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El presidente del Consorcio explicará por qué no se pidieron las ayudas para la incineradora

El PNV y el PSE solicitan su comparecencia en las Juntas para que aclare lo sucedido

La planta de Zubieta no recibirá los 3,5 millones anuales que se preveían porque las ayudas no fueron reclamadas a tiempo

Elene Arrazola - Sábado, 11 de Febrero de 2012 - Actualizado a las 05:26h

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Varias máquinas trabajan en la explanada en la que se prevé ubicar la planta de valorización energética de Zubieta. (Foto: Iker Azurmendi)

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Donostia. El diputado de Medio Ambiente y presidente del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK), Juan Carlos Alduntzin, deberá explicar ante las Juntas Generales por qué se ha quedado el proyecto de la incineradora sin las ayudas que el Gobierno central concedía hasta ahora a las instalaciones que generan energía renovable.

Tal y como informó ayer este diario, el Ejecutivo de Madrid ha suspendido las ayudas a todas las instalaciones que no estuvieran inscritas antes del 31 de diciembre en el registro de pre-asignaciones de las primas. Como se explicaba en el artículo, la planta de Zubieta no aparece en ese listado debido a que ese trámite debía formalizarlo Iberdrola y ésta decidió no hacerlo porque el Consorcio de Residuos le adeuda 800.000 euros por la construcción de la futura subestación de Zubieta. Como consecuencia, a menos que el Gobierno central revoque la decisión, la incineradora dejará de percibir los 3,5 millones de euros anuales que se preveían obtener durante los primeros quince años de la planta.

Tanto el jueves como ayer, este diario contactó con GHK para conocer su versión de los hechos, pero los responsables de la entidad prefirieron no hacer declaraciones.

Los que sí opinaron fueron los defensores del proyecto, que creen que la suspensión de las ayudas ha pillado al Consorcio "sin hacer los deberes". Y es que la inscripción en el registro de las ayudas era el siguiente paso a dar, después de que el proyecto básico hubiera sido aprobado el pasado mes de octubre por los anteriores gestores de la entidad.

La decisión de no hacerlo podría enmarcarse dentro de la moratoria de seis meses que GHK ha aplicado al proyecto de la incineradora, un plazo en el que también ha dejado de pagar facturas relacionadas con la planta de Zubieta. Los pagos ascienden a 4,2 millones de euros y no solo afectan a Iberdrola, sino también al Ayuntamiento de Donostia y a la UTE a la que se le adjudicó la construcción de la instalación, que tienen pendientes de cobrar sendas facturas de un millón y 2,4 millones, respectivamente.

Comparecencia Los gestores del Consorcio de Residuos no quisieron dar explicaciones a este rotativo, pero próximamente sí lo harán ante las Juntas Generales, ya que los grupos junteros del PNV y el PSE pidieron ayer la comparecencia urgente del diputado de Medio Ambiente y presidente del organismo para que aclare este asunto. Ambos grupos quieren "saber con detalle qué es lo que ha sucedido con el fin de depurar responsabilidades".

La solicitud se produjo el mismo día en el que el diputado general, Martin Garitano, comparecía en el parlamento foral para hablar, a petición del PSE, sobre residuos.

La portavoz socialista, Rafaela Romero, intentó conocer la opinión de Garitano sobre la pérdida de las primas de 3,5 millones de euros, pero éste le respondió que era a Aldun-tzin a quien correspondía dar las explicaciones pertinentes. "Pregúnteselo a él y le responderá, porque hoy hemos venido a hablar de otras cuestiones", apuntó, una respuesta que no satisfizo a la socialista: "A pesar de que se lo haya preguntado directamente, Garitano no ha querido responder ni dar ninguna explicación sobre este último capítulo de despropósitos", criticó tras la comisión de Reglamento, Instituciones y Gobierno.

Una vez más, Romero le acusó de "no dar ninguna explicación". "No sé si es parte de la estrategia de la confusión o de la incapacidad, la negligencia y la improvisación que caracteriza a su Gobierno, pero solo les quedan tres meses para dar una respuesta y todavía no han dicho qué quieren hacer con las basuras", afirmó.

El diputado general le respondió que el plazo de los seis meses "sigue vigente" y aseguró que, hasta que se cumpla, su Gobierno hablará con los demás partidos para "encontrar la mejor transposición de la directiva europea de los residuos".

Competencias A partir de ese momento, el debate se centró en las preguntas del PSE acerca del acuerdo presupuestario alcanzado entre Bildu y el PNV y la interpretación que ambos partidos hacían del mismo. "Lo que acordamos es que en los próximos seis meses Bildu no adoptaría ninguna decisión irrevocable en materia de residuos, y vamos a cumplir el acuerdo de arriba abajo", aseguró el diputado general. "Si alguno interpreta que Bildu aceptó quitar la competencia de la gestión de los residuos a los ayuntamientos y las mancomunidades para pasársela a las Juntas Generales, se equivoca", añadió, para insistir en que no será el parlamento guipuzcoano el que tomará la decisión final.

Y el portavoz del PNV, Markel Olano, respondió rápidamente tras la sesión que "son las Juntas Generales quienes deciden sobre el tratamiento de los residuos". En este sentido, señaló que "la norma foral de organización institucional de 2005 establece que la planificación corresponde a la Diputación, salvo en los casos en los que se produzcan planes extraordinarios sectoriales, como es el Plan de Residuos de Gipuzkoa". "Para este tipo de casos, la Norma Foral establece que serán las Juntas Generales las que tomen una decisión", dijo.

Por su parte, la portavoz de Aralar, Rebeka Ubera, pidió que este proceso "se lleve a cabo con solidaridad, concienciación y responsabilidad".

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