Ayudas bajo sospecha de amiguismo

EL Gobierno de Patxi López ha concedido las ayudas correspondientes a este año destinadas a "organizaciones y movimientos sociales que desarrollan actividades a favor de la Paz y los Derechos Humanos en Euskadi". El importe total de estas ayudas -655.371 euros- es lo suficientemente importante como para, tratándose de dinero público y de una materia tan sensible como los derechos humanos, sean exigibles para su concesión criterios absolutamente alejados de la discrecionalidad. Sin embargo, un vistazo a la resolución del Departamento de Justicia fechado el 28 de julio ofrece varias sorpresas y, también, motivos suficientes para la sospecha de que, una vez más, el impulso político y la cercanía ideológica hacia algunas de las organizaciones se ha impuesto a la hora de establecer las ayudas. Ya lo advirtió la propia Mendia: "Las prioridades de este Gobierno a la hora de repartir los fondos van a ir en un sentido muy distinto al que se ha seguido hasta ahora". Dicho y hecho. Así, en base a este "sentido muy distinto" en los criterios, el Ejecutivo de López ha vuelto a jugar a la contra con el objetivo de deshacer lo que hasta ahora se había venido creando por parte de los gobiernos nacionalistas. Sólo así se entiende que un movimiento social como Lokarri, firmemente comprometido con la paz y los derechos humanos, haya pasado en apenas dos años de obtener cerca de 30.000 euros de ayudas a percibir sólo 4.350 euros, una cantidad equiparable a lo que van a recibir algunos grupos de boy scouts. El desencuentro y las diferencias entre el PSE y el Gobierno vasco y Lokarri son públicos y notorios. Pero estas discrepancias nunca pueden ser motivo de discriminación. Sin embargo, todo apunta a una especie de criterio de castigo hacia Lokarri, que ya fue excluido hace dos meses del consejo de víctimas. Una de las claves la dio el consejero de Interior, Rodolfo Ares, cuando aclaró que su gobierno no considera a Lokarri como una organización destinada únicamente a conseguir la paz. Tampoco lo es, por ejemplo, Covite, la asociación de víctimas del terrorismo que, según la misma resolución hecha pública, percibirá casi 18.000 euros por actividades no estrictamente relacionas con la paz y los derechos humanos, como los 6.000 euros destinados a la traducción de su página web a inglés, francés y euskera. La sospecha de amiguismo pende sobre estas ayudas.