"Paralizar el proyecto de la incineradora tendría una penalización de no menos de 100 millones"

Donostia. ¿Cómo definiría los primeros meses de Bildu al frente de la Diputación?

Veo cierta parálisis o indefinición en determinados temas como los peajes o la incineradora. Un día dicen que habrá peaje y moratoria y, al siguiente, que hay que estudiarlo. Además, creo que presentan un panorama muy distinto y mucho peor del que realmente hay en las arcas forales. Hablan de un supuesto desfase de 100 millones, pero omiten el dato de los 73 millones de remanente de los que dispone la Diputación. Y después, dicen que hay una deuda de 1.753 millones que es falsa porque no es una deuda originaria de la Diputación, sino de las inversiones realizadas por Bidegi y el Consorcio, dos entidades jurídicas propias con las que el Gobierno foral solo hace de avalista. Da la sensación de que están haciendo oposición desde el Gobierno y eso muestra que no tienen un proyecto para Gipuzkoa.

¿Le sorprende que todavía no se hayan posicionado respecto a la incineradora?

Después de escuchar las primeras declaraciones del diputado general, Martin Garitano, daba la sensación de que todavía no se creía que estaba en el Gobierno. Seguir con la cantinela de la moratoria puede resultar sencillo, pero a la hora de sentarse a estudiar los proyectos se han encontrado la realidad de unos proyectos que tardan varios años en gestarse. No hay que olvidar que llevamos varias legislaturas discutiendo este proyecto y que en la última ha sido cuando realmente se ha llevado a cabo, porque se han constituido el Consorcio, una norma foral y un Plan Territorial de Residuos, y hemos podido adjudicar el proyecto de la incineradora por 223 millones.

¿Sería técnicamente posible paralizar la obra?

Supondría unas pérdidas enormes porque la empresa adjudicataria está destinando muchos recursos materiales y humanos en la obra. Y eso tiene unas penalizaciones económicas muy importantes porque habría que indemnizarle por el cese de la actividad y los lucros cesantes (beneficios esperados que no se producirían). No hay que olvidar que está previsto que este proyecto genere puestos de trabajo, mantenga la actividad de las empresas del territorio y movilice dinero, que, en este momento, es escaso.

¿A cuánto podrían ascender esas penalizaciones?

Dependería del nivel de ejecución de la obra, pero calculo que no sería menos que de 100 millones de euros. Hay que tener en cuenta que la suma de todas las infraestructuras contempladas en el Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos (PIGRUG) asciende a 374 millones. Aquí se incluyen la incineradora, la planta de pretratamiento, la de valorización de escorias, la planta de compostaje, la de biometanización, las estaciones de transferencia, e incluso, el cierre y la clausura de los vertederos. Si no se hace la incineradora, todo esto se verá afectado y habrá que pagar las indemnizaciones pertinentes.

¿En qué quedarían los 195 millones que se comprometió a aportar el Banco Europeo de Inversiones (BEI)?

Si se retrasa o echa para atrás este proyecto, uno de más adelantados medioambientalmente en Europa, dudo de que más adelante se pudiesen conseguir unas condiciones de financiación tan favorables como las que hemos logrado por parte del BEI.

¿Cree que finalmente se optará por una moratoria de cinco años?

Se habla de moratoria, pero no se dice que, si se opta por esa vía, los tres vertederos que siguen funcionando (Sasieta, Lapatx y Urteta) no podrán seguir recibiendo basuras. Está previsto que el de Beasain cierre sus puertas en 2013, y los de Lapatx y Urteta tienen un plazo un poco mayor, aunque no mucho más. Bildu solo habla de la recogida y se posiciona a favor del puerta a puerta, pero no dice por qué modelo apuesta para gestionar después las basuras.

¿Ve la posibilidad de que el Ejecutivo de Garitano redimensione el proyecto de la incineradora, al igual que se hizo con Tabakalera?

La generación de residuos se ha reducido por efecto de la crisis y no convendría reducir la dimensión del proyecto pensando que nos vamos a mover en los términos actuales. En cuanto se reactive la economía, volveremos a los niveles anteriores de generación de residuos, que llegaron a situarse en los 425 kilos anuales por ciudadano (ahora estamos en los 400 kilos).

¿Cree que el nuevo Gobierno implantará el 'puerta a puerta' en más municipios?

No creo que vaya más allá de Hernani, Oiartzun, Usurbil y Antzuola porque esa decisión se debe tomar en el seno de los ayuntamientos. Y, sean de un signo u otro, los equipos de gobierno tendría, que llegar a acuerdos con otras formaciones para implantar el puerta a puerta. Además, no hay que olvidar que en Juntas Generales Bildu no tiene mayoría porque, aunque se una con Aralar, contaría con 23 de 51 escaños. El resto de partidos se están ratificando en su apoyo a lo que es el PIGRUG, la norma foral que está vigente, por lo que considero que el actual Gobierno foral no tendrá apoyos suficientes para modificarlo.

¿Por la oposición que plantarán el resto de partidos?

No solo por la oposición, sino porque no han especificado cuál será su modelo de gestión. Están en contra de la incineradora, pero no dicen si prevén abrir el vertedero de San Marcos y si alargarán la vida de los otros tres. En estos momentos, a Bildu le ocurre una cosa curiosa: controla la Mancomunidad de San Marcos, y de ahí salen 120.000 toneladas anuales de residuos a vertederos que también están bajo su control. Ellos se lo guisan y ellos se lo van a tener que comer.

San Marcos ha elegido esta semana a su presidente y el resto de mancomunidades lo hará en las próximas semanas. ¿Qué panorama vaticina?

Llama la atención ver cómo Bildu y el PSE han acordado el reparto de los representantes del Ayuntamiento de Donostia en la Mancomunidad de San Marcos: habrá un representante de cada partido, y eso significa que el PSE, nuevamente, ha facilitado que Bildu tenga la mayoría en la mancomunidad.

Todo parece indicar que cinco de las ocho mancomunidades quedarán en manos de Bildu. ¿Cómo afectará eso al Consorcio?

Salvo Debabarrena, Txingudi y Sasieta, parece que el resto de las mancomunidades quedarán en manos de Bildu. Por eso, es necesario que digan cuál es su planteamiento con la gestión de los residuos, aunque dudo de que cambien mucho las cosas, porque la coalición no conseguirá mayorías en las Juntas Generales.

¿Cuál será la postura del PNV desde la oposición?

Ya hemos pedido al diputado general que comparezca en las Juntas Generales para explicar su plan de gestión de residuos. Además, hemos metido una propuesta de norma foral para que la Diputación no tome decisiones en contra de los acuerdos adoptados hasta ahora. Y es que hemos visto operaciones un tanto extrañas, como la decisión de la directora de Medio Ambiente de paralizar el Plan Territorial Sectorial de Residuos que dice dónde van a ir ubicadas las distintas infraestructuras previstas en el PIGRUG. Es una decisión que va en contra de la Mancomunidad de Sasieta y del compostaje. Otro de los temas que me inquieta es la postura que tendrá cada partido integrante de Bildu con respecto a la gestión de residuos, porque varios altos cargos fueron representantes de EA en el Consorcio y apoyaron el PIGRUG. ¿Qué harán ahora?, ¿ir contra esa norma foral?, ¿se le puede llamar a eso travestismo político?

Repasando su labor al frente al Departamento de Desarrollo Rural, ¿rectificaría en algo?, ¿le ha quedado algo pendiente?

Creo que hemos cumplido con los objetivos y lo hemos hecho con nota porque hemos entrado en plazo. Hemos hecho lo que debíamos y nadie nos puede achacar lo contrario. Reto al nuevo Gobierno foral a que presente un proyecto de norma foral que mejore el nuestro y que concite la suficiente adhesión para poder ser llevado a cabo.

¿Le daría alguna recomendación a su sucesor Juan Karlos Aldun-tzin?

Que mire las cosas con detenimiento y que reconozca que lo que se ha hecho era lo que se tenía que hacer. Me ofrezco para ayudarle en todo lo que crea necesario.