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IRREGULARIDADES EN LA HACIENDA DE IRUN

La Fiscalía mantiene su petición de 24 años para Bravo por el fraude de Irun

EFE - Martes, 22 de Mayo de 2012 - Actualizado a las 15:55h

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José María Bravo, saliendo ayer de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa acompañado de miembros de su equipo de abogados.

(G. Estrada)

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El fiscal ha mantenido hoy su petición de penas que suman 24 años y 3 meses de cárcel para José María Bravo Durán, principal procesado del caso de la Hacienda de Irun, por diferentes delitos de malversación, prevaricación, estafa, usurpación, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.

DONOSTIA. Durante el trámite de presentación de sus conclusiones definitivas celebrado hoy en la Audiencia Provincial por este presunto fraude, tanto el fiscal como el abogado de la acusación particular -que ejercen la Diputación y las Juntas Generales (JJGG) de Gipuzkoa- han retirado la imputación contra el que fuera socio de Bravo, Pedro Atristain, quien ha abandonado el juicio antes de terminar la vista, autorizado por el presidente del tribunal.

En esta misma sesión, el representante del Ministerio Público también ha retirado la acusación de malversación contra Rosa Cobos, esposa de Bravo, y ha reducido su petición de condena para esta procesada, desde los diez años y un mes de cárcel hasta los seis años y tres meses por sendos delitos de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.

El fiscal ha demandado también diferentes penas de inhabilitación, multas y compensaciones económicas por los casi dos millones de euros que entregaron al principal acusado una treintena de contribuyentes morosos que creían estar saldando sus deudas con el erario público y por las cantidades que dejó de embolsar Hacienda a raíz de las insolvencias o prescripciones con las que este procesado presuntamente zanjó los expedientes de estos ciudadanos.

Por su parte, la Diputación y las JJGG, que inicialmente pedían 30 años y medio para José María Bravo, han rebajado esta solicitud hasta los 27 años de prisión, al retirarle las imputaciones de cohecho y falsedad documental.

La acusación particular ha reclamado además siete años y cinco meses para Rosa Cobos por alzamiento, blanqueo y malversación, así como distintas multas y compensaciones para el matrimonio entre otras penas accesorias, mientras que las defensas de los dos encausados han demandado la absolución de sus clientes.

"PRUEBAS PLENAS Y CONTUNDENTES" Durante la sesión del juicio celebrada esta mañana, el fiscal, Javier Larraya, ha destacado las "pruebas plenas y contundentes" presentadas durante la vista contra Bravo, como las declaraciones de los contribuyentes afectados y los justificantes que el procesado les entregaba con su firma, a cambio del dinero que le daban creyendo estar saldando sus deudas con Hacienda.

Larraya ha censurado además los casos de estafa en los que el encausado habría cobrado deudas que realmente los contribuyentes no tenían con la Hacienda foral, en especial el del decorador José Lamy, cuyos descubiertos fueron presuntamente inventados por Bravo, y que han causado especial "alarma social y daño a la institución".

El fiscal también ha considerado probado el delito de usurpación de funciones públicas por los presuntos pagos realizados por uno de los contribuyentes a Bravo cuando éste se encontraba en excedencia y, por lo tanto, ya no era funcionario de Hacienda.

En cuanto al delito de blanqueo, ha explicado que existen indicios suficientes para constatar que las cantidades presuntamente estafadas fueron invertidas por Bravo y Cobos en distintas sociedades, préstamos, compra de inmuebles, bienes y negocios.

Respecto al alzamiento de bienes, el representante del Ministerio Público ha puesto de manifiesto que se cometió al vender una casa que el matrimonio tenía en Francia cuando estaba embargada para hacer frente a las responsabilidades civiles del proceso judicial.

Miguel Alonso Belza, abogado de la acusación particular, ha considerado acreditadas "todas y cada una de las acusaciones" realizadas contra Bravo y su esposa (de la que actualmente está separado), al tiempo que ha reprochado a las defensas no haber practicado "prueba de descargo" alguna que "desvirtúe" las imputaciones "a lo largo de los cinco años" de la instrucción.

Por su parte, Jesús Urraza, defensor de Bravo, ha rechazado las imputaciones realizadas a su cliente y ha impugnado la prueba pericial que descartó en el juicio la posibilidad de que el dinero desaparecido en este caso se encuentre ingresado en Hacienda.

Ha señalado en este sentido que la perito que elaboró este informe no dispuso de la información original y tuvo que confeccionarlo con los datos que le facilitó la Diputación, que ahora está personada como acusación particular en este caso.

Urraza ha criticado también la "desproporción brutal" que supone el hecho de que el último asesinato juzgado en Gipuzkoa se saldara con una condena de 10 años, mientras que a Bravo se le pidan casi 30 años. "Este hombre no ha matado a tres personas", ha concluido el abogado.

El juicio continuará mañana con el informe de Mari Cruz López Gascón, abogada de Rosa Cobos, y el derecho de los acusados a decir la última palabra.

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