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proceso de legalización de la izquierda abertzale

Sortu pide al Tribunal Supremo su legalización "para construir un futuro sin violencia"

EFE - Martes, 22 de Marzo de 2011 - Actualizado a las 16:14h

Los abogados de la defensa de Sortu, Adolfo Araiz e Iñigo Iruin, con los magistrados de la Sala del 61 del Tribunal Supremo al fondo.

Los abogados de la defensa de Sortu, Adolfo Araiz e Iñigo Iruin, con los magistrados de la Sala del 61 del Tribunal Supremo al fondo. (Foto: Efe)

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MADRID. El abogado de Sortu, Íñigo Iruin, ha reclamado hoy a la Sala del 61 del Tribunal Supremo (TS) que permita la inscripción de esta formación en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior porque se trata de un ingrediente indispensable "para construir un futuro sin violencia".

Así lo ha indicado en la vista pública para estudiar las demandas interpuestas para impedir la inscripción de Sortu, en la que tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía han asegurado que esta formación no ha roto con ETA.

Según fuentes del Supremo, los dieciséis magistrados de la Sala Especial -incluido el presidente del Supremo, Carlos Dívar,- iniciarán sus deliberaciones mañana, en sesiones de mañana y tarde, y previsiblemente darán a conocer su decisión esta misma semana.

La vista comenzó ayer con la declaración de los miembros de la Policía y la Guardia Civil que elaboraron los informes sobre Sortu incorporados a las demandas, quienes afirmaron en que ésta forma parte de la estrategia de ETA y ha continuado hoy con la exposición de las conclusiones por las partes.

El letrado de Sortu ha asegurado que "ya no hay vuelta atrás" en el rechazo del terrorismo por parte de esta formación, incluso si ETA rompe la tregua, y ha recalcado que "Sortu no es pantalla de nada ni de nadie, no se quiere disfrazar".

"No sabemos cuáles son las intenciones de ETA, pero ETA no va a tener presencia (en las instituciones) a través de los parlamentarios o cargos electos de Sortu", ha dicho Iruin, que ha añadido que los estatutos de la formación abertzale establecen "cortafuegos" -como la amenaza de expulsión a quienes apoyen o justifiquen el terrorismo- que lo impedirán.

A su juicio, "no existe riesgo potencial para el sistema democrático" con la legalización de Sortu, que además sería una legalización "vigilada y controlada", con una permanente "fiscalización y observación" por parte de las Fuerzas de Seguridad y de la Fiscalía.

 

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