su parte". Por ello, Rodríguez propuso que el Ejecutivo de Patxi López asuma, desde su organismo de empleo (Lanbide), el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social de las personas cuidadoras de familiares en el entorno, ya que "el Reino de España dejará de hacerlo a partir del 1 de septiembre y la institución foral no tiene capacidad para ello".

A la salida de la reunión, Zabaleta reiteró que el Gobierno Vasco no va a aplicar la reforma de la Ley de Dependencia en Euskadi e insistió en que las diputaciones "deben clarificar a sus ciudadanos el mantenimiento de sus derechos", tras subrayar que "el blindaje de la Ley vasca de Servicios Sociales implica un desarrollo reglamentario cohesionador del país, una sola cartera de prestaciones, un mismo sistema de copago para toda la comunidad y un único sistema de financiación".