Los presos tendrán que romper con ETA para ser acercados a cárceles vascas

Donostia. El Gobierno español ha dado el primer paso para poner el punto y final a un tema tabú para los sectores más ortodoxos del Partido Popular, como es el fin de la dispersión de los presos de ETA. El acercamiento de los reclusos a cárceles vascas es una posibilidad que recoge el programa integral para la reinserción de los condenados por terrorismo, que el Ministerio del Interior va a poner en marcha a la mayor brevedad posible y que tiene como referencia la vía Nanclares. Con este plan, el Ejecutivo de Mariano Rajoy mueve ficha en las cárceles y pasa la pelota a los integrantes del Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK), que tendrán que romper con ETA de forma fehaciente y renegar de la violencia si quieren ser trasladados a Euskadi. Para ello, deberán firmar un documento que lo certifique. Lo que no será necesario es que los reclusos pidan perdón a las víctimas por el daño causado, un requisito que hasta el momento era condición sine qua non para que los reclusos de la organización armada pudieran acceder a los beneficios penitenciarios que establece la ley. Esta premisa se exigiría a lo largo del programa en los casos de los presos que quieran progresar de grado penitenciario.

La hoja de ruta diseñada por Instituciones Penitenciarias supone un paso sustancial en la política que el Gabinete popular viene aplicando en las cárceles. Según las fuentes consultadas por este periódico, lo que busca Interior es atraer a más gente a la vía Nanclares, utilizando para ello la oferta del acercamiento a Euskadi y los beneficios penitenciarios. Y, aunque la ha camuflado dentro de un programa al que también podrán acceder los presos del Grapo, los yihadistas, así como integrantes de bandas dedicadas al crimen organizado, ha sido pensada para el medio millar de reclusos de la organización armada diseminados por las diferentes prisiones del Estado español.

Un movimiento que no ha dejado indiferente a nadie y que, como era de esperar, ha irritado a los colectivos de víctimas y a los sectores más ultras del entorno del Partido Popular, los mismos a los que mira Rajoy con un ojo, mientras con el otro, el presidente español intenta hacer guiños a las fuerzas políticas vascas, que le venían exigiendo movimientos seis meses después de que ETA anunciase el cese definitivo de su actividad armada el pasado 20 de octubre. En el PP, según ha podido saber este periódico, son conscientes de la necesidad de dar pasos y de hacer pedagogía, además de mejorar los problemas de comunicación que han detectado en su entorno -colectivos de víctimas y la caverna mediática- a cuenta del perdón.

El propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, al que la filtración del plan a la agencia Efe le pilló en Luxemburgo en una reunión con sus colegas europeos, destacó que los reclusos que asuman las directrices marcadas por Instituciones Penitenciarias deberán mostrar su voluntad de dejar atrás la violencia de forma "clara, solemne y pública". Una vez que los internos hayan roto con ETA, los que se incorporen al programa de reinserción participarán en aulas dirigidas a su educación en valores de convivencia, tendrán acceso a formación para facilitar su inserción en la vida laboral cuando recuperen la libertad y podrán incluso ser trasladados a centros penitenciarios próximos a sus domicilios, aunque no habrá acercamientos automáticos.

Según indicaron desde Instituciones Penitenciarias, la iniciativa prevé el agrupamiento de los presos que participen en ella en función de su grado de compromiso. Por ejemplo, si varios presos de la organización que actualmente cumplen condena en distintas cárceles deciden acogerse a estas medidas, terminarían juntándose en una misma prisión para seguir avanzando en su reinserción, preferentemente en un centro de Euskadi.

'vía nanclares' mejorada Actualmente, los presos de ETA que se acogen a la vía Nanclares -en la que se encuentran históricos como Joseba Urrosolo Sistiaga, Kepa Pikabea o Carmen Gisasola- ya tienen que firmar un documento renunciando a ETA, pidiendo perdón a las víctimas y mostrando su compromiso de hacer frente a las indemnizaciones y colaborar con la justicia. A cambio reciben beneficios penitenciarios como permisos de salida o el tercer grado, previo a la libertad condicional. Precisamente, el pasado lunes, Instituciones Penitenciarias pidió al juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional la puesta en libertad de José Manuel Fernández Pérez de Nanclares, encarcelado en Basauri y que ha mostrado de forma pública su rechazo a las directrices de la organización armada.

El Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz, según adelantó la agencia Europa Press, tiene previsto poner en marcha esta iniciativa de manera inmediata, por lo que en los próximos días trasladará a los responsables de todos los centros penitenciarios en los que hay presos de ETA las claves para tratar de detectar a aquellos que estuvieran dispuestos a participar en los programas y las aulas de reinserción.

Según estas fuentes, se intentará contar con aquellos reclusos que no reciben la asistencia de los abogados oficiales de la organización, aquellos internos menos activos en la disciplina y las protestas organizadas por el colectivo en prisión o aquellos que en el pasado manifestaron sus dudas acerca de la viabilidad de las prácticas violentas.

Hace unas semanas, los nuevos portavoces del EPPK ofrecieron al Gobierno español su mano tendida para el diálogo, además de reclamar la puesta en libertad de los reclusos enfermos, aquellos que se encuentran en prisión preventiva a la espera de juicio y de los que han cumplido las tres cuartas partes de la condena. Ahora, el Ejecutivo pone sobre la mesa este plan de reinserción, que pondrá a prueba la disciplina de los integrantes del EPPK. Hay que recordar que cualquier preso que a lo largo de estos años ha puesto en cuestión las decisiones de ETA ha sido expulsado de sus filas.

También puede dejar en suspenso la actual política de dispersión, que tuvo su puesta de largo en 1989, con el socialista Enrique Múgica como ministro de Justicia y Antoni Asunción -que luego sería titular de Interior- como responsable de Instituciones Penitenciarias, cuando el Gobierno de Felipe González acabó con la concentración de presos de ETA en pocas cárceles y decidió diseminarlos por todo el Estado para evitar que siguieran las directrices de la organización. Lo que sí ha provocado la política de dispersión, que PSOE y PP han prolongado durante estos años, es el coste adicional para los familiares y allegados de los reos.

Con este plan de reinserción, tal como indicó el propio Jorge Fernández Díaz, el Gobierno español considera que da continuidad al acuerdo parlamentario sobre la gestión del final de ETA que aprobaron en el Congreso PP, PSOE, PNV, Izquierda Unida y CiU.