Incógnitas en torno a la incineradora

Donostia. Poco o nada se ha avanzado desde que el diputado de Medio Ambiente, Juan Carlos Alduntzin, dijera que el Gobierno foral no construirá la incineradora de Zubieta "tal y como está planteada". El debate sobre esta futura instalación sigue tomando cada vez más forma, e incluso ha comenzaro a cobrar fuera un posible redimensionamiento del proyecto, pero la Diputación no confirma tal extremo, ni tampoco si finalmente llevará a la práctica la moratoria de cinco años que Bildu proclamó en campaña electoral. Partidarios y opositores de la planta exigen respuestas, pero la coalición prefiere "analizar" la situación en profundidad antes de comunicar una decisión.

Mientras tanto, las obras siguen su curso y los todavía gestores en funciones del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa se preocupan muy mucho de que los mecanismos y los plazos estipulados sigan su curso. Sin ir más lejos, esta misma semana, el Consorcio ha aprobado el diseño del edificio que albergará la incineradora de Zubieta, una decisión que no ha estado exenta de polémica.

El más crítico fue el diputado de Medio Ambiente, al afirmar que el acuerdo se había adoptado "a toda prisa y casi a escondidas", en referencia a que este próximo jueves se renovará el Consejo de Administración del Consorcio (y Bildu se hará con la presidencia de la entidad, hasta ahora encabezada por el jeltzale Carlos Ormazabal).

Desde el Consorcio en funciones se defendieron argumentando que "era necesario" aprobar ese trámite, ya que, de lo contrario, habría que afrontar unas indemnizaciones millonarias a la UTE adjudicataria de la obra, debido a que "se cumplía el plazo establecido en los pliegos de condiciones del proyecto".

Lejos de aceptar las explicaciones, Alduntzin calificó este acuerdo como "la última pedorreta del Consejo de Administración saliente, con el único afán de pretender hipotecar más el futuro de los guipuzcoanos". Y aseguró que, una vez se conforme el nuevo Consorcio, "se procederá a analizar la situación y revocar el acuerdo, si así lo consideran los nuevos gestores".

Asimismo, negó que el hecho de paralizar el proyecto obligue a pagar los 158 millones de euros a la UTE formada por FCC, Serbitzu Elkartea, Altuna y Uria y AE&E Inova, tal y como advierten los actuales gestores del Consorcio. "Primero habrá que ver si hay causa de indemnización, no puedo decir cuánto si igual no hay causa", criticó para asegurar que había mantenido conversaciones con las entidad financieras y "no hay alarma".

¿Redimensionar?

Una solución posible

Pese a la insistencia de los periodistas, el diputado no quiso entrar a valorar la posibilidad de que la Diputación redimensione el proyecto, es decir, construir una incineradora de menor dimensión. Y es que, a medida que pasan las semanas, son más las voces que apuntan a esta dirección.

Sería una fórmula algo intermedia entre paralizar el proyecto y acometer la obra tal y como estaba prevista por los anteriores gestores, al tiempo que se evitaría pagar las indemnizaciones millonarias de las que tanto se está hablando últimamente.

Ni el diputado de Medio Ambiente ni la portavoz foral, Larraitz Ugarte, sueltan prenda sobre esta cuestión, pero, recientemente, los representantes políticos de Donostia participaron en un debate televisivo del que muchas personas extrajeron sus propias conclusiones. No en vano, los partidos de la oposición presionaron al alcalde, Juan Karlos Izagirre, para que explicara la postura de Bildu con respecto a la incineradora. Y, aunque el primer edil se posicionase en contra del proyecto actual, sobre la posibilidad de redimensionar la planta, respondió que, "si hay que hacerlo, se hará".

Desde el Ayuntamiento niegan que esta afirmación permita deducir que la Diputación apostará por reducir el tamaño, pero varios políticos y televidentes así lo entendieron.

Sea como fuere, el tiempo pasa y no hay respuestas oficiales. Hay quien opina que Bildu no se pronunciará hasta pasadas las elecciones del 20 de noviembre, pero es posible que revoque la decisión del anterior Gobierno foral antes de esa fecha, tal y como hizo con el puerto exterior de Pasaia. Porque, en lo que todas las partes coinciden, es en que el problema de los residuos exige una solución rápida, dado que los tres vertederos de Gipuzkoa, Lapatx, Sasieta y Urteta, están llegando a sus límites.