El Gobierno vasco subraya el compromiso de Euskadi para llegar "hasta el final"

GASTEIZ. La consejera de Justicia del Gobierno vasco, Idoia Mendia, ha  expresado su "satisfacción" porque en Euskadi, "a diferencia de lo  que ocurre en otras comunidades autónomas, la Fiscalía y los jueces  están investigando hasta el final" los casos de adopciones  irregulares. "Todas las instituciones estamos juntas para tratar de  esclarecer estos hechos", ha insistido.  

Mendia ha realizado estas declaraciones a los medios de  comunicación tras participar en la primera reunión de la Comisión  interdepartamental que el Ejecutivo vasco ha constituido este viernes  y en la que han mantenido un encuentro con las asociaciones Anadir y  SOS Bebés Robados, que agrupan a la mayoría de afectados por estas  adopciones irregulares. 

La consejera ha explicado que, además de los trabajos que cada  departamento realiza por su cuenta, se ha constituido esta comisión,  solicitada por el lehendakari, integrada por las consejerías de  Sanidad, Interior y Justicia para conseguir una "mejor coordinación y  rápida respuesta a los Tribunales", ya que realizará el seguimiento  de estos casos en el País Vasco. 

"Si los afectados detectan algún tipo de resistencia a la  obtención de documentación de tipo sanitario o judicial, al tener una  referencia única como es la directora de Derechos Humanos, vamos a  poder responder de manera más activa", ha explicado.

Mendia ha calificado la reunión como "muy satisfactoria" y ha  subrayado que las víctimas se merecen "toda la solidaridad de las  instituciones" porque "es su deber tratar de ayudar a estas personas  a encontrar a sus familiares". "Lo que les preocupa es encontrar a  sus hijos, padres o hermanos", ha insistido. 

Asimismo, ha señalado que los afectados pueden estar "satisfechos"  porque en Euskadi, "a diferencia de lo que ocurre en otras  comunidades autónomas, la Fiscalía y los jueces están investigando  hasta el final". "Todas las instituciones estamos juntas para tratar  de esclarecer estos hechos", ha insistido.  

Sin embargo, ha reconocido que las asociaciones plantean problemas  que el Gobierno vasco "no puede responder" como la falta de locales o  de fondos porque el Ejecutivo tiene unas "órdenes subvencionales  bastantes estrictas" pero les ha invitado a dirigirse a las  diputaciones y ayuntamientos.  

MEDIDAS

Mendia ha recordado que la Administración vasca ha estado  ofreciendo medidas para los afectados desde los departamentos de  Sanidad, Interior y Justicia con el objetivo de ayudarles en el  esclarecimiento de los hechos con una "total colaboración" con la  Justicia y la Fiscalía y ha resaltado el "magnífico trabajo" que está  realizando la Ertzaintza, en concreto la Unidad criminal que se ha  responsabilizado de este asunto.

Por otro lado, ha señalado que el Gobierno vasco ha puesto a  disposición de las víctimas, no sólo a las asociaciones, el 'Servicio  de atención a la Víctima' en los cuatro partidos judiciales ubicados  en las tres capitales vascas y en Barakaldo. "La víctima obtiene  asistencia psicológica y una primera atención jurídica para que sepan  qué pasos puede dar", ha explicado. 

Respecto a los problemas que las asociaciones han denunciado a la  hora de acceder a la documentación de los registros judiciales,  Mendia ha explicado que "fruto de la buena relación" que el Ejecutivo  mantiene con el Poder Judicial vasco, se inició una inspección en  todos los registros de Euskadi con la que se ha concluido que así  como en Vizcaya y Alava los registros civiles se mantienen "casi  íntegros a pesar del paso de los años", en el caso de Guipúzcoa,  "territorio especialmente castigado por el terrorismo", se han  encontrado "algunas lagunas".

PRUEBAS DE ADN

Finalmente, ha recordado el protocolo de colaboración con el  instituto toxicológico de Madrid para la recogida de pruebas de ADN  para los afectados, bajo orden judicial, que posteriormente se envían  al instituto donde se están elaborando un banco de ADN para los  afectados.

El abogado de la asociación Anadir, Fernando de la Sotilla, por su  parte, se ha mostrado "gratamente sorprendidos" por la respuesta de  la instituciones vascas y ha calificado la comisión  interdepartamental como una iniciativa "perfecta" que puede dar  "buenos frutos".

Sotilla, que en Euskadi representa a más de cuatrocientas  familias, ha explicado que alrededor de una docena de personas han  encontrado a sus familias en todo el Estado. "No son muchos pero  estamos en una fase muy inicial; estos procesos van a ser muy  largos", ha defendido.

NUMERO DE CASOS

Según ha recordado Mendia, la mayor parte de las denuncias que se  están investigando proceden de Guipúzcoa, donde se han interpuesto  126 denuncias, de las que se han archivado 9 y el resto están en fase  de investigación.

En Alava está investigando directamente la Fiscalía y son 31 las  denuncias interpuestas, mientras que en Vizcaya ha habido 48  denuncias investigadas por los juzgados y 18 directamente por la  Fiscalía, de las que se han archivado 21. 

Además, ha recordado que en Vizcaya es donde más se ha "avanzado"  ya que hay una persona imputada y se ha realizado una prueba de ADN.  Respecto a las exhumaciones, se han realizado tres, dos en Guipúzcoa  y una en Vizcaya, todas ellas con resultado de ausencia de feto.