Mentiras mediáticas sobre la crisis (y II) Origen y principio del drama

El origen de la crisis actual se sitúa en 1982, cuando Ronald Reagan suprimió la regulación impuesta por la Ley Glass-Steagall, que había estado vigente desde los años 30. Con la llegada de Bush a la Casa Blanca se prohibió la regulación de los derivados financieros y los bancos pudieron sacar al mercado los créditos subprime.

LAS crónicas financieras afirman que, con el acuerdo alcanzado in extremis entre demócratas y republicanos para aumentar el techo de endeudamiento público en EEUU, la economía occidental ha evitado la quiebra y, en consecuencia, ya podemos dormir tranquilos. ¡Qué tamaña desfachatez! Dudo mucho que los millones de parados puedan tener un mínimo de tranquilidad al leer en los medios de comunicación cómo el tsunami mediático creado en torno a la deuda soberana permitirá, como el caso estadounidense, reducir el gasto público de los servicios sociales, apelando a la "necesaria e inexcusable reducción del déficit público".

Lo dicho, una desfachatez, similar a los cantos de sirena que se oían hace cuatro años cuando, al decir de los expertos y las agencias de calificación, el riesgo de una quiebra sistémica en el sector financiero amenazaba con sumir en las tinieblas a la sociedad. Para impedir el desastre pedían la ayuda de los poderes públicos o, dicho en otras palabras, pedían, y consiguieron, socializar sus pérdidas a cambio de mantener intacto "su derecho" a privatizar los beneficios. Hace cuatro años la propaganda mediática utilizó un concepto poco conocido y menos entendido: "quiebra sistémica financiera".

En la actualidad persiste la misma estrategia propagandística, aunque dirigida a un nuevo concepto "deuda soberana". En ambos casos, la poca claridad de estos conceptos y otros similares contribuye al objetivo de alarmar a la sociedad con graves peligros sobre su futuro que justificarán el recorte del gasto público en el llamado estado de bienestar. Tal es así que las corrientes neoliberales consiguen transfigurar su interés económico en un problema social, cuya envergadura, inflada artificialmente, termina constituyéndose en razón de Estado y en objetivo prioritario de los gobiernos.

El espectáculo, se mire por donde se mire, es esperpéntico, pero eficaz. Los poderes públicos, tanto en EE.UU. como Europa, ni pueden ni quieren profundizar en las causas que realmente han originado la crisis actual, cuyo principio puede estar en los créditos subprime, pero no así su origen, ni mucho menos. En todo caso, aquellos polvos (hipotecas basura) han traído estos lodos (millones de parados, recesión y empobrecimiento) que ahora pretenden solventar haciendo un llamamiento a la austeridad en forma de recortes en el gasto público que debilitarán la educación y la sanidad, por poner dos de los servicios más sensibles.

¡Cuidado! No pretendo minimizar la importancia de aquellas hipotecas basura ni colocar la crisis de la deuda soberana en el capítulo de problemas intrascendentes o artificiales. No, miren, ambos asuntos son muy graves en sí mismos. Pero lo más importante es que son la consecuencia de una política de gasto construida sobre la base de un modelo económico (neoliberal, especulativo y desregulado) que se ha venido abajo y que nos afecta en la medida de que tanto las ayudas públicas que se dieron para evitar hace 4 años el riesgo sistémico así como el pago de la deuda soberana se sale del bolsillo de los ciudadanos, vía impuestos.

La cuestión es saber si está tan justificado el durísimo ajuste que quieren imponer los gobiernos con la promesa de que nos van a sacar del pozo en el que nos han metido ellos mismos al hacer dejación de sus responsabilidades como guardianes o protectores del bienestar social. Por tanto, surgen varias sencillas preguntas: ¿están haciendo un buen diagnóstico de la crisis que padecemos?; ¿por qué tenemos que creerles ahora? o ¿por qué tenemos que pagar nosotros el ajuste y no el sector financiero?

Resulta evidente que, en democracia, los ciudadanos no votamos a los políticos para que, como gobernantes, nos mientan y nos conduzcan a un empobrecimiento generalizado donde una mayoría vamos a vivir peor que antes y una minoría privilegiada y poderosa vive igual o mejor, pese a ser responsables en primera instancia de la crisis. La justicia permite creer que los responsables, por acción u omisión, de un desastre económico como es esta crisis deben dar cuenta de sus errores y responder ante la sociedad.

Cuando votamos lo hacemos para que nuestros políticos sepan afrontar los problemas mediante un diagnóstico claro y unas medidas justas. Es decir, todo lo contrario de lo acontecido en los últimos cuatro años en los que las reuniones y cumbres al más alto nivel (FMI, G-20, BCE, etc.) apenas sí han dejado alguna declaración grandilocuente, muchas promesas que no se han cumplido y escasas medidas mínimamente eficaces pero, en cualquier caso, insuficientes, mientras que los errores han sido abundantes y graves en el diagnóstico de la crisis, lo cual conduce a la toma de medidas equivocadas para salir de ella.

El primero de estos errores viene dado por no saber discernir entre el principio de algo y su origen. Sabemos que aquellas hipotecas basura convertidas en productos financieros en EE.UU. fue el principio de la crisis hace ahora cuatro años. Pero olvidamos que su origen se remonta tres décadas atrás, a comienzos de los 80, cuando Ronald Reagan suprimió la regulación impuesta por la Ley Glass-Steagall que había estado vigente desde los años 30 en los que Franklin D. Roosevelt puso en marcha el New Deal, un programa intervencionista y regulador para luchar contra los efectos de la Gran Depresión de 1929.

La Ley Glass-Steagall pretendía evitar que, en el futuro, los bancos realizaran actividades especulativas. Además, con esa ley se estableció el Seguro Federal de Depósitos para proteger los ahorros de los accionistas de los bancos "normales". Se aprecia claramente que la ley quería regular el sector, para evitar los comportamientos irracionales que caracterizan a la banca de inversión. Pero, como señalaba hace dos años el Premio Nobel de Economía, Paul Krugman (The New York Times) "en 1980 el recuerdo de la Depresión ya se había marchitado. El gobierno, declaraba Reagan, es el problema y no la solución; la magia del mercado debe ser liberada. Las medidas de prevención fueron eliminadas".

Y aquí se originó la madre de todas las crisis económicas, la que vivimos y sufrimos hoy, que es la más grave de todas las registradas en los anales de la historiografía económica. La decisión de Reagan, al inicio de este artículo, pone de manifiesto hasta qué punto las corrientes neoliberales se ganaron las simpatías del actor-presidente de EEUU y cómo su vaticinio de "solución a largo plazo" no solo no se ha cumplido, sino que es el origen de la tragedia actual.

Para justificar esta desregulación financiera se argumentaba que la globalización económica exigía, tanto en EEUU como en Gran Bretaña, una mayor libertad de acción para los bancos y no estar sujetas a distintas legislaciones. Una postura que fue secundada en Europa. Así pues, liberado el sistema financiero de las restricciones de cada país, comenzó la concentración oligopólica de enormes proporciones y los bancos volvieron al mercado especulativo (divisas y capitales) que les había estado vedado desde 1932, emitían bonos, invertían en el mercado de materias primas, en las Bolsas de valores, financiaban fusiones y adquisiciones, etc, etc. Las primeras consecuencias se empezaron a notar en la deuda pública, cuyo aumento fue posibilitado por la desregulación financiera.

Pero el sistema financiero es insaciable y años después, en diciembre del 2000, es decir, concluidas las elecciones presidenciales que daban las llaves de la Casa Blanca a George W. Bush, el Congreso USA aprobó la Ley de Modernización de Futuros, que prohibía la regulación de derivados financieros, el desencadenante de los créditos subprime. Hasta ese momento, los bancos exigían todo tipo de garantías a la hora de conceder préstamos, pero el nuevo presidente USA llegaba con ideas revolucionarias como cuando manifestó: "Estoy dispuesto a imprimir todos los billetes que hagan falta para acabar con la crisis económica".

Estamos, por tanto, en 2001 y la nueva ley permitía nuevas prácticas a los bancos, como la venta de las hipotecas a un banco de inversión que las incorporaba a otro tipo de préstamos (tarjetas de crédito, préstamos al consumo, etc…) para crear productos financieros llamados CDO (Colateral Debt Obligation u Obligaciones de Deuda Colateral) que se podían vender a inversores por todo el mundo. Estos CDO eran calificados por las agencias de rating que cuantas más calificaciones Triple A concedían, más dinero ganaban.

Por primera vez, si alguien no pagaba su hipoteca el banco que la había concedido no perdía dinero pues esta ya había sido vendida a otra entidad y, después, englobada en productos financieros que se vendían en el mercado. Muchos bancos europeos compraron estos productos financieros de tal suerte que se vieron contagiados por las subprime tras estallar la burbuja inmobiliaria. El después es de sobra conocido a partir del verano de 2007; por eso, quienes hoy predican la austeridad presupuestaria como la única solución a la crisis, pero no ponen freno a la desregulación financiera causante de la misma, están confesando su incapacidad, incluso su desvarío, como gobernantes.