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EP - Viernes, 20 de Julio de 2012 - Actualizado a las 13:36h
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Un total de 20 personas han presentado ya solicitudes para acceder a las ayudas del Gobierno vasco para víctimas de abusos policiales, que oscilan entre los 35.000 y los 390.000 euros. La comisión encargada de analizar las peticiones, de la que forma parte el excomisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Alvaro Gil- Robles, se ha reunido este viernes por primera vez.
GASTEIZ. La llamada Comisión de Valoración de Sufrimientos Injustos, que se ha constituido y ha celebrado su primera reunión en Gasteiz, se encarga de estudiar los casos de personas que podrían acogerse a estas ayudas, reguladas por el decreto del Gobierno vasco sobre víctimas de abusos policiales cometidos en el contexto de la lucha contra ETA entre 1960 y 1978.
En esta primera reunión, junto a la constitución y presentación de sus componentes, la presidenta de la comisión y directora de Derechos Humanos del Ejecutivo vasco, Inés Ibáñez de Maeztu, ha dado cuenta de las solicitudes ya presentadas por posibles beneficiarios de las medidas de reparación recogidas en el decreto, según ha informado el Departamento de Justicia en un comunicado.
En el encuentro de este viernes se ha debatido sobre la propuesta de reglamento para la propia Comisión de Valoración y se ha fijado el calendario de sesiones para 2012. En la siguiente reunión se empezarán a estudiar algunas de las 20 solicitudes que ya se han presentado para acceder a las subvenciones.
Este grupo de trabajo está adscrito a la Dirección de Derechos Humanos del Ejecutivo autonómico, aunque no participa en la estructura jerárquica de ésta para "garantizar su independencia", según se recoge en el decreto.
La comisión está integrada por Inés Ibáñez de Maeztu, Manuela Carmena (exvocal del Consejo General del Poder Judicial), José Antonio Pérez (Vocal del Instituto de Historia Social Valentín de
Foronda), Txema Urquijo (adjunto a la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo), Alvaro Gil-Robles (excomisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa), Carlos Martín (doctor en Psicología) y Mónica Hernando (miembro del Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y por la Paz).
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