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La necesidad de despejar la incógnita sobre los residuos marca el nuevo año en Gipuzkoa

En 2012 no se culminarán grandes proyectos ni infraestructuras viarias

Antes de junio se decidirá si se construye la incineradora, se prescinde de ella o se hace una planta más pequeña

Elene Arrazola - Martes, 3 de Enero de 2012 - Actualizado a las 05:27h

Máquinas trabajan en la explanada en la que se prevé ubicar la planta incineradora de Zubieta

Máquinas trabajan en la explanada en la que se prevé ubicar la planta incineradora de Zubieta (Iker Azurmendi)

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Donostia. Gipuzkoa afronta la llegada del nuevo año con muchos retos y objetivos por cumplir. A diferencia de otros ejercicios, 2012 no estará marcado por la culminación de grandes proyectos ni infraestructuras, ya que las instituciones se han visto obligadas a apretarse el cinturón a causa de la delicada situación económica. Habrá proyectos e inversiones, pero no alcanzarán, ni de lejos, la dimensión de años anteriores. No en vano, la partida destinada a inversiones se ha visto reducida en un 52% en los Presupuestos forales de 2012. Sin lugar a dudas, este año, los esfuerzos estarán centrados en buscar una salida a la crisis. Pero, más allá del ámbito económico, el gran debate del año será la gestión de residuos urbanos, ya que Gipuzkoa deberá elegir el modelo más adecuado para recoger y tratar las más de 400.000 toneladas de basuras que se generan anualmente en el territorio.

Todo parece indicar que se debatirá largo y tendido sobre esta cuestión, ya que las posturas del Ejecutivo de Martin Garitano y la mayoría de los partidos de la oposición son contrapuestas. Por una parte, Bildu, y por ende la Diputación, abogan por extender la filosofía del zero zabor, es decir, recoger selectivamente los residuos, tal y como se viene haciendo actualmente en Hernani, Oiartzun, Usurbil y Antzuola. Defienden el modelo de la recogida puerta a puerta porque, según sus datos, arroja los mejores resultados, con porcentajes de reciclaje superiores al 80%. Y por ello, reprueban el proyecto de la incineradora al considerarlo "innecesario".

Como alternativa a la infraestructura de Zubieta, proponen construir plantas de compostaje e inertizar el 15%-20% restante, para depositario después en vertederos controlados, al igual que se hace con los materiales de la construcción.

En el otro extremo se sitúan el PNV, el PSE y el PP, las tres formaciones que en la pasada legislatura aprobaron, junto con Hamaikabat, el Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa (PIGRUG). Dicho documento fue concebido como "el final de la era de los vertederos y el inicio del tratamiento moderno de los residuos urbanos" mediante la incineración.

Después de dos décadas debatiendo sobre el mejor sistema para tratar las basuras, en la pasada legislatura, las Juntas Generales dieron su visto bueno al proyecto de la planta incineradora y el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa adjudicó la construcción de la misma a la UTE formada por las empresas FCC, Serbitzu Elkartea, Altuna y Uria y AE&E Inova.

Para financiar los 223 millones que costaría la operación, el Consorcio llegó a un acuerdo con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), Banesto y La Caixa: el primero proporcionaría 195 millones y los 68 restantes provendrían, a partes iguales, de las dos entidades bancarias. El acuerdo fue suscrito en febrero y las obras arrancaron poco después.

Victoria de Bildu Cuando parecía que el problema de los residuos estaba resuelto, el panorama cambió radicalmente con la llegada de Bildu a la Diputación Foral de Gipuzkoa. La planta incineradora había suscitado una fuerte oposición durante la gestación del proyecto, pero, por primera vez, se empezaba a concebir la posibilidad de pedir una moratoria para la infraestructura. De hecho, el Gobierno foral anunció que se decantaría por esta vía en el Consejo de Administración del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa, órgano presidido por Bildu y en el que la Diputación cuenta con el 33% de los votos.

La llegada del Ejecutivo de Martin Garitano ha reabierto el eterno debate de los residuos urbanos, ya que la competencia de la recogida de los residuos compete a las mancomunidades -la mayoría de las cuales está gobernada por Bildu-, pero el tratamiento en alta corresponde a las Juntas Generales, en las que la coalición solo tiene 22 de los 51 procuradores.

Todo ello se ha visto reflejado en las negociaciones presupuestarias entre Bildu y la oposición. Las posturas siguen siendo las mismas, así que, ante la imposibilidad de llegar a un consenso, el PNV y la coalición acordaron aplazar por seis meses todas las decisiones referentes a este proyecto. Durante ese plazo se comprometieron a analizar el problema en profundidad con el objeto de buscar una solución consensuada.

No ha pasado ni un mes desde entonces, pero, por de pronto, 46 alcaldes guipuzcoanos de Bildu ya han mostrado su voluntad de implantar el zero zabor en sus municipios.

Basuras a Bizkaia Entretanto, los tres vertederos operativos en Gipuzkoa (el azpeitiarra de Lapatx, el beasaindarra de Sasieta y el zarauztarra de Urteta), siguen absorbiendo las basuras generadas en el territorio. Tal y como se ha advertido en repetidas ocasiones, la vida útil de los tres basureros está a punto de finalizar, y por ello, en 2008 se decidió comenzar a transportar 25.000 toneladas de residuos anuales a Bizkaia hasta la puesta en marcha de la incineradora.

El convenio firmado con la Diputación del territorio vecino finalizará el próximo mes de junio y solo es prorrogable en el caso de que ambas partes mantengan los términos en los que se firmó el acuerdo. De ahí que la petición de la moratoria por parte del Gobierno foral suscitara dudas, especialmente en el grupo juntero del PP de Bizkaia, al considerar que el aplazamiento podría afectar al convenio suscrito en 2008. Pero el diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, respondió rápidamente que el acuerdo sigue vigente y lo seguirá estando hasta que expire.

Eso ocurrirá en junio, el mismo mes que se han marcado de plazo el PNV y Bildu para llegar a un acuerdo en torno a la incineradora. Para entonces, se tendrá que decidir si se paraliza la incineradora, se mantiene el proyecto inicial o se construye una menor.

Todavía es pronto para saber cuál será la decisión final, pero la posibilidad de redimensionar el proyecto cobra cada vez más fuerza, sobre todo si varios pueblos se suman al puerta a puerta y disminuye la cantidad de residuos urbanos generados. La decisión final se conocerá en el plazo de seis meses y, a partir de ahí, tocará dar forma al nuevo modelo de gestión.

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