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El TSJPV admite el recurso del PNV al plan 'estrella' del Gobierno Vasco en vivienda

el proyecto diseñado por arriola se adentra en un terreno plagado de lagunas legales

El Gobierno Vasco busca ingresos extra con la venta de 3.000 pisos de VPO a inversores privados

Asier díez mon - Sábado, 31 de Marzo de 2012 - Actualizado a las 05:24h

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El secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, Iñaki Arriola, ayer en la inauguración de la Casa del Pueblo de Errenteria

(efe)

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donostia. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo contra la operación con la que el Gobierno Vasco pretende externalizar parte del parque de viviendas de protección oficial de la CAV. El controvertido plan diseñado por el Departamento que dirige Iñaki Arriola alimenta muchas dudas, ya que se adentra en un terreno plagado de lagunas legales. La base del programa es la venta de casi 3.000 VPO a un promotor privado, que cedería a Etxebide los pisos durante 20 años para destinarlos a alquiler.

¿Qué ocurre pasado ese plazo? ¿Pueden ser vendidas las viviendas en el mercado libre? El grupo parlamentario del PNV cree que sí y por eso ha mantenido un oposición frontal al proyecto estrella de Arriola para la legislatura. Tras agotar todos los recursos administrativos, los jeltzales han llamado a la puerta de la Justicia ordinaria, que observa indicios suficientes como para tomar en consideración la causa. La admisión a trámite no supone en principio la suspensión cautelar de la iniciativa. El TSJPV decidirá ahora sí, como estima el PNV, el plan de cesión de viviendas vulnera varias normativas.

no protege el interés público A efectos prácticos, el Gobierno Vasco cederá terrenos públicos a precios regulados y pisos construidos bajo el paraguas de la administración con un menor beneficio para el empresario inmobiliario que en el mercado libre para que un tercero los rentabilice. Para el PNV, esa operación "ni protege el interés público, ni es rasgo de buena administración, y vulnera el ordenamiento regulador de los precios de vivienda de protección oficial".

El plan de cesión de viviendas, presentado como un nuevo modelo innovador de colaboración publico-privada en materia de VPO, permitirá en caso de cristalizarse que entren en las arcas del Gobierno Vasco 303 millones de euros de forma casi automática. Esa cantidad ha sido fijada en función de los precios regulados por la propia administración para las promociones públicas. Sin embargo, el inversor privado recibirá durante los 20 años que dura el contrato 430 millones por realquilárselos a Etxebide, porque para que la operación sea atractiva, el Gobierno pagará precios de mercado libre, 700 euros al mes por cada vivienda el primer año de contrato, con un compromiso de actualización de la renta del 2,5% anual. La cadena continúa, el Ejecutivo a su vez subarrienda esas mismas viviendas a los ciudadanos vascos que recurran al alquiler de vivienda pública. Esta última operación reportará unos ingresos de 180 millones de euros a Lakua.

"El objetivo que persigue el Gobierno López con esta operación no es otro que la obtención inmediata de liquidez", aseguran fuentes del PNV.

Ese dinero, que el Ejecutivo confía en recibir antes de fin de año, supondrá una importante inyección económica en un contexto marcado por la reciente decisión de recortar en 400 millones el gasto previsto en el Presupuesto de este año.

La presentación del recurso ante el Tribunal Superior se produjo el pasado 4 de enero y fue admitido a trámite a finales de febrero tras estudiar detalladamente las irregularidades denunciadas durante casi dos meses.

negociaciación A las reticencias iniciales a la propia base de la operación, el PNV añadió una posible vulneración de la Ley de Contratos del Sector Público y de la Ley de Patrimonio, que prohiben expresamente la modificación del pliego de condiciones de un concurso de la Administración. En este caso, se ha producido al parecer esa situación.

Según ha podido saber este periódico, el único candidato a hacerse con el contrato ha desistido a pesar de los intentos de Lakua por satisfacer sus exigencias y se ha declarado el concurso desierto. El Gobierno ha optado por rebajar las condiciones para encontrar a otro inversor. Una de las modificaciones ha sido abrir la operación a empresas de todo el mundo, hasta ahora ceñida a candidatos europeos, tras fracasar el intento con un fondo de inversión británico. Esa adaptación del concurso no ha contado con publicidad ni selección de candidatos, y todo apunta a que Vivienda negocia directamente con algún aspirante interesado, previsiblemente no europeo.

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