Otras 3.637 personas pierden la RGI

DONOSTIA. La segunda oleada del año ha sido más demoledora que la del primer trimestre del ejercicio. Nada menos que 3.637 perceptores de la famosa RGI, la Renta de Garantía de Ingresos, dejarán de cobrarla este mes tras la decisión del Servicio Vasco de Empleo de tachar sus nombres de forma cautelar de sus registros. Alegan para ello que han incumplido la ley; es decir, que se han negado a tomar parte en planes de activación para el empleo, que no han podido ser localizados o que, simplemente, no acudieron a la cita que habían cerrado con su orientador en alguna de las oficinas de Lanbide.

Estas fueron las explicaciones que ofreció ayer Gemma Zabaleta, consejera de Empleo y Asuntos Sociales, quien se refirió a esta actuación como una nueva "operación de control". El ahorro que supondrá para las arcas vascas suprimir la prestación a estos 3.637 beneficiarios asciende de 30,6 millones de euros, a los que se suman los 17,28 millones por la suspensión de la RGI a los 2.031 perceptores que la cobraban hasta el primer trimestre del año. Así las cosas, uno de cada diez perceptores (5.668) han visto como sus fichas han sido anuladas en este semestre; en concreto, el 9,7 %.

A la mayoría de estos 3.637 exbeneficiarios de la RGI desde este mismo mes, concretamente a 2.780, se les retira la ayuda por no haber acudido a la cita con su orientador profesional sin causa justificada, estar ilocalizables o haberse negado a iniciar el proceso de activación laboral, precisaron fuentes del Ejecutivo vasco. A ellos se suman 451 personas que rechazaron participar en los planes puestos en marcha por Lanbide para zonas especialmente desfavorecidas, donde se concentra la mayor parte del desempleo.

"Este programa, que se enmarca dentro del Plan Local de Empleo, busca la activación de 1.500 desempleados. Al menos el 30 % de los participantes debían ser perceptores de RGI o personas procedentes de un ERE de extinción o de un cierre de empresa. Así que durante el proceso de selección, el personal de Lanbide contactó con cientos de desempleados, muchos de ellos perceptores. Sin embargo, entre el colectivo perceptor de RGI, hubo 451 personas que rechazaron sin justificación la posibilidad de integrarse en estos programas", describía Zabaleta.

Otros 336 perceptores se negaron a participar en el plan piloto que se desarrolla en Bilbao para mejorar las posibilidades de empleo; y 70 son ciudadanos extranjeros expulsados del Estado por orden judicial tras haber cometido uno o varios delitos pero que, sin embargo, seguían cobrando la RGI. Asimismo, el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales manifestó que Bizkaia "lidera las irregularidades en las ayudas sociales" con ocho de cada diez casos.

Competencia y filosofía Ante este escenario, la consejera Zabaleta volvió a defender la jurisdicción sobre la que actúa Lanbide para tratar de definir un camino que devuelva a la vida activa a personas perceptoras. "Y para ello, la filosofía fundamental es el tránsito de un modelo basado en el subsidio a otro basado en el empleo a través de una actitud personal de activación que mejore su posición con respecto al empleo", recordó. Asimismo, la titular de Empleo y Asuntos Sociales insistió en la necesidad de cumplir la normativa vigente (Ley de Garantía de Ingresos) aplicable en estos casos.

"La ley es un doble derecho: el derecho a la Garantía de Ingresos y a la inclusión activa, pero también basada en la actitud personal y corresponsable. Por lo tanto, -advirtió Zabaleta- a quien no dé una respuesta positiva para su activación, Lanbide le suspenderá cautelarmente su prestación porque así lo dice la ley".

La consejera aseguró que el sistema de coberturas sociales existente en la Comunidad Autónoma Vasca es muy amplio "pero también es un sistema que debe ser exigente en el cumplimiento de la ley y determinar con claridad que detrás de cada nómina de RGI hay personas que viven permanentemente en Euskadi y que, además, están dispuestas a ser activadas para el empleo", insistió.

Nada más conocerse esta operación de control ejecutada en las 41 oficinas de Lanbide, surgieron las voces críticas de colectivos como Berri-Otxoak, cuyos responsables denunciaron que "se quitan las prestaciones sin contrastar la información, sin notificar las suspensiones, y sin dar trámite de audiencia, contraviniendo las recomendaciones del Ararteko" y que "se impone la Prestación Social Sustitutoria para las personas perceptoras. Se impone la obligatoriedad de realizar labores de carácter social que supondrá, en la práctica, eliminar puestos de trabajo en los servicios públicos de atención a personas dependientes, limpieza de lugares públicos o servicios de ayuda a domicilio".