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Bravo asumió ante los responsables forales que se había cometido un delito

efe - Miércoles, 9 de Mayo de 2012 - Actualizado a las 16:36h

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El que fuera director de la oficina tributaria de Irun, José María Bravo, acompañado de su abogado, Jesús Urraza, a su llegada ayer al juicio por el fraude de la Hacienda de Irun en el que se encuentra acusado. (efe)

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El principal acusado por el fraude de la Hacienda de Irun y exdirector de la oficina tributaria de esta localidad guipuzcoana, José María Bravo, asumió ante los responsables de la Hacienda foral que las irregularidades detectadas por este departamento en 2006 constituían un delito de malversación.
Así lo ha puesto hoy de manifiesto la secretaria técnica de Hacienda que elaboró el acta de las dos reuniones en las que, en septiembre de 2006, el entonces diputado del ramo, Juan José Mujika, y el director del departamento, Iñaki Rica, pidieron explicaciones a Bravo sobre las irregularidades detectadas en la oficina de Irun cuando él era su máximo responsable.
En concreto, Bravo fue interrogado sobre los casos de dos contribuyentes que aseguraron haber saldado sus deudas con Hacienda en metálico en esta oficina tributaria, cuyos expedientes fueron dados de baja por insolvencia sin que el dinero llegara a ser ingresado en la Hacienda foral.
La secretaria técnica que ha declarado hoy elaboró sendas actas de estas reuniones tras las que, según ha explicado, Bravo no se planteó que el dinero hubiera sido ingresado en Hacienda y que el problema estuviera en que no se había "mirado bien", como ha mantenido durante este juicio, sino que asumió que había tenido lugar un delito.
La funcionaria ha explicado que, por el contrario, Bravo entendió que para cuando el departamento de Hacienda se había puesto en contacto con él, se habrían hecho las revisiones necesarias "a fondo", dio por bueno su resultado porque descartaba la existencia de un posible fallo administrativo, y asumió que no había explicaciones distintas a las de un posible robo.
En la primera de las reuniones, celebrada un viernes, Bravo ya sugirió que todo apuntaba a que se había producido una malversación de fondos públicos y que los indicios apuntaban a él o al contable de la oficina de Irun, si bien tras hablar con este trabajador y constatar su inocencia, en el segundo encuentro, que tuvo lugar el lunes siguiente, reconoció que todo apuntaba a un delito del que, según dijo, podrían ser responsables varias personas pues todos los operarios conocían las claves de la caja fuerte.
Según ha declarado esta funcionaria, Bravo mantuvo que él no era el culpable "penal" pero admitió una responsabilidad "administrativa por negligencia" por "actuar de buena fe confiando en las personas que trabajaban" en su oficina y, cómo el descubrimiento de este asunto "podía afectar a su familia y entorno", planteó entregar una compensación económica de 148.000 euros para que el asunto no se trasladara a la Fiscalía como finalmente se hizo, dadas las pruebas existentes y que no había una "explicación lógica" a las irregularidades.
Esta secretaria ha precisado que las entrevistas con Bravo tuvieron lugar porque el departamento de Hacienda tenía la apreciación de que se había producido un hecho delictivo, pero antes de ponerlo en conocimiento del fiscal, se quiso constatar que no existía "una explicación razonable o lógica" a estos hechos.
Por otra parte, la hermana de José María Bravo, que trabajaba junto a la esposa de éste en una asesoría de Irun, ha afirmado que el acusado no trabajaba en los locales de la gestoría mientras lo hacía en la Hacienda de la localidad fronteriza, aunque sí acudía alguna vez por las tardes cuando ellas necesitaban preguntarle algo, por lo que percibía una compensación de unas 40.000 pesetas.
La hermana del procesado también ha dicho que el verdadero responsable de la empresa Ius Local en la que ella y su cuñada aparecían como titulares era José María Bravo, que era quien gestionaba esta sociedad y manejaba sus cuentas.
En la sesión de hoy también ha declarado el empleado de una asesoría que habló con Bravo para tratar la deuda con Hacienda de una empresa que vendió un pabellón para saldar su descubierto.
Según este testigo, Bravo le indicó que estudiaría el asunto y que tras consultar con su superior, Peru Bazako, tenía autorización para saldar el asunto pagando 66.000 euros aunque la deuda total ascendía a 150.000.
El asesor, que pagó en metálico en la oficina de Irun y recibió un justificante, ha manifestado que esta rebaja no le resultó extraña, porque de lo contrario no se habría planteado hacer la operación y Hacienda iba a cobrar lo máximo que la empresa podía pagar, al tiempo que él se aseguraba de que no hubiera una deuda derivada a otro de sus clientes que finalmente compró el pabellón.
Este testigo ha insistido en que, para él, Bravo era "una persona de palabra y lo que decía iba a misa" y ha lamentado haberse visto involucrado en este asunto cuando, a su entender, todo responde a un "problema" entre Hacienda y Bravo como "su representante".
En otro momento de la vista, ha declarado una empleada de Bravo en la inmobiliaria Urdanibia, quien ha admitido que la mitad de las comisiones que esta empresa cobró por la venta de inmuebles lo fueron en dinero negro que su jefe guardaba en una caja fuerte.
A preguntas del fiscal, esta mujer no se ha mostrado extrañada por el hecho de que el máximo responsable de la Hacienda de Irun llevara a cabo este tipo de actuaciones y ha recalcado que es "habitual" que "la gente trabaje sin facturas". "No me parece que sean las cosas que se deban hacer pero se hacen", ha insistido.