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Ángel Cárcoba, uno de los mayores expertos a nivel europeo sobre los riesgos del amianto, ha participado esta semana en la comisión creada en el Parlamento vasco para dar respuesta a las víctimas de este mineral, que se calcula podrían superar las 25.000 en Euskadi los próximos años
adrián legasa - Domingo, 20 de Mayo de 2012 - Actualizado a las 09:46h
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Ángel Carcoba ha presidido la ponencia a nivel europeo sobre amianto y ha recibido varios premios en prevención de riesgos laborales. (DEIA)
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Bilbao. En el País Vasco hay cerca de 6.000 personas con enfermedades producidas por el amianto, según el registro oficial del Gobierno vasco, pero CC.OO. calcula que la cifra real de afectados por este mineral, cuyos síntomas aún no han aparecido, se va a multiplicar por cinco incluso por diez en pocos años. Expertos como Ángel Cárcoba, que dirigió la comisión europea sobre amianto, reclaman un fondo de compensación para víctimas, así como un registro de empresas y edificios que contengan amianto para evitar más daños.
El amianto, ¿es una amenaza hoy? ¿Queda amianto en los edificios?
España importó entre 1970 hasta el año 2000, cuando se prohibió su utilización, hasta tres millones de toneladas de amianto que hoy inundan nuestra vida. Hay amianto en colegios, estudios de radio y televisión, hospitales... Incluso puedes tener la mala suerte de ver partir una tubería que lo contenga e inhalarlo. Así de sencillo. Se sabe que no hay ningún sector laboral que esté libre de haber tenido trabajadores en contacto con amianto.
¿Son muchos los afectados?
El amianto afecta a grandes colectivos de población, no solo trabajadores. El 71% de los afectados se corresponden con exposición laboral, pero un 18% es población vecinal del entorno de fábricas, y otro 11% son familiares. Antes era muy común llevar el buzo a casa y lavarlo junto al resto de la ropa de la familia, lo que traspasaba las fibras tóxicas del buzo a las otras prendas y extendía la amenaza. El número de trabajadores que han estado expuestos en el Estado español se estima entre 240.000 a 260.000, pero de estos calculamos que hay entre 50.000 y 60.000 afectados, contando población laboral, familiar, y vecinal, que presentarán síntomas y morirán de aquí a 2030.
Lo peor está por llegar.
Entre la exposición y la aparición de la enfermedad transcurre un periodo de latencia de entre 15 y 30 años. El pico de mayor exposición al amianto en el Estado español fue entre 1975 y 1990, lo que significa que el pico de mayor mortalidad se va a dar entre 2020 y 2030.
¿Produce siempre la muerte?
La característica del cáncer de pleura es que la esperanza de vida desde que se diagnostica no supera los 16 meses. Afortunadamente un trabajador puede haber estado expuesto muchos años y no tener afectación, pero al que se le diagnostique cáncer de pleura no tiene solución. En España mueren al año unas 1.200 personas por enfermedades vinculadas al amianto.
¿Tienen conciencia las empresas de la magnitud del problema?
La UE impone una serie de medidas estrictas para retirar el amianto de las empresas, pero estas, cuando se descubre amianto, por lo general optan por el presupuesto más barato para retirarlo sin respetar las medidas de seguridad. En general está pudiendo más la crisis. Claro que también hay empresarios muy concienciados que lo hacen muy bien desde el diagnóstico hasta el tratamiento de residuos.
Usted apela a las instituciones para que tomen cartas en el asunto.
El Estado español no dedica un solo euro a la investigación de las enfermedades producidas por amianto, ni quiere hacer un inventario para saber dónde está el amianto. La propia Seguridad Social es la primera en recurrir las sentencias que reconocen bajas por amianto. Como dije en el Parlamento vasco, si hay víctimas hay culpables. Desde 1955 se sabe que el amianto produce enfermedades mortales, y el Estado es responsable de lo que pasa ahora por no tomar medidas para evitar su uso. El Estado debe hacerse responsable junto con la empresa contaminada para reparar a las víctimas de alguna forma.
Una reivindicación de las víctimas es un fondo de compensación.
El fondo se viene exigiendo desde los ochenta, como forma de indemnización a afectados y familiares, así como aplicar coeficientes reductores que hagan que los empleados expuestos tengan una jubilación anticipada. La creación de este fondo estatal es una cuestión de justicia y se está llevando a cabo en otros países europeos. Es cierto que estamos en crisis, pero hay que buscar fórmulas. En Inglaterra, por ejemplo, se compensa la pérdida de ganancia que hubiera obtenido el trabajador afectado. Otro paso es crear un registro de empresas y edificios afectados, incluidos los ya cerrados como Altos Hornos, para vigilar la salud a sus trabajadores.
¿Cómo valora la comisión parlamentaria vasca?
Es muy positivo que por primera vez en un parlamento se cree una ponencia para estudiar cómo se reparará a las víctimas del amianto. He propuesto a la comisión que se dirija al Parlamento central para hacer un diagnóstico de situación en todo el Estado. También he planteado que hay que crear un instituto vasco de amianto, formado por administración, sindicatos, patronales, y representantes de la comunidad científica, que puede ser una unidad de Osalan, para coordinar acciones contra esta epidemia en la realidad concreta de Euskadi: crear registros y programas de vigilancia de salud, y coordinar cómo retirar el amianto, la investigación, y el posible fondo de compensación.
Gracias por su comentario
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