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Varios jueces de Instrucción de la Audiencia Nacional defienden que "el momento de la dispersión ha pasado"

EP - Viernes, 27 de Abril de 2012 - Actualizado a las 14:45h

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(Iñigo Salas)

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Varios jueces de instrucción de la Audiencia Nacional han defendido este viernes que el momento en que la dispersión de presos de ETA tenía sentido ya ha pasado y han apuntado a que, en la actual situación de cese definitivo de la violencia, parece "lógico" que el Ejecutivo se incline por el acercamiento de los reclusos a las prisiones cercanas a su domicilio, según las fuentes consultadas por Europa Press.

MADRID. "Tiene sentido una política diferente ante el nuevo escenario", han asegurado a este respecto fuentes jurídicas que han añadido que el Gobierno cuenta con "plena legitimidad" en el diseño de la política penitenciaria.

Según estas opiniones, la dispersión de los presos de ETA venía motivada por el intento de evitar, en un momento de máxima actividad de la banda, una concentración de integrantes de la organización terrorista que facilitara el diseño de estrategias que tuvieran un reflejo en la actividad exterior de ETA.

EXIGENCIA DE LA LEY PARA BENEFICIOS

No obstante, las fuentes consultadas --que han declinado valorar en detalle el diseño del plan de reinserción planteado por el Gobierno de Mariano Rajoy-- han advertido que en la aplicación de beneficios penitenciarios a estos presos sí debe seguirse "un estricto cumplimiento de la ley".

Así, indican que para que estos reclusos disfruten de salidas de la cárcel o de la aplicación del segundo o tercer grado sería necesario que el juez de Vigilancia Penitencia valorara su renuncia a la violencia y su arrepentimiento, incluyendo si se ha producido por su parte una petición expresa de perdón a las víctimas de sus delitos, una satisfacción de la responsabilidad civil, el cumplimiento de tres cuartas partes de la condena impuesta y un patente compromiso de colaboración con la justicia.

A pesar de ello, las citadas fuentes insisten en que el acercamiento o alejamiento de los presos a sus domicilios es prerrogativa del Gobierno y defiende que la lógica aconseja "la normalización" y "equiparación" del estatus de los reclusos terroristas con el resto de presos comunes.

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