El tratado ACTA, ¿acta de defunción?

el ACTA es un acuerdo internacional voluntario que propone fijar protección y respaldo a la propiedad intelectual, con el propósito de evitar la falsificación de bienes, los medicamentos genéricos y la piratería en Internet. El Parlamento Europeo (PE)lo acaba de rechazar en la sesión plenaria que se está desarrollado en Estrasburgo durante esta semana.

Los orígenes del ACTA se remontan a 2006 cuando Estados Unidos y Japón comienzan un proceso de negociación a cual se adhieren entre ese año y 2007 Canadá, la Unión Europea y Suiza. Durante 2008 se unen una media docena mas de países. Las negociaciones son secretas y se conoce su existencia por filtraciones realizadas por Wikileaks en mayo de 2008. Finalmente, el 1 de octubre de 2011 Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur y Corea del Sur firman el acuerdo. El pasado 26 de enero la Unión Europea y 22 de sus estados miembros también lo firman. Entre los que no han firmado se encuentran Alemania y los Países Bajos. El tratado para ser firme dentro del territorio de la Unión lo tienen que firmar y ratificar al misma Unión (Parlamento y Consejo) y todos sus estados miembro.

El tratado ACTA ha sufrido una fuerte contestación social desde el mismo momento que se tuvo noticia del proceso de negociación. Una prueba de ello son los 2,8 millones de firmas enviadas al Parlamento Europeo pidiendo su rechazo.

Desde nuestro punto de vista, el ACTA es un documento que sobrepasa su objetivo inicial de salvaguardar el derecho a la propiedad intelectual y pone en riesgo la privacidad y la protección de los datos de los usuarios de Internet. El hecho de que el proceso de negociación haya sido muy opaco, haya sido realizado fuera de los foros habituales para este tipo de negociaciones como la Organización Internacional de Comercio, sus contenidos se hayan conocidos por filtraciones y que los grandes actores del sector de Internet, como Google o Time Warner, recibieran copias oficiales de los documentos a discusión, solo nos puede llevar a la conclusión de que el tratado se ha realizado en función de los intereses de las grandes empresas y que los derechos de la ciudadanía hayan sido elementos de segundo nivel. Por otra parte, se ha obviado la participación de la sociedad civil en el proceso de negociación y además se han excluido los países en desarrollo.

En todo este proceso, es de destacar el papel jugado por el Parlamento Europeo en la defensa de la transparencia y de las libertades y derechos de la ciudadanía. Ya en marzo de 2010 el PE aprobó una resolución por la cual se pedía transparencia en la negociación y posibilidad de acceso de la ciudadanía y los parlamentarios al texto en discusión. Además, se señalaba que según el texto del documento filtrado, el ACTA podría afectar a la protección de los datos personales. Posteriormente, el 22 de febrero de este año el PE pidió a la Corte Europea de Justicia un dictamen sobre si el texto del ACTA viola los fundamentos de la Unión Europea sobre derechos humanos y libertades. Posteriormente el tratado ha sido discutido en cinco comités parlamentarios y en todos ha recibido informes negativos. Aunque se han tenido que superar maniobras obstructivas en dos sentidos como intentar eliminar el tema de la agenda o proponer posponer la votación hasta que la Corte Europea de Justicia, finalmente el plenario lo ha rechazado mayoritariamente con los votos de la izquierda, los verdes y de los parlamentarios de la Alianza Libre Europea, además de significativos parlamentarios del Partido Popular Europeo. La coalición Europa de los Pueblos, en la cual está integrada Aralar, ha tenido claro desde un principio que el ACTA era contrario a los intereses de la ciudadanía y, en consecuencia hemos mantenido una postura de firme rechazo.

¿Qué consecuencias tendrá esa decisión? Evidentemente al no ratificar el PE el ACTA, el tratado no será de aplicación en la Unión, ya que un tratado de este tipo entre en vigor se necesita la unanimidad del Consejo, el Parlamento y de todos y cada y uno de los estados miembro. Esto último también pasa por dificultades, ya que alguno de los países que firmaron el acuerdo, como Polonia, han interrumpido el proceso de ratificación. Ello no conllevará necesariamente la muerte del ACTA, ya que será de aplicación en los otros países signatarios, pero quedará muy limitado.

Desde el punto de vista de Aralar, se debería negociar un nuevo tratado en base al respeto tanto de los derechos de la propiedad intelectual como los derechos y libertades de la ciudadanía. Una negociación transparente donde el PE y la sociedad civil tengan posibilidades de participar y hacer sus propuestas.