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Ocupación del Inmueble de Donostia

Comienza la comisión municipal de Uxotegi con la petición de comparecientes

EFE - Jueves, 9 de Febrero de 2012 - Actualizado a las 18:31h

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Fachada del edificio ocupado en la calle Gaztelubide número 5, conocido como Uxotegi. (Javi Colmenero)

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La comisión del Ayuntamiento donostiarra que investiga la ocupación del inmueble conocido como "Uxotegi" y la presunta intervención en el caso de Josetxo Ibazeta en calidad de secretario del alcalde ha echado hoy a andar con la petición de comparecientes por parte de los grupos de la oposición.

DONOSTIA. Según han informado a EFE fuentes municipales, en la primera reunión de la comisión, cuya constitución fue aprobada por el pleno municipal hace más de dos meses, han tomado parte los portavoces del PSE/EE, Ernesto Gasco; del PNV, Eneko Goia; de Bildu, Asier Jaka, y del PP, Ramón Gómez, quien además es su presidente.

Las citadas fuentes han explicado que durante el encuentro se ha decidido aplazar hasta una nueva cita, que tendrá lugar el próximo miércoles, la aprobación del reglamento de funcionamiento interno, así como la lista oficial de comparecientes.

Las fuentes han precisado que esto ha sido así porque tan sólo el PP y el PNV habían registrado previamente a la reunión de hoy sus solicitudes de comparecencias, mientras que el PSE/EE la ha presentado de viva voz en el encuentro de hoy, y Bildu, formación que desempeña el Gobierno municipal, ha decidido posponer este trámite hasta la próxima sesión.

En cualquier caso, las fuentes citadas han desvelado que las peticiones de comparecencias presentadas hoy son básicamente coincidentes y solicitan que declaren en la comisión el secretario del alcalde, Josetxo Ibazeta, distintos mandos de la Guardia Municipal, cuyo responsable último es Juan Karlos Izagirre, responsables de la Ertzaintza y el abogado de la dueña de Uxotegi.

Otros de los posibles comparecientes, además del alcalde, son cuatro ediles del Ejecutivo municipal, aunque el listado definitivo será aprobado en la reunión de la próxima semana.

Momentos antes de participar en la comisión celebrada este mediodía, el portavoz del PNV, Eneko Goia, ha asegurado que su partido quiere que se aclare "al máximo" lo sucedido para "que nadie tenga la presión de que existen dos varas de medir", al tiempo que ha desvelado que apoyará cualquier solicitud de comparecencia que formule cualquiera de los grupos.

INICIOS DE LA INVESTIGACIÓN
La creación de esta comisión de investigación fue aprobada en el pleno municipal del pasado 29 de noviembre por iniciativa de los grupos municipales del PP y del PNV a cuyos votos favorables se sumaron los del PSE/EE, mientras que los ediles del Gobierno local de Bildu se abstuviron.

En aquella sesión se decidió que la comisión desarrollase su función durante tres meses y estuviera compuesta por un miembro de cada grupo político, así como por un secretario, con derecho a voz pero sin voto, con reuniones periódicas cada quince días.

Los actuaciones de este órgano tendrán carácter político y serán independientes de las pesquisas que lleva a cabo sobre este asunto el Juzgado de Instrucción número 5 de Donostia, en el que declararon varios de los presuntos okupas, entre ellos la hija de Josetxo Ibazeta, además del propio secretario del alcalde.

Este juzgado investiga la entrada de un grupo de jóvenes, el pasado 24 de septiembre, en la citada vivienda, propiedad de una anciana residente en Madrid, así como las distintas versiones sobre la intervención de Ibazeta en este asunto.

Una de ellas mantiene que el asesor de Izagirre fue quien estuvo al frente de la ocupación y que cuando iba a actuar la Policía Municipal se identificó con una tarjeta de visita en la que figura su cargo en el Ayuntamiento, mientras que el ejecutivo local defiende que Ibazeta intervino como "interlocutor" entre agentes y okupas.

Los promotores de la comisión municipal que a partir de ahora también investigará este asunto justificaron en su momento la necesidad de investigar estos hechos por las "serias dudas" que les generaba la actuación del Gobierno local y la situación de "alarma social" suscitada.

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