"Apostaremos por que las personas dependientes estén en su entorno en lugar de derivarlas a centros residenciales"

Donostia. Ha pasado de ser uno de los junteros de la oposición más exigentes con los servicios sociales en la pasada legislatura a dirigir el Departamento de Política Social. ¿Qué ganarán los guipuzcoanos con su llegada?

No voy a personalizarlo en mi llegada, sino en un equipo nuevo que accede a la Diputación de Gipuzkoa con nuevas ideas. Es un nuevo proyecto político antagónico en muchos casos al anterior Gobierno foral porque así lo han querido los guipuzcoanos.

¿Comparte la idea de que Gipuzkoa es uno de los territorios con políticas sociales más avanzadas?

Al César, lo que es del César. La verdad es que nos hemos encontrado una situación mejor en comparación con Bizkaia y Araba. En la infancia y la adolescencia se había hecho un trabajo y, ahora, vamos a reorientarlo e implementarlo. En la atención a la dependencia, sobre todo en lo que era la interpretación de la Ley de Dependencia, se hizo una interpretación positiva y expansiva.

¿Seguirá el rumbo de su predecesora, Maite Etxaniz?

Intentaremos llevar a cabo los planteamientos y los principios que defendimos desde la oposición. La aprobación de los Presupuestos de este año ha sido muy importante porque la partida para políticas sociales se incrementa por encima del 7%.

¿En qué se traducirá ese aumento?

Una parte se centrará en la apertura de 275 nuevas plazas residenciales, la cantidad más importante de los últimos diez años. Habrá nuevos centros de día, centros de rehabilitación psicosocial y se inaugurará el centro Betharram en Hondarribia.

¿En qué medida se reducirán las listas de espera?

Indudablemente se mejorarán los tiempos de espera, pero, además, reflexionaremos acerca de si hay que priorizar la atención residencial o facilitar, por el contrario, que las personas dependientes permanezcan en su entorno. A priori, apostaremos por la segunda opción, aunque seguirá habiendo ingresos en el caso de las personas que no puedan ser atendidas en sus domicilios.

¿Ese debate también se extenderá al ámbito de los menores tutelados?

En el sistema de atención a la infancia y a la adolescencia apostamos por reforzar la intervención familiar, de manera que la retirada de la custodia sea la última opción.

¿Incluirá novedades en el ámbito de la infancia?

En los próximos meses incluiremos novedades, pero no puedo adelantar nada porque el lunes compareceré en las Juntas Generales para dar cuenta de ellas. Lo que sí que puedo decir es que es necesario reordenar la red porque ha habido un crecimiento exponencial y eso ha generado desequilibrios y falta de homogeneidad. Incluiremos novedades, pero no cerraremos ningún centro, por si la tendencia cambia.

¿En qué medida ha afectado la crisis en la disminución de la llegada de menores inmigrantes?

No nos gusta en excesivo hacer diferencias entre autóctonos y extranjeros, pero lo cierto es que en los últimos tiempos los autóctonos tutelados han aumentando (pasando de los 354 de 2008 a los 486 del año pasado); frente a los foráneos, que han disminuido de los 221 de hace cuatro años a los 67 de 2011.

¿Qué prevén hacer a este respecto?

Creemos necesario reducir la ocupación de los pisos, aumentar el ratio de los educadores en los pisos, mejorar sus condiciones laborales, apostar por los programas de emancipación y reorientar los problemas especializados.

¿Por qué han aumentado tanto los menores autóctonos tutelados?

Es difícil saberlo con exactitud, pero la crisis ha afectado mucho. Actualmente hay 311 menores acogidos en familias y aprovecho para agradecer su labor e invitar a la gente a que conozca esta experiencia mediante la asociación Beroa o la Diputación.

Por primera vez se registran en Gipuzkoa denuncias por violencia filio- parental. ¿De cuántos casos hablamos? ¿Es preocupante?

Es difícil hacer una radiografía, pero sabemos que las cifras están incrementando. Es posible que el aumento se deba a las mejoras que se están dando en la detección precoz y el trabajo increíble que están haciendo los servicios sociales y los centros educativos. La crisis también está vinculada porque estas situaciones llevan a la quiebra y, antes, posiblemente, podían solucionarse mediante la intervención familiar.

Aboga por terminar con las subcontratas e inclinar la balanza hacia unos servicios asistenciales públicos. ¿No supondrá un encarecimiento del servicio?

Es un debate artificial porque, si miramos cuánto le cuesta a la Administración prestar los servicios sociales, comprobamos que las concesiones de residencias a 50 años, por ejemplo, resultan dos veces más caras que si se hace directamente. El encarecimiento depende de cómo lo mires porque, cuando hablan del abaratamiento, lo hacen a costa de las condiciones laborales y salariales de las trabajadoras. Y lo digo en femenino porque es un trabajo especialmente feminizado y precarizado.

¿Qué prevé hacer a este respecto?

Nos proponemos mejorar sus condiciones laborales y salariales. En el último presupuesto nos planteamos que en ningún caso se deje de aplicar el convenio. Reflejaremos las mejoras salariales que estaban previstas en el convenio de las residencias, pero no solo en este sector, sino también en el de la intervención social, en el que hay alrededor de 400 magníficos profesionales. Estamos trabajando para implementar el convenio de inserción social con carácter retroactivo, lo que mejorará la situación de los trabajadores y el servicio que ellos prestan.

¿Podría la Diputación ofrecer directamente los mismos servicios que se prestan hasta ahora?

Todos los servicios de inspección y valoración tienen que ser de gestión directa porque así lo indica la ley de Servicios Sociales. Aun así, tenemos una dificultad añadida: el decretazo de Mariano Rajoy, que congela las Ofertas Públicas de Empleo (OPE).

¿Los contratos directos se limitarían a inspección y valoración?

No. Empezaremos por los servicios de valoración e inspección, y, a partir de ahí, abordaremos otros retos, como asumir la gestión de las residencias municipales. Nos hemos propuesto reordenar los recursos para que los centros residenciales municipales pasen a gestión foral. Estamos preparando una propuesta para trasladársela a los ayuntamientos.

¿Para cuándo pretenden alcanzar el acuerdo?

Esperamos afrontarlo en los próximos meses.

¿Y el del modelo de gestión?

El decretazo de Rajoy nos impide asumir la gestión directa de los servicios de valoración e inspección a corto plazo. Pero estamos preparándonos para pasar del modelo de las concesiones administrativas a 50 años a un modelo en el que la Administración tenga el protagonismo.

¿Se plantea la construcción de más recursos?

Cuando entramos en el departamento había sobre la mesa tres proyectos sin financiación: los de Irun, Usurbil y Elgoibar. A priori, no descartamos ningún proyecto, pero, para ello, habrá que esperar a que la Diputación recupere músculo financiero y capacidad de inversión que ahora mismo no tiene. No podemos ser imprudentes, endeudarnos sin límite para abordar inversiones y no ser capaces de mantenerlas después.

El envejecimiento de la población obligará a dar respuesta a nuevas necesidades. ¿Qué reflexión hace al respecto?

Es un reto que tendremos que afrontar. La población está envejeciendo y tenemos que darle soluciones.

Si la tendencia sigue en esa dirección, ¿es posible mantener la sostenibilidad del sistema de protección?

¿Es sostenible el sistema de carreteras? Nunca se escucha esa pregunta y, en cambio, una y otra vez se oye en el ámbito de las políticas sociales. Los servicios sociales no solo son sostenibles, sino que deben serlo.

¿Qué postura mantendrá la Diputación en la presunta trama de bebés robados?

Desde un principio y lejos de los focos de las cámaras, hemos mantenido reuniones, tanto a nivel político como técnico, con las asociaciones que trabajan para esclarecer la presunta trama. Hemos proporcionado la información sobre adopciones que nos han solicitado para tratar de colaborar en la búsqueda de la verdad y tienen nuestro apoyo.

¿Prestará algún tipo de ayuda a las personas afectadas?

Nuestra actitud es de apoyo absoluto a las personas afectadas, y consideramos que todas las instituciones deben prestar su colaboración con la máxima transparencia en este asunto. Además, en la convocatoria de ayudas económicas de 2011 se destinó una subvención a las personas afectadas, al igual que podrá hacerse en la nueva convocatoria de ayudas prevista para este año.

El departamento que dirige es uno de los que menos proyección pública tiene. ¿Se propone cambiarlo?

Este departamento es conocido por determinadas informaciones que, en ocasiones, se malinterpretan y manipulan. Hemos hablado de ello y nos gustaría valorar las políticas sociales porque, en contra de lo que se pueda pensar, no son gasto social, sino inversión social. Generan actividad y revierten en la sociedad.