La Diputación ve posible que el Consorcio revoque el acuerdo sobre la incineradora

Donostia. El acuerdo adoptado el jueves por el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK en sus siglas en euskera) en el que se aprobó el diseño del edificio que albergará la incineradora de Zubieta fue "la última pedorreta del Consejo de Administración saliente, con el único afán de pretender hipotecar más el futuro de los guipuzcoanos", en opinión del diputado de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Alduntzin.

Acompañado de la directora de Medio Ambiente, Ainhoa Iraola, Alduntzin compareció ayer para valorar una decisión "sumamente grave por cuanto va en contra de la voluntad de las mancomunidades y de los ayuntamientos", que conformarán el próximo jueves el nuevo Consorcio.

En este sentido, afirmó que el acuerdo "no tiene ninguna virtualidad política ni práctica" porque "el nuevo Consejo de Administración que se formará la semana que viene, analizada la situación, podrá decidir revocar ese acuerdo".

Cambios pendientes El Consorcio de Residuos de Gipuzkoa, que se encarga de desarrollar e implantar soluciones para la correcta gestión de las basuras urbanas del territorio y que está constituido por la Diputación y las ocho mancomunidades de residuos, se creó en 2007 y, desde entonces, ha estado presidido por el jeltzale y exdiputado de Desarrollo Sostenible, Carlos Ormazabal.

Pero el nuevo mapa político que dibujaron las elecciones del 22 de mayo está teniendo su reflejo en las mancomunidades de residuos y, por ende, en el Consorcio. Bildu controla ya cinco de las ocho mancomunidades: San Marcos, Urola Kosta, Debagoiena, Tolosaldea y Urola Erdia, mientras que el PSE preside las de Txingudi y Debabarrena.

Una vez que el martes se decida la composición de la última entidad, la de Sasieta, el Consorcio podrá definir su estructura en una reunión que ha sido convocada para el jueves a las 16.00 horas.

Según Alduntzin, el hecho de adoptar el jueves un acuerdo "a toda prisa y casi a escondidas", a pesar de la existencia de un informe "del letrado asesor y de la secretaría del consejo" que lo calificaba de "improcedente", es "una huida hacia adelante".

Aunque fuentes del Consorcio en funciones arguyeron el jueves que era necesario adoptar el acuerdo para no tener que afrontar indemnizaciones millonarias a la UTE adjudicataria porque se cumplía el mes de plazo establecido en los pliegos de condiciones del proyecto, el diputado foral señaló que este extremo era "falso". "No era necesario desde ningún punto de vista", matizó, para detallar que el "propio pliego dejaba que el próximo Consejo de Administración adoptara la decisión más conveniente y así fueron informados los consejeros por el letrado asesor y por la secretaría". "El pliego decía que el plazo de un mes se podía ampliar otro mes", concretó.

Para el diputado de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la decisión, adoptada de manera unánime el jueves por los representantes del PNV, PSE-EE y Hamaikabat, se hizo "con la intención de condicionar" al próximo consejo. En este sentido, quiso dejar "claro" que "no lo conseguirán". "No van a condicionar la decisión que tomen libremente las mancomunidades, la Diputación y el Consorcio", manifestó.

¿Indemnizaciones? Respecto al argumento de las indemnizaciones, a pesar de que Alduntzin dijo haber revisado la documentación, no quiso valorar "cantos de sirena" que citan cantidades diversas: "un día son 158 millones, otro día 2,2 y otros hablan de 44". Es más, planteó la duda sobre la existencia de las citadas indemnizaciones. "Primero habrá que ver si hay causa de indemnización, no puedo decir cuánto si igual no hay causa", criticó el diputado, quien añadió: "He mantenido conversaciones con las entidades financieras y no hay alarma".

Cuestionado sobre la posibilidad de redimensionar la planta incineradora, consideró que "sería una aventura" abordar un tema así desde la "tribuna" de la Diputación. "Hay que dejarle tiempo suficiente al Consorcio para que tome sus decisiones valorando todas las cuestiones, documentación, financiación..., entablando conversaciones con las entidades financieras, con la adjudicataria...".

Finalmente, el diputado de Medio Ambiente también descartó la posibilidad de que se pueda reabrir algún vertedero de Gipuzkoa en el caso de que el de Igorre (Bizkaia) se niegue a recibir más basura si se paraliza la incineradora.