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Pendientes de Sortu

la nueva formación de la izquierda abertzale, presentada hoy hace un año, espera al constitucional

donostia, j. arretxe - Martes, 7 de Febrero de 2012 - Actualizado a las 05:26h

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Los impulsores de Sortu, el 8 de febrero de 2011 (Foto: Pablo viñas)

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LA petición es generalizada. La mayoría de los agentes políticos y sociales de Euskadi la secundan. Incluso también de fuera, como el Grupo Internacional de Contacto (GIC) que lidera el sudafricano Brian Currin o el Foro de São Paulo, que reúne a grupos de izquierdas latinoamericanos: Sortu debe entrar al juego político del día a día. Coinciden, incluido el lehendakari, Patxi López, en que contribuiría a la consolidación del nuevo escenario de paz y normalidad.

Pero es algo que no depende del partido, que pide resolver su causa "con urgencia". La situación de la que está llamada a ser la formación de la izquierda abertzale y a engrosar una coalición junto a EA, Alternatiba y Aralar, continúa en el limbo jurídico y todo apunta a que así seguirá por un tiempo.

Hace hoy justo un año, Rufi Etxeberria e Iñigo Iruin detallaban el proyecto de un partido cuya llegada era esperada, vistos los pasos que la izquierda abertzale había emprendido con el debate de lo que luego desembocaría en el documento estratégico Zutik Euskal Herria!

Aquel 7 de febrero de 2011, ante representantes de otras formaciones y agentes sociales y culturales vascos, estos dos históricos de la izquierda abertzale presentaban el partido político que al día siguiente se conocería con el nombre de Sortu y entre cuyos impulsores se encontrarían Iñaki Zabaleta, Karmele Agirregabiria o Maider Etxebarria, su secretaria general.

Rufi Etxeberria y, sobre todo, Iñigo Iruin -en calidad de abogado- daban cumplida cuenta del principal requisito que las instituciones españolas habían estado poniendo a la izquierda abertzale. Sortu rechazaba en sus estatutos la violencia "abiertamente y sin ambages", algo que incluía a ETA, "en cuanto sujeto activo de conductas que vulneran derechos y libertades fundamentales de las personas".

Sortu hizo explícito en sus estatutos la ruptura con anteriores fórmulas de la izquierda abertzale

Además, y para hacer fehaciente esa ruptura con el pasado, la formación de la izquierda abertzale -Aralar aparte- proponía en sus estatutos un modelo de organización de partido jerárquico y al uso. Nada de esto sirvió al Gobierno español, cuyo Ministerio del Interior, dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba, detuvo el expediente de inscripción del nuevo partido y lo envió al Tribunal Supremo junto a unos informes policiales. La Sala Especial del Tribunal Supremo rompía por primera vez su consenso en temas relacionados con la izquierda abertzale -9 magistrados frente a 7, que veían la sentencia repleta de "citas parciales y conjeturas incompatibles"- y daba el visto bueno al suspenso del Ejecutivo. Era el 23 de marzo y los plazos jugaban contra la izquierda abertzale si quería presentar Sortu a los comicios del 22 de mayo.

No fue así. Tras una nueva negativa del Supremo, Sortu presentó el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional el 18 de mayo. El 20 de junio, esta petición fue admitida, ya sin el ruido mediático que habían generado la primera batalla, la del Supremo, y el proceso Bildu.

Desde entonces, parón. Los independientes de izquierdas y abertzales pudieron concurrir, aun sin Sortu, a las elecciones forales y municipales coaligados con EA y Alternatiba. A estos, seis meses después, se les adhirió Aralar, formando la plataforma Amaiur para las elecciones generales del 20 de noviembre.

Mientras tanto, de Sortu, ni rastro. ETA decretó el cese definitivo de la violencia el 20 de octubre y el popular Mariano Rajoy alcanzó La Moncloa poco antes de Navidad, pero no parece que haya movimientos en torno al Constitucional.

Según distintas fuentes, podría no haberlos hasta que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, impulse la renovación de las cuatro vacantes en el Tribunal -sillas vacías desde 2010, tres porque cuyo mandato expiró y la cuarta, por deceso-.

Se espera que será entonces, algo que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría se comprometió a hacer "a la mayor brevedad posible", cuando el nuevo Constitucional aborde el último proceso de legalización que tiene pendiente la Justicia española.

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