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carlos villán durán Presidente de la Asociación Española para el Derecho Internacional y los Derechos Humanos

"Hay serias dudas sobre la legalidad de la aplicación de la 'doctrina Parot"

Profesor de Derecho Internacional Público y especialista en Derechos Humanos -miembro de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en Ginebra de 19820 a 2005-, el asturiano Carlos Villán (Campo de Caso, 1950) compareció en la comisión de Convivencia y Solidaridad del Parlamento navarro

elena urabayen - Lunes, 11 de Junio de 2012 - Actualizado a las 05:27h

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Carlos Villán, antes de la comparecencia en el Parlamento. (Foto: j. bergasa)

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pamplona. Dice que cuando defendemos el derecho a la vida, defendemos el derecho a la paz, ¿cree que todos los partidos reconocerán a corto plazo que estamos en otro tiempo político, que ha llegado la paz?

Así lo han dicho y todos han mostrado una sensibilidad y disposición favorable a trabajar esta cuestión como Parlamento.

¿Qué podría hacer el Parlamento navarro para trabajar por la paz?

Podría impulsar una declaración que, además de pedir al Gobierno de España, apoye sin reservas el proceso de codificación en curso de Naciones Unidas del derecho humano a la paz. Además, deberían reflexionar en el ámbito interno sobre cómo traducir alguna de estas categorías jurídicas en la mejora de la formación de la sociedad pacífica dentro de la Comunidad Foral.

En el ámbito del conflicto vasco, recientemente cientos de concentraciones en diferentes pueblos pidieron que se respetasen los derechos humanos de los presos políticos vascos, ¿qué opinión le merece la política de excepción que se lleva a cabo con este colectivo?

Mi perspectiva es, con independencia del colectivo al que nos estemos refiriendo, la de los derechos humanos. Observo con preocupación durante los últimos años que este es un tema que se ha politizado excesivamente, tanto por un lado como por el otro. Creo que, en lo posible, debe despolitizarse y enfocarlo desde una perspectiva de derechos humanos.

¿Y cómo se ve desde esa perspectiva?

Desde esa perspectiva la política de dispersión que el Estado español ha aplicado durante los últimos años es una política contraria a los derechos humanos. La política de dispersión es una política claramente contraria a la de derecho internacional de los DDHH, siempre lo ha sido y lo sigue siendo ahora. La aplicación del fichero CIES (reglamento de instituciones penitenciarias para las personas acusadas o condenadas por algún delito relacionado con el terrorismo) también es contrario a estos derechos porque en el momento que le aplicas a una persona en prisión preventiva el fichero CIES, la estás tratando como si fuera un condenado por un delito terrorista. El derecho de presunción de inocencia de esa persona quiebra, la estás maltratando, porque el fichero implica el maltrato permanente.

También reivindican el fin de la doctrina Parot.

Con los mismos motivos porque la aplicación de la doctrina Parot igualmente vulnera los derechos de esas personas que, una vez cumplida la condena, deben ser tratadas con la perspectiva que marca la constitución, la de rehabilitar y reintegrar en la sociedad. Evidentemente con las condenas de por vida no hay posibilidad de rehabilitación, es casi casi la inhabilitación de las personas. Hay serias dudas de la legalidad con la que cuenta, desde el punto de vista del derecho internacional, la aplicación de esta doctrina.

La ilegalización de ideas o de partidos, ¿podríamos considerarla también como una vulneración?

Cómo no. En la medida que se recortan indebidamente libertades públicas básicas como es el derecho a asociación pacífico y más hoy, que felizmente no existe la amenaza de ETA, seguir aplicando una ley de partidos absolutamente obsoleta y que siempre fue ilegal a los ojos del derecho internacional, hoy es más censurable todavía.

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