El Gobierno Vasco crea una comisión para abordar la presunta trama de bebés robados

bilbao. Son ya varias las tumbas abiertas en Euskadi por orden judicial que se han hallado vacías en lugar de con los restos del niño/a que esperaban encontrar. La lápida es ficticia y no responde a la realidad del interior. Las denuncias que están interponiendo para localizar a estos recién nacidos cuyos cuerpos no aparecen están dando paso a la certeza de que durante décadas pudo existir una trama bien urdida de redes de intereses de personas que sustraían los bebés haciendo creer a los padres que habían muerto. Al tener la mayoría de estos casos de robos de bebés relación con los ámbitos de la sanidad pública, la preocupación y la indignación social se ha extendido y no deja de aumentar.

En la actualidad, en SOS Bebés Robados contabilizan 650 casos en toda Euskadi, aunque todavía continúan recibiendo llamadas de nuevos afectados. Para abordar el desarrollo de las denuncias, la consejera de Justicia y portavoz del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, se reunió ayer en Bilbao con el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro.

Conscientes de la indignación y el clamor social que están suscitando estos casos, tras el encuentro anunciaron la creación de una comisión, integrada por los Departamentos de Sanidad, Justicia e Interior del Gobierno Vasco, que serán los encargados de seguir la trama de bebés robados en Euskadi.

El encuentro entre Calparsoro y Mendia fue la antesala de la reunión que tienen prevista para hoy en Vitoria el Gobierno Vasco y las asociaciones Anadir y SOS Bebés Robados, que agrupan a la mayoría de afectados por estas adopciones irregulares durante el franquismo y los primeros años de la democracia. En la reunión, en Lakua, a partir de las 10.00 horas, estarán presentes los tres departamentos. La intención del Ejecutivo es que esta cita se repita cada cierto tiempo para darles a las familias las últimas noticias del estado de los procedimientos incoados.

cada seis meses "Esta comisión interdepartamental servirá para estar más interconectados dentro del propio Gobierno y con la Fiscalía y la Justicia", aseguró Mendia. Salvo algún asunto excepcional, la comisión se reunirá con una periodicidad de seis meses, ya que, en opinión de la consejera de Justicia, ese es un periodo de tiempo suficiente para ver "cómo van avanzando las investigaciones y qué dificultades se pueden encontrar".

En esta línea, Mendia, al igual que el fiscal jefe del País Vasco, reconoce que el mayor problema con el que se encuentran a la hora de conseguir la verdad para reparar a estas víctimas es el paso del tiempo, "que impide el encontrar muchas veces testigos de aquellos hechos".

En el encuentro de hoy, el Gobierno Vasco quiere trasladar de primera mano a las asociaciones todas las actuaciones que están llevando a cabo desde distintas áreas del Ejecutivo; se les ofrecerá también la información de última hora con respecto a la Fiscalía y, sobre todo, se escuchará a los afectados, "para ver cómo ven el paso del tiempo, las actuaciones y procedimientos", explicó Mendia, que recordó que el propio lehendakari, Patxi López, se ha mostrado "muy preocupado ante los últimos hechos conocidos de la apertura de sepulturas y la no aparición de restos de bebés que se suponía que tenían que estar allí enterrados".

más coordinación En la comisión interdepartamental, según indicó la consejera, se coordinarán los tres departamentos que ya venían colaborando en estos procedimientos: Interior, por las actuaciones policiales de la Ertzaintza; Justicia, como responsable del Instituto Vasco de Medicina Legal que hace las pruebas de ADN y del servicio de atención psicológica a la víctima; y Sanidad, en cuyos hospitales nacieron muchos de esos niños presuntamente desaparecidos. "Ahora estaremos más coordinados", dijo Mendia.

Por su parte, el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, que trabaja de forma decidida para esclarecer lo sucedido, recordó que la mayor parte de las denuncias que se están investigando proceden de Gipuzkoa, donde se han interpuesto 126, de las que se han archivado nueve (el resto está en fase de investigación). Además, en Araba son 31 las denuncias interpuestas y en Bizkaia ha habido 48 denuncias investigadas por los juzgados y 18 directamente por la Fiscalía (de las que se han archivado 21).

Calparsoro destacó la relación intensa que tiene la Fiscalía con la Ertzaintza, como Policía Judicial, "que está haciendo un trabajo muy minucioso y muy complicado por los años que han transcurrido", ya que los nacimientos y posteriores adopciones que se investigan comienzan en torno a 1940.

El fiscal superior del País Vasco confía en que se pueda esclarecer el mayor número de casos posible. En esta línea, aseguró que la posición de la Fiscalía es que los hechos deben ser investigados. "Sé que hay dificultades jurídicas por la posible prescripción que se ha planteado en algún caso", señaló, para agregar que su idea es, "en la medida de que haya un mínimo indicio", partir de que es posible que los hechos hayan ocurrido y, por tanto, de que deben "investigarse".

imputado En relación a la declaración como imputado de un ginecólogo en Bizkaia, aseguró que, según la información que le han trasladado desde las fiscalías territoriales, "no está prevista ninguna imputación más, pero estamos en fase de investigación". Tal y como explicó Calparsoro, el caso más avanzado es el de Bizkaia, en la medida en que ha habido una declaración como imputado, pero una cosa es esta declaración y otra que luego hubiera una acusación, que tampoco está prevista de momento.