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Períodico de Diario de Noticias de Gipuzkoa

Urchueguía exhibe fuerza con una sentencia discutible en Nicaragua

la demanda contra un entrevistado por el grupo noticias le ha dado fuerza moral en somoto

n.g. - Domingo, 19 de Febrero de 2012 - Actualizado a las 05:27h

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Donostia. Uno de los rasgos más característicos de la trayectoria política de Ana Urchueguía ha sido el de amagar con querellarse cada vez que se le señalaba con el dedo por alguna irregularidad. De estas amenazas dan buena cuenta las formaciones que estaban en la oposición de Lasarte-Oria cuando ella era alcaldesa, la misma estrategia que siguió con el Grupo Noticias sin que hasta el momento se haya materializado en los juzgados ninguna querella ni procedimiento. Sin embargo, la actual delegada del Gobierno vasco en Chile y Perú debió ver una presa fácil en uno de los testimonios recogidos por este diario en Nicaragua, y el pasado mes de octubre presentó una querella por injurias en el Juzgado Local Penal de Somoto contra el exvicealcalde somoteño y fundador de la ONG Asodecom, Mauricio Cajina, que en una entrevista concedida a Xabier Lapitz aseguraba que Urchueguía "poco a poco fue usando los dineros de la cooperación para manejar la política municipal" y que "nunca se ha sabido muy bien qué era Asodecom y qué era doña Ana". Los 16 folios que ocupa la sentencia, donde se reproducen los interrogatorios y las pruebas procesales, es un compendio de inexactitudes y de mentiras que nadie se preocupó en verificar.

La sentencia afirma que la entrevista fue hecha en agosto cuando había sido publicada el 27 de febrero

La primera de ellas tiene que ver con las fechas. En el juicio se da por hecho que las informaciones publicadas por este Grupo sobre las propiedades de Urchueguía en Nicaragua salieron a la luz en agosto del pasado año. De hecho, la misma exalcaldesa reconoce que se enteró del tema cuando se hallaba en Nicaragua en esas fechas ya que acude allí con frecuencia a seguir "asesorando" en temas de cooperación, tal como queda constancia en los testimonios recabados en el juicio. Sin embargo, el Grupo Noticias inició su serie el 26 de febrero de 2010 y hubo una solicitud de comparecencia en el Parlamento Vasco en abril de ese mismo año donde Urchueguía tuvo ocasión de exponer su versión de los hechos. En agosto, por lo tanto, estaba ya aireado el escándalo y la opinión pública había leído los pormenores de sus vivencias por Nicaragua. "Ella se molestó y se sintió muy ofendida" al conocer las informaciones que circulaban en Internet "el 17 y el 25 de agosto", aseguran varios testigos que declararon a favor de Urchueguía. Ramón Aquiles González, considerado administrador de las propiedades de la exalcaldesa -"soy el que dirige directamente la Fundación Somoto, antes Oficina de Hermanamiento la Sarte-Oria (sic)" y pieza clave en la trayectoria de Urchueguía en Nicaragua-, miente al tribunal cuando asegura que tuvo "la oportunidad de ver cuándo el señor Cajina fue entrevistado por los señores esos españoles en el parque central de Somoto el quince de agosto aproximadamente a las dos de la tarde", cuando dicha entrevista ya había sido publicada el 27 de febrero. Una mentira más en boca de un asalariado de confianza de Urchueguía ya que, como él mismo reconoce, lleva "once años de relaciones laborales" con la exalcaldesa.

Mención aparte merece el relato de las pretensiones de Urchueguía en el juicio puesto que, además de exigir la reparación de su honor, solicitó una indemnización por "los costos morales de imagen y de injurias", pretensión que el juez cortó de raíz. El tribunal ni siquiera dio por hecho que estas noticias fueran la causa del "derrame cerebral" que había sufrido la madre de la exalcaldesa, argumento que ella utilizó con gran dramatismo durante su testimonio.

Resultado final: sentencia condenatoria contra Mauricio Cajina por injurias y una sanción de 68.940 córdobas (equivalente a 2.275 euros), lo que ha servido a Ana Urchueguía para alardear de una victoria moral ante los vecinos de Somoto, para afianzar su poder según algunas fuentes y todo ello sin que se haya cuestionado ni el origen de sus propiedades ni el entramado legal que rodea los fondos de cooperación de Lasarte-Oria.

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