España claudica y pide el rescate

Bruselas. El rescate europeo del sector bancario español está ya en marcha. Los ministros de economía y finanzas de la zona euro se comprometieron ayer, tras semanas de rumores y una teleconferencia de casi tres horas, a dedicar hasta un máximo de 100.000 millones de euros a la recapitalización de las entidades bancarias en dificultades. Una inyección de capital al gobierno español que se canalizará a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el "agente del gobierno" responsable de desembolsar el dinero a los bancos con problemas. Esa cantidad, según el comunicado publicado anoche, permitirá cubrir "con un margen de seguridad adicional" las necesidades de las entidades.

La cuantía es, por tanto, un techo máximo a la espera de las dos auditorías encargadas por el Gobierno a Oliver Wyman y Roland Berger concluyan su examen y precisen las necesidades exactas de los bancos con problemas. Un ejercicio que el Ministerio de Economía y Hacienda espera concluir antes del próximo 21 de junio, a tiempo para la próxima reunión del Eurogrupo. A cambio de esta ayuda, el Ejecutivo de Mariano Rajoy deberá comprometerse a realizar nuevas reformas en el sector financiero, incluidos planes de reestructuración acordes con la normativa de ayudas públicas. La UE también podrá además exigir cambios legislativos y de gobernanza con medidas que pueden ir desde el recorte de salarios hasta el despido de directivos así como una exigencia de más control y supervisión sobre el sector financiero.

Pero más allá de las condiciones impuestas al sector financiero, el comunicado aprobado por el Eurogrupo también recuerda al Gobierno español que vigilan de cerca el plan de ajustes y reformas puestos en marcha para devolver la sostenibilidad a las finanzas públicas españolas. No hay condiciones en este terreno, aunque el ministro finlandés de Finanzas presentó ayer una dura batalla durante la negociación telefónica, pero los socios del euro instan al gobierno español a que "respete sus compromisos" y avisa de que supervisarán el proceso "de forma estrecha y regular, en paralelo a la asistencia financiera".

El Fondo Monetario Internacional, cuya directora general, Christine Lagarde, también participó ayer en la reunión, supervisará también el cumplimiento de las reformas en el sector financiero aunque no participará directamente en el rescate.

La reunión de emergencia, cuya celebración no fue confirmada hasta primeras horas de la mañana de ayer, no fue solicitada por el Gobierno español, sino convocada por el presidente del Eurogrupo, Jean Claude Juncker. Y es que la presión de las últimas semanas había aumentado hasta el punto de que el FMI tuvo que adelantar al pasado viernes la publicación de su informe sobre la situación del sector bancario español para cortar con la incertidumbre generada por la rebaja de tres escalones en la calificación de la deuda soberana española por parte de la agencia Fitch.

El documento de esta institución estimaba entorno a los 40.000 millones de euros las necesidades de un rescate europeo que el Gobierno de Mariano Rajoy, como antes ya ocurriera con Grecia, Irlanda o Portugal, se resistió ayer a solicitar hasta que la presión se convirtió en insoportable.

Ayer, tras una nueva jornada de desmentidos continuos, claudicó. Una decisión que abre ahora paso a una negociación para definir las condiciones exactas del rescate, el montante, el interés al que se devolverá el préstamo y los plazos. Según la declaración del Eurogrupo, serán ahora la Comisión Europea en colaboración con el Banco Central Europeo, la Autoridad Bancaria Europea y el Fondo Monetario Internacional quienes realizarán la evaluación y presentarán una propuesta que deberá aprobar en última instancia el Eurogrupo. El comunicado también apunta que la asistencia financiera procederá de la Facilidad Europea de Estabilidad financiera, el fondo de rescate temporal, y o del Mecanismo Europeo de Estabilidad, el nuevo fondo permanente todavía en proceso de ratificación y que no entrará en vigor al menos hasta el 1 de julio.

El actual fondo de rescate fue reformado precisamente el año pasado para permitir que parte de los 240.000 millones de euros que todavía le quedan -dotado inicialmente con 440.000- puedan concederse a los países de la Eurozona no sometidos a programa de ajuste -como ocurre en Grecia, Irlanda y Portugal- a través de líneas preventivas de liquidez, compra de deuda soberana o recapitalización bancaria. Es este ultimo supuesto el que se aplicará a España en forma de rescate a medida para reflotar a las entidades bancarias en dificultades y asfixiadas por la explosión de la burbuja inmobiliaria.

Según las reglas de esta facilidad, con sede en Luxemburgo y que preside el alemán Klaus Regling, el destinatario de la ayuda será el Gobierno. Eso significa que serán las autoridades españolas quienes deberán responder y garantizar la devolución del préstamo que como en todos los contratos estará sujeto a estrictas condiciones. Quizás no tan duras como las aplicadas a griegos, irlandeses y portugueses, porque no se aplicará necesariamente "en el marco de un programa de ajuste macroeconómico" y habrá más flexibilidad, pero no será gratis. "Todos los nuevos instrumentos están vinculados a condiciones apropiadas", recordó ayer el propio Regling durante un discurso en Finlandia. "No hay comida gratis para ningún país beneficiario", advirtió. El rescate de España, la cuarta economía de la Eurozona y el cuarto país en solicitar asistencia, ya está en marcha.