El Consorcio de Residuos de Gipuzkoa acumula deudas por valor de 4,2 millones

Donostia. La próxima semana se cumplirá un año desde que el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK en sus siglas en euskera) adjudicó las obras de la incineradora por valor de 223 millones de euros. El acuerdo preveía iniciar las obras en 2012 con el objeto de poner en marcha la infraestructura en el plazo de dos años. Pero, a día de hoy, no hay máquinas trabajando en la construcción de la planta y la promotora de la obra, GKH, acumula deudas relacionadas con la incineradora por valor de 4,2 millones de euros. Se trata de tres facturas pendientes de pago al Ayuntamiento de Donostia, Iberdrola y a la UTE adjudicataria.

Fuentes consultadas precisan que la decisión de no abonar el dinero no se debe a motivos económicos, sino al acuerdo de aplazar el proyecto de la incineradora por seis meses. Si el plan del Centro de Gestión de Residuos de Gipuzkoa no sigue adelante, los contratos vinculados con el mismo tampoco lo hacen. Esa es la interpretación que realizó el Consorcio, y así se lo ha hecho saber a las entidades a las que adeuda dinero.

El Consorcio de Residuos, amparándose en el acuerdo presupuestario alcanzado entre Bildu y el PNV, aprobó aplazar hasta el mes de junio todos los acuerdos relacionados con la incineradora. El objetivo no era otro que "analizar la situación y tomar una decisión consensuada". Lo que no se ha sabido hasta ahora es que también se dejarían de abonar las facturas pendientes.

La decisión de suspender los pagos se adoptó en el Consejo de Administración de GHK del pasado 24 de enero. Y se hizo, según las actas de la reunión, "con carácter temporal, por un plazo de seis meses" y "por una causa sobrevenida, acreditada y de público". Se refiere a la voluntad expresada por 56 alcaldes guipuzcoanos, todos ellos de Bildu, de cambiar el modelo de gestión de residuos urbanos hacia sistemas acordes a la filosofía zero zabor. O lo que es lo mismo, que apuestan por recoger selectivamente las basuras en lugar de llevarlas a la futura incineradora.

Este cambio, en opinión del Consorcio que preside el diputado de Medio Ambiente, Juan Carlos Alduntzin, es razón suficiente para paralizar los acuerdos vigentes, ya que, de lo contrario, "el Centro de Gestión de Residuos de Gipuzkoa no responderá a la generación de residuos que se va a producir en 2013". Y es que, entiende que, si todos ellos implantan sistemas similares al puerta a puerta, la incineradora no recibirá las toneladas de residuos que se preveían cuando fue diseñada.

Tres pagos pendientes Sin comerlo ni beberlo, la decisión de suspender el proyecto, y por ende el pago de las facturas, ha afectado de lleno a instituciones públicas y empresas de diversa índole que estaban involucradas en el Centro de Gestión de Residuos de Zubieta.

La más afectada por el volumen de la factura es la UTE encabezada por FCC (adjudicataria del proyecto), a la que se le deben 2,4 millones de euros por el proyecto básico de la incineradora. A día de hoy, dicha cantidad debería haber sido ingresada en la cuenta de las empresas aunque GHK no lo ha hecho, amparándose en la letra pequeña del convenio firmado con la UTE, que contempla la posibilidad de prorrogar por seis meses su parte del acuerdo. Así pues, cabría la posibilidad de aplazar hasta junio el pago de los citados 2,4 millones.

No ocurre lo mismo con la segunda institución afectada: el Ayuntamiento de Donostia, propietaria de los terrenos en los que se preveía construir la incineradora. Según el acuerdo firmado entre ambas instituciones, el Consistorio recibiría alrededor de 18 millones de euros como contraprestación por la cesión de los terrenos necesarios para la ejecución de la planta de Zubieta. Según fuentes consultadas, 14 de ellos ya han sido abonados por GHK y el pasado mes de diciembre tocaba pagar otro millón que no ha sido abonado aún, pese haber expirado el plazo.

Y por ahora, todo parece indicar que no se procederá al pago, al menos en un periodo breve de tiempo, dado que GHK comunicó oficialmente el lunes que "la suspensión de la ejecución del contrato de la obra de Zubieta afecta al convenio firmado por Donostia, por lo que no procede al pago del millón que se debe".

Esta factura corresponde al cuarto y último pago de los más de cuatro millones de euros que se habían previsto entre las dos partes para implantar medidas de naturaleza compensatoria. Los tres primeros pagos se efectuaron satisfactoriamente, pero el de diciembre no llegó a consumarse y la alarma saltó en el Ayuntamiento de Donostia.

El secretario de Medio Ambiente del PSE-EE y edil en Donostia, Denis Itxaso, no tardó en denunciar la situación y acusar a GHK de "insolvencia", al tiempo que el PNV presentaba una moción en el Pleno instando al órgano supramunicipal a abonar el millón correspondiente. Todos los partidos, salvo Bildu, apoyaron la petición, que no solo exigía el pago de la factura, sino que también apoyaba el proyecto del Centro de Gestión de Residuos y emplazaba al Gobierno municipal a adoptar las medidas oportunas para continuar con el mismo.

Por su parte, el equipo de gobierno realizó un requerimiento para pedir el dinero que le adeudaba GHK. Y la respuesta llegó el lunes, 24 días más tarde, confirmando que el último pago queda suspendido.

Hoy, el grupo municipal del PNV ofrecerá una rueda de prensa para dar cuenta de esta polémica que, bajo su punto de vista, debería finalizar con la solicitud, por parte del equipo de gobierno, del dinero adeudado. Consideran que el Gobierno de Juan Karlos Izagirre se pliega a las órdenes de la Diputación, gobernada también por la coalición abertzale.

En cualquier caso, desde Alcaldía informan de que "están estudiando" la situación con el objeto de encontrar la mejor solución posible.

Iberdrola El tercer pago pendiente afecta a Iberdrola y asciende a nada menos que 826.000 euros, tal y como refleja la factura que acompaña a este artículo. Dicho montante corresponde a la construcción de la subestación eléctrica que se prevé construir en Zubieta para abastecer, no solo a la planta de valorización energética, sino al resto de infraestructuras previstas en la zona, como son las plantas de biometanización, secado y compostaje, así como la cárcel y el polígono industrial que se ubicarán en Zubieta. Asimismo, la subestación serviría para evacuar la energía que producirían la incineradora y las plantas de biometanización y secado.

Así pues, se entiende que la factura de Iberdrola corresponde a conceptos que van más allá de la incineradora. Pero, aun así, el Consorcio de Residuos ha decidido paralizar su pago hasta nuevo aviso, que podría ser en junio, una vez finalice el aplazamiento de seis meses acordado por GHK. La factura está fechada el 4 de noviembre y tres meses después, la empresa eléctrica sigue sin recibir un solo euro de los 826.000 que le adeuda GHK.