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El director del Instituto Vasco de Medicina Legal insiste en que desde las instituciones "siempre ha habido un compromiso" con los afectados y explica que, para que se inicien los procesos judiciales, "es necesario que las familias presenten toda la documentación posible"
Iraitz Astarloa - Sábado, 14 de Enero de 2012 - Actualizado a las 05:26h
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Carlos Cubero posa en un laboratorio del Instituto Vasco de Medicina Legal. (Foto: Zarrabeitia)
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Donostia. ¿Cómo se desarrolló la exhumación del pasado martes?
Un equipo del servicio de patología del Instituto Vasco de Medicina Legal de Donostia, por requerimiento del juzgado de guardia, se personó en el cementerio de Polloe para una exhumación de cadáver. El forense, al abrir la caja, vio que no había nada, solo unas gasas y algo de algodón, pero no había ningún resto biológico. Después, se hizo un informe sobre la actuación y este informe se remitió al juzgado de guardia. A su vez, con la debida autorización del juzgado, se procedió a informar oficialmente a la familia.
¿Si el cadáver de Rebeca Losa Ocáriz hubiese estado enterrado allí, qué restos habría encontrado el forense?
Si realmente hubiese habido un cadáver allí, el equipo forense habría encontrado huesos. Un cadáver, pasados unos cinco años de la defunción, pasa a ser resto cadavérico, es decir, solo quedan los restos óseos. Un recién nacido ya tiene esqueleto y este permanece de por vida. Si no hay restos óseos significa que ahí no ha habido nada, eso se vio en cuanto se abrió la caja.
Sorprende la rapidez con la que se han conocido los resultados.
Es que al no encontrarse muestras biológicas no ha habido que hacer pruebas de laboratorio.
¿Qué procedimiento se hubiese seguido en el caso de haberse encontrado algún resto biológico?
Se habría hecho el estudio de la huella genética del hueso y el comparativo con el ADN también mitocondrial, bien de la saliva de la madre o de un hermano o hermana. En estos casos, se hace un estudio de exclusión, es decir, si no coincide el ADN materno con el ADN de los restos óseos significa que no era un familiar.
En Euskadi hay unas 300 familias afectadas. ¿Qué procedimientos deben seguir para que el juez encargado de su caso autorice una exhumación?
Existe un protocolo de actuación específico para los casos de niños robados elaborado por el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco, que orienta a los familiares sobre qué pasos tienen que dar y a los profesionales también nos indica qué proceso tenemos que seguir.
¿Qué actuaciones contempla ese protocolo?
La persona que sospecha que un familiar suyo ha podido ser robado, tendría que ir a poner la denuncia bien al Ministerio fiscal o bien al juzgado de guardia. Si presenta una documentación con el suficiente soporte para el fiscal o el juez, se inicia la investigación, como ha sido este caso -en referencia a la familia Losa Ocáriz-. En el momento en el que se inicia la investigación, el juez de guardia, bien a instancias del fiscal o bien porque directamente la familia ha ido al juzgado, abre unas diligencias y comienza la investigación oficial, que es cuando ya interviene el equipo médico forense y sigue las indicaciones del juez, que será quien autorice o no la exhumación.
Así que para dar comienzo al proceso, es vital que la familia presente toda la documentación que haya podido recabar.
Así es. Hay que insistir en que tiene que haber una base, una documentación que haga que el juez abra unas diligencias. Cuando uno que va a poner una denuncia tiene que exponer, argumentar y documentar el caso para que el juez o el Ministerio fiscal abra una investigación.
Ha habido dos exhumaciones en Euskadi, una en Bizkaia y otra en Gipuzkoa. ¿Prevé que ahora vengan más?
Estamos todos sensibilizados con este tema y, lo más importante, tenemos las herramientas de trabajo, los conocimientos técnicos y científicos, y sobre todo, tenemos un deber para con la sociedad de investigar la demanda de cada persona que sospeche que un familiar suyo haya sido un niño robado.
¿Habrá un antes y un después de este caso?
Como en todo, al principio, había cierta confusión y desorden, pero después de estos dos casos podemos hablar de un antes y un después, esto va cogiendo forma y cada vez habrá más denuncias.
Sin embargo, las familias demandan una mayor implicación por parte de las instituciones públicas.
En un principio había cierta confusión y había, incluso, ciertas críticas de que no había apoyo por parte de las instituciones. Pero apoyo siempre ha habido, por parte de Gobierno Vasco; por parte de la Administración de Justicia, jueces, magistrados, Ministerio fiscal; y por parte de los técnicos, la Er-tzaintza, el equipo médico forense del Instituto Vasco de Medicina Legal. Ha habido un compromiso porque es un deber con la sociedad el hacerlo.
Gracias por su comentario
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