"A la palabra eutanasia habría que quitarle la carga cruel que se le está dando"

donostia. La Asociación por el Derecho a la Muerte Digna de Euskadi abogó ayer por eliminar "la carga cruel" se está otorgando a la palabra eutanasia "desde diferentes sectores de la sociedad". El caso del médico de Baiona acusado de aplicar la eutanasia activa a cuatro enfermos del centro hospitalario ha reavivado un debate ante el cual esta organización defiende que tanto las encuestas de opinión como el tejido social abogan por la despenalización de esta práctica.

Al parecer, el galeno Nicolas Bonnemaison reconoció ante el juez la semana pasada que aplicó la eutanasia activa a cuatro enfermos en la zona de urgencias de la residencia sanitaria lapurtarra en los meses de abril, mayo, julio y agosto. Por el momento, las familias de los enfermos fallecidos, todos ellos ancianos y en estado agonizante, no han interpuesto demanda alguna contra el médico, lo que hace suponer que dieron el visto bueno a estas prácticas.

Felipe Izagirre, maestro jubilado y miembro de la Asociación por el Derecho a la Muerte Digna, sospecha que "si las familias no han tomado ninguna medida legal, podríamos estar ante un caso similar al ocurrido en Leganés", cuya causa contra ocho médicos del hospital Severo Ochoa fue sobreseída hace cuatro años.

En aquella ocasión, la polémica se destapó por la supuesta sedación irregular de pacientes terminales, que murieron poco después de recibir el tratamiento. Un anónimo llegó a denunciar "practicas de eutanasia masiva" contabilizando hasta 400 supuestos casos de homicidio.

La Fiscalía de Madrid examinó estos casos, y concluyó que solo 16 merecían ser investigados. El juez falló finalmente que se había "practicado mal la Medicina", pero no constaba que las muertes fueran consecuencia de ello. Es decir, no se encontraron elementos suficientes para determinar si los fallecimientos se debían "a la sedación indebida o a su enfermedad inicial".

Desde hace dos años, el doctor Luis Montes, que resultó absuelto en el juicio sobre presuntas sedaciones, preside la Asociación por el Derecho a la Muerte Digna. "Todo lo que vaya a mejorar la forma de morir en este país si es para mejor, lo apoyamos, pero el debate que está pendiente en la ciudadanía no es otro que el de la disponibilidad de la propia vida", ha asegurado en más de una ocasión el doctor Montes.

marco normativo A raíz del debate surgido tras el caso de Baiona, Izagirre incide en la indefinición que actualmente sobrevuela en el marco normativo, lo que genera no poca confusión en las discusiones en torno a la muerte digna.

Desde la Asociación por el Derecho a la Muerte Digna reivindican la despenalización del Código Penal de la eutanasia y la determinación en el proceso de morir porque "el derecho a la vida es un principio constitucional pero exige la voluntad de vivir".

El psiquiatra eibarrés Juan Sánchez Vallejo, miembro del Sindicato Médico de Gipuzkoa, recuerda que, hoy por hoy, la eutanasia activa, "la ayuda al suicidio", sigue estando castigada en el Estado y solo se concibe la conocida como pasiva, es decir, la desconexión ante determinadas situaciones terminales irreversibles, aquellas con las que se pretende paliar la situación de un paciente que va a morir a corto plazo.

Por lo pronto, ni siquiera tiene visos de salir adelante la nueva iniciativa parlamentaria que se proponía aumentar las garantías ante determinados tratamientos de cuidados en la última fase de la vida. El adelanto electoral del 20-N ha dejado en entredicho el anteproyecto de Ley de Cuidados Paliativos, cuyo texto estaba previsto ser presentado al Consejo Interterritorial de Sanidad, donde están representadas las autonomías.

Esta norma recoge una mejora de las condiciones de la asistencia que reciben los pacientes en el tramo final de la vida, así como facilitar el trance a sus familiares mediante ayuda especializada. Eso sí, no regula en todo caso la eutanasia, sino que se centra en reforzar los derechos de los pacientes terminales. El proyecto, que probablemente se quede en el camino debido al adelanto electoral, contempla la posibilidad de extender a toda la población el derecho de los pacientes terminales a ser atendidos en su propio domicilio si así lo desean, y garantiza la intimidad a los enfermos y sus familias en el tramo final de la vida.